El Gobierno colecciona en los últimos días algunas satisfacciones a costa de una oposición entre ridícula e intolerante. La campaña contra los indultos es un ejemplo. También el anuncio de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de que España recibirá la primera entrega de los 70.000 millones de euros de ayuda post pandemia, tras valorar el plan de inversión como muy bueno. Por no citar las nuevas revelaciones, al menos una por día, del caso Kitchen y de la Gürtel, que sonrojan a todos menos a Pablo Casado.

Pero estos traspiés del PP no deben hacer olvidar a Pedro Sánchez y sus ministras y ministros que lo que la gente espera no es eso, o al menos no es solo eso. El lunes 14 de junio un hombre de 58 años se suicidó, arrojándose desde el balcón de su casa en Barcelona cuando iba a ser desahuciado. Estaba en paro, carecía de ayuda alguna y el juez ordenó echarlo de su vivienda desoyendo el informe de los servicios sociales del ayuntamiento, que constataban su situación de vulnerabilidad. El 19 de junio, otro ciudadano de 48 años se ahorcó tras haber sido desahuciado de su vivienda en Fuerteventura. 

También en estos días se ha producido un fenómeno social nuevo e inesperado: la carrera por poner la lavadora, usar el horno y planchar de madrugada para sortear en lo posible el encarecimiento de la electricidad. En mayo, la luz costaba un 36 por ciento más que hace un año; y en junio se sabe ya que la subida será mayor. 

La vivienda y la electricidad son derechos básicos y servicios públicos de los que nadie puede prescindir para vivir dignamente. Pero su acceso universal sigue incumpliéndose, sin que el Gobierno de coalición se decida a actuar con la contundencia y el coraje necesarios. Más bien parece que busca una solución que no moleste a los grandes beneficiados de tales injusticias, es decir las compañías eléctricas y los fondos, bancos, empresas y ciudadanos propietarios de las viviendas en alquiler. 

Las afrentas al derecho a una vivienda digna –consideradas un agravante en el Código Penal– son especialmente graves, porque las actuaciones a las que se comprometió el Gobierno siguen sin salir adelante, dado el empeño del ministro de Fomento y número tres del PSOE, José Luis Ábalos, en incumplir el acuerdo con Unidas Podemos para poner techo a las subidas abusivas del alquiler. A cambio, el ministro ha propuesto dar ayudas fiscales a los propietarios que bajen los precios, olvidando que la primera obligación de un Gobierno progresista es defender el interés general y proteger a la ciudadanía de los abusos, no complacer en exclusiva a los poderosos. Para negarse a intervenir el mercado del alquiler, Ábalos utiliza argumentos tramposos: que la vivienda es un bien de mercado, que los caseros no reformarán los pisos, que disminuiría el número de casas para alquilar. Quizá el ministro ignore que muchísimos jóvenes se ven obligados a pagar 500 euros en Madrid o Barcelona por una habitación en un piso compartido. Precisamente en un país que en muy poco tiempo casi ha duplicado el volumen de casas alquiladas. Y para ello no se ha hecho nada. Ha sido por pura necesidad.

Con la crisis de 2008, fueron expulsadas de sus casas 170.000 familias por no poder pagar la hipoteca. En el Boletín sobre Vivienda Social 2020 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se ve cómo desde 2008 la construcción de vivienda de protección oficial (VPO) cae, y desde 2013 el porcentaje sobre el total de viviendas se desploma. Muchos desposeídos recurrieron al alquiler, y los precios se dispararon por la escasez de VPO, el exceso de demanda y la burbuja de las viviendas turísticas. Desde 2014, los precios de los alquileres en Madrid y Barcelona han subido un 30 por ciento. En el momento de declararse la pandemia, casi la mitad de los inquilinos de ambas ciudades debían destinar más del 40 por ciento de sus ingresos para pagar su techo. Ese 40% es el umbral que fija la Unión Europea para determinar que un hogar tiene una sobrecarga inasumible en sus gastos de vivienda.

Este cóctel explosivo ha llevado a que 175.000 inquilinos hayan sido desahuciados, mientras se recrudece la persecución contra los colectivos antidesahucios aplicando la –todavía tristemente vigente– Ley Mordaza. Solo las medidas que impedían los lanzamientos durante la pandemia frenaron las expulsiones. La persona que se quitó la vida en Barcelona no tuvo esa suerte, pese a presentar en el juzgado el aval de los servicios sociales. Y el Gobierno, que acumula ya cuatro meses de retraso en aprobar la prometida ley, responde a ese drama intolerable culpando al juez y recurriendo al Constitucional la regulación de alquileres aprobada en Cataluña.

El caso de la subida indecente de los precios de la electricidad puede explicarse por factores como el incremento del precio del petróleo, que es la referencia que más condiciona la factura, y por la aplicación de un nuevo sistema tarifario en función de las horas. Bueno o malo, ese sistema debería ser neutro para la ciudadanía. El caso es que los tramos horarios más utilizados por necesidad sufren una subida del 90 por ciento, mientras los menos empleados, de madrugada, por ejemplo, son mucho más baratos. El Gobierno en este caso sí ha respondido: obtendrá unos 2.000 millones de euros de las eléctricas por beneficios no justificados y por parte de lo que ingresan por el CO2 que no emiten a la atmósfera. Con ello aliviará algo el coste de la luz para los usuarios. También pretende eliminar el impuesto sobre la generación eléctrica, como ya hizo otra vez.

Pero todo esto no dejan de ser parches. El sistema eléctrico español, como el de otros países, está basado en un formidable engaño: tres compañías se reparten el oligopolio, pero se hace la ficción de que hay libre competencia. Se acordó dividir las áreas de generación y distribución de cada compañía para completar la ficción. Así cada una va a las subastas a vender su electricidad a sí misma si quiere. Un cartel, y un simulacro, que deberían avergonzar al Gobierno, que otorga apariencia de mercado a lo que para los ciudadanos y las empresas es el consumo de una necesidad básica. Como dijo El Roto, en el negocio de las eléctricas todo es oscuridad. Además de extractivismo y saqueos en los territorios del Sur Global, y luminosas puertas giratorias, cabría añadir.

Es bien sabido que tanto las eléctricas como los bancos y fondos buitre que dominan el mercado del alquiler –Blackstone, Cerberus y Lone Star compraron más de 400.000 viviendas a la banca durante el rescate financiero– ejercen enormes presiones sobre las autoridades políticas, los medios de comunicación y quien se les ponga por delante. Pero el Gobierno más progresista de la historia debería saber que sus votantes no le perdonarán que, en tiempos de pandemia y hambre, todavía haya gente expuesta a quedarse sin un techo digno o a tener que lavar y planchar de madrugada. Si el Ejecutivo no muestra un mínimo coraje político y no cumple sus propias promesas electorales, ¿cómo diablos esperan que la gente vuelva a votarles?