El fútbol femenino español se las prometía muy felices cuando el 25 de septiembre de 2020, la entonces secretaria de estado para el Deporte, Irene Lozano, anunciaba la voluntad del Gobierno de convertir en profesional la liga a partir de esta temporada, la 21-22. Un deseo que justificó “porque nuestras mujeres futbolistas lo merecen, la sociedad lo demanda y el ejecutivo tiene un compromiso firme”. Parecía el paso lógico después de que pocos meses antes se hubiera firmado un deseado convenio colectivo que daba derechos y seguridad a las jugadoras. Sin embargo, un año después, el campeonato ha empezado sin que se haya constituido la liga profesional, sin que ni siquiera se hayan aprobado los estatutos del nuevo organismo, e incluso sin acuerdo para que una televisión retransmita los partidos.  ¿Por qué estamos en esta situación?

Después de aprobar la nueva calificación de la competición el pasado mes de junio, el Consejo Superior de Deportes (CSD) dio un plazo que acababa el 15 de septiembre para que los clubes presentaran los estatutos por los que se debe regir el nuevo ente. La falta de unanimidad entre los 16 que componen la máxima categoría ha provocado que haya dos propuestas: una defendida por 12 equipos, entre los que la mayor parte pertenecen a la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, y otra promovida por Real Madrid, Barcelona y Athletic Club, mientras que el Madrid CFF va por libre. Estos cuatro equipos no están dentro de la Asociación. La diferencia principal entre ellas es que mientras la mayoritaria pretende que las posibles modificaciones que se hagan en el futuro de los estatutos o las decisiones que se tengan que tomar se aprueben por mayoría reforzada (2/3 de los clubes), la que representan los tres clubes restantes recoge que tengan que estar de acuerdo el 90% de ellos, es decir, 14 de 16. Eso, de facto, les daría el control de la liga, ya que tendrían capacidad de decisión en cualquier iniciativa que se formule. Por ejemplo, en el reparto de los ingresos económicos por televisión.

Ante este escenario, el CSD ha decidido otorgar seis meses más de plazo a los clubes para que se pongan de acuerdo, y ha convocado una primera reunión para tratar el tema el 27 de septiembre. Esta posición ha generado polémica, ya que los equipos de la opción mayoritaria consideran que debería haber aprobado la propuesta que defienden. No hay ninguna normativa, ni ley, ni real decreto, que obligue a que haya una unanimidad para que se tengan que aprobar los estatutos. Por ejemplo, para constituir una federación, únicamente se exige que el proyecto de estatutos tenga el respaldo del 50% de los clubes que participen en la competición. La Asociación de Clubes advierte que el planteamiento que ellos proponen está en línea “con la práctica habitual, no solo en el resto de organizaciones deportivas de nuestro país, sino incluso en los propios estatutos de estos tres clubes que no quisieron secundarla”.

Desde el CSD responden, por medio de su director general, Alberto Soler, en una entrevista en El Periódico, que “es cierto que no tenemos obligación legal de que se aprueben por unanimidad. Pero es deseable y de responsabilidad. No podemos empezar una liga profesional en la que al menos sus propietarios no estén de acuerdo en la carta magna, que son sus estatutos. Lo que el CSD no va a permitir es que se reproduzcan los problemas del fútbol masculino en el femenino”. En relación a esta última afirmación, es oportuno mencionar que los tres clubes que han presentado la propuesta minoritaria son los mismos que se oponen en la liga masculina al acuerdo con el fondo CVC que aporta 2.100 millones a los clubes a cambio del 10% de la explotación de los derechos audiovisuales. Hay quien piensa, además, que el CSD no quiere ponerse a malas con clubes tan poderosos e influyentes como Real Madrid o Barcelona.

Mediapro tenía un contrato firmado con 13 clubes por el que pagaba unos 2,5 millones de euros por temporada hasta 2022, pero lo ha rescindido hasta que los equipos lleguen a un acuerdo

Pero lo cierto es que el retraso en constituirse la liga profesional femenina está provocando problemas a clubes y jugadoras que el CSD debería tener muy en cuenta. Para empezar, con un hecho muy relevante: las retransmisiones por televisión de los partidos. La empresa Mediapro tenía un contrato firmado con 13 clubes por el que pagaba unos 2,5 millones de euros por temporada hasta 2022. Un contrato que ha rescindido hasta que los equipos lleguen a un acuerdo, haya una liga profesional constituida, y se pongan de nuevo a la venta los derechos audiovisuales.

Unos derechos que, al estar ya la competición calificada como profesional por parte del CSD, solo puede negociar la futura liga, pero al no estar constituida oficialmente, no se pueden poner a la venta, con el perjuicio que eso supone en la parcela económica para las entidades deportivas, que han dejado de percibir el dinero que recibían hasta ahora y que no saben cuándo van a volver a ingresar algo por ese concepto. La realidad es que actualmente apenas se ven unos pocos partidos por televisión cada jornada, en una situación que fuentes de la Asociación definen como “sálvese quien pueda”, con equipos que retransmiten por sus propias plataformas televisivas y otros que llegan a acuerdos puntuales con autonómicas. A día de hoy, y a pesar de tener al mejor equipo de Europa en el campeonato y jugadoras que hacen de la selección una de las candidatas al triunfo en el próximo Europeo, la liga femenina española es la única entre los principales campeonatos europeos que no tiene vendidos todos sus partidos a alguna televisión.

Una vez que los derechos se puedan vender de forma conjunta y en un concurso público, hay estimaciones de que el valor podría llegar al doble, o incluso más, de la cantidad que percibían hasta ahora los clubes. Un informe elaborado por la FIFA desvela que las ligas que negocian los derechos de transmisión exclusivamente para la competición femenina generan seis veces más que otras ligas que no lo hacen. Teniendo en cuenta que los ingresos audiovisuales son la principal partida con la que cuentan los clubes femeninos para hacer sus presupuestos, se puede entender el perjuicio que se les está ocasionando. Es cierto que la Federación Española de Fútbol, a instancias del CSD, ha ofrecido retransmitir los partidos a través de TVE y la plataforma Footers, haciéndose cargo de los gastos de realización, pero sin recibir ninguna contraprestación económica a cambio, lo que supondría retroceder varios años. Los clubes no parecen estar por la labor de aceptar esa opción, porque devaluaría el producto.

Mientras siga sin constituirse la liga, los clubes tampoco pueden negociar con otras empresas interesadas en invertir en el fútbol femenino. Ni recibir los 31 millones que el CSD se ha comprometido a invertir durante los próximos tres años para la puesta en marcha de la liga profesional y la mejora en infraestructuras. Es urgente la mejora de varias instalaciones, porque las jugadoras corren riesgos físicos entrenando y jugando en campos que no siempre están en las mejores condiciones. O entrenando en césped artificial y jugando en natural. El año pasado hubo una lesión de cruzado en el 75% de las jornadas. Y esta temporada ya llevamos cuatro (datos de @Zone4Football).

La merma en los ingresos de los clubes puede repercutir directamente en las jugadoras. Veremos si todos los equipos son capaces de hacer frente a sus compromisos salariales sin poder disponer de un dinero con el que contaban en anteriores campañas. Seguramente los más fuertes, algunos de los que están respaldados por entidades masculinas, no tengan problema, pero hay otros, como el Granadilla o el Sporting de Huelva, que no están en esa situación. Por si acaso, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ya ha advertido que “si los plazos para buscar una solución se dilataran más allá de octubre, este sindicato y las jugadoras defenderán su liga con aquellas medidas que en derecho les correspondan”. No olvidemos que las futbolistas ya fueron a la huelga en octubre de 2019 como medida de fuerza ante el bloqueo que existía para sacar adelante el convenio colectivo. La propia Asociación de Clubes reconoce que “este bloqueo”, como define a la situación, pone “en serio peligro todos los avances conseguidos hasta la fecha, incluido el convenio”. El dinero que en los tres últimos años ha proporcionado la televisión ha sido el que ha permitido mejorar las condiciones de las futbolistas. Si ahora no llega, ¿de dónde lo van a sacar los equipos?

Es evidente que la patata caliente la tiene el Consejo Superior de Deportes que preside José Miguel Franco. Parece loable su intento de buscar unanimidad en las posturas, pero ¿qué pasará si ninguna de las dos partes, ahora muy alejadas, cede? ¿Se decantará por una de ellas o seguirá dilatando el proceso con el perjuicio y las consecuencias negativas que eso supondría para las partes interesadas? Todo lo que no sea impulsar la puesta en marcha de la liga profesional a la mayor brevedad será fallar al fútbol femenino español.