Nunca es buena noticia para el Estado de derecho que los jueces estén en primera línea del debate político. El poder judicial, como cláusula de cierre del sistema, debe ser un poder neutro, que se limite a aplicar la ley con absoluta imparcialidad y sin obedecer instrucciones de nadie. Esa tarea debe realizarse en la tranquilidad de las salas de vistas y el silencio de las sentencias, lejos del debate público. Si nuestro poder judicial está en el centro del debate político estos días es por dos razones relacionadas: por las dudas sobre su imparcialidad y por el veto de la derecha a la renovación del gobierno de los jueces, exigida por la Constitución y la ley.

Respecto a las dudas sobre la imparcialidad judicial, no hay ninguna campaña orquestada. Si todos los indicadores muestran una creciente desconfianza hacia los magistrados que ocupan los más altos tribunales, se debe esencialmente a sus propios errores. El problema no afecta por igual a los más de 5.000 jueces que hay en España, es especialmente visible en la cúpula del sistema.

Con el enjuiciamiento de los líderes políticos catalanes se inició una deriva peligrosa. La cúpula de nuestra judicatura parece haberse erigido en salvadores de la patria, por encima de la ley. Las condenas a los líderes independentistas, basadas en una interpretación creativa del código penal y en la aparente vulneración de diversos derechos fundamentales, fueron sólo el preludio de una serie de decisiones cada vez más ideologizadas y alejadas de la letra de la ley. Las condenas a tuiteros que se ríen de la Corona, a feministas que critican a la religión católica o a activistas que discuten la bandera o los toros se juntan con decisiones que amparan el xenófobo discurso de odio de Vox o reivindican la memoria fascista.

A ello se suma la actitud pública de muchos jueces, convertidos a través de las redes sociales en matones derechistas de la peor calaña, dedicados al insulto fácil a todo lo que suene a progresismo, sin el mínimo respeto a los demás y a su propia profesión.

No es casualidad que, al mismo tiempo, el Partido Popular se niegue a renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato caducó hace ya casi tres años. La renovación conforme a la Constitución y la ley acabaría con el dominio casi total que ha tenido la derecha en ese órgano durante tanto tiempo.

En un alarde de desprecio a la Constitución, inédito en los países de nuestro entorno, las propias asociaciones de jueces mayoritarias –todas ellas conservadoras– exigen que no se renueve el órgano y que no se aplique la Constitución, con la pésima excusa de que antes debe cambiarse el sistema de nombramiento, porque el actual implica la politización del poder judicial. En una ridícula pirueta defienden la justicia de Schrödinger: según dicen el sistema actual politiza la justicia, pero a la vez la justicia no está politizada.

El quid de la cuestión no es el gobierno de los jueces sino la facultad del CGPJ de nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo. Las asociaciones judiciales no reivindican una razonable autoorganización judicial en materias internas de su carrera, sino que esperan poder elegir discrecionalmente –tal y como hasta ahora hacía el Partido Popular– a nuestros más altos magistrados en un reparto plagado de favores y lealtades.

Urgen, pues, dos reformas legislativas. La primera es quitarle al CGPJ la facultad de elegir a los jueces del Tribunal Supremo. La segunda, establecer la elección por los propios jueces de un Consejo dedicado sólo a gestionar la carrera judicial. La primera desbloqueará la elección del CGPJ: el nombramiento vitalicio de los magistrados del Supremo debe dejar de ser competencia discrecional de ese órgano y atribuirse, siguiendo el modelo europeo, a una Comisión de extracción mixta que aplique criterios objetivos. Cuando ya no haya cargos que repartir, todos perderán el interés en apropiarse del órgano de Gobierno de los jueces, que podrá ser renovado conforme a la ley actual, y no habrá obstáculos en permitir que sus miembros sean mayoritariamente elegidos por los propios jueces, como ellos mismos reclaman.

Para despolitizar la justicia, hay que partir, como en el trabalenguas, de que ahora está politizada. Por eso mismo no se puede ceder al chantaje del Partido Popular, ni al de sus jueces.