Tal vez cegados por nuestro complejo de superioridad nacido del dominio de Europa en ciencia, tecnología, economía y política desde el Renacimiento, nos está costando entender ciertos hechos de la actualidad que anuncian tanto el final de un tiempo como el comienzo de otro. El pasado 20 de agosto, apenas cuatro días después de la toma de Kabul por parte de los talibanes, se produjo un atentado en la ciudad paquistaní de Gwadar contra los ingenieros chinos que trabajan allí y sus familias, con el resultado de dos niños muertos. Estos ciudadanos chinos trabajan en el proyecto CPEC (Corredor Económico China-Pakistán), que se puso en marcha en 2013 y que pretende conectar la región china de Xinjiang, situada en el noroeste del país, con la mitad de su población perteneciente a la etnia uigur, con el suroeste de Pakistán por medio de una extensa red de carreteras, vías ferroviarias y oleoductos. China hace estos movimientos, en gran medida ignorados por la prensa europea y estadounidense, pese a su enorme cuantía económica e importancia geopolítica, no tanto para fortalecer a Pakistán, sino para debilitar la influencia de India en la región, a la vez que se hace con objetivos estratégicos de indudable valor, en este caso el puerto marítimo de Gwadar, que le da una salida directa al Mar Arábigo y al Golfo de Omán. China ya es propietaria del puerto griego de El Pireo a través de su naviera estatal, Cosco (China Ocean Shipping Company), con base en Hong Kong y dueña desde 2016 del 67% de las acciones del principal puerto de Atenas.

Los planes de infraestructuras de China en Afganistán no contemplan conexiones entre ambos países a través del puerto de montaña de Wakhjir, a casi 5.000 metros de altitud y menos de 80 kilómetros de distancia, sino mediante la construcción de un ramal del propio CPEC que va a comunicar Islamabad con Kabul y esta última con Peshawar, a lo que hay que sumar otro ramal hasta Mazari Sharif. Unir Kabul con estas dos ciudades paquistaníes significa romper el aislamiento milenario de Afganistán y sumarlo al proyecto del CPEC, que cuenta con más de 46.000 millones de dólares en diferentes presupuestos. Es bastante razonable que las conexiones por carretera entre ambos países se hagan por las llanuras de Pakistán. Si tienen alguna duda al respecto, les invito a echar un vistazo en Google Earth a la orografía de la zona del paso de Wakhjir entre China y Afganistán.

A través de declaraciones vergonzosas como las que hace unos días hizo Josep Borrell, alto representante para la Política Exterior y la Seguridad Común de la Unión Europea, cuando dijo que a los talibanes “habrá que juzgarles por sus actos y no por sus palabras”, comprendemos el pragmatismo que rige la política en general, y las relaciones internacionales en particular. Es suficiente con una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para que los talibanes pierdan su estatus de terroristas, así de simple. El Consejo tiene cinco miembros permanentes con capacidad de veto: Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y China. La cuestión central es que quienes tienen la obligación moral de defender los derechos humanos en el Consejo, es decir, los países que son democracias consolidadas (Francia, Reino Unido y Estados Unidos) se han desentendido del problema de Afganistán, mientras que Rusia y China tienen una actitud positiva y proactiva hacia los talibanes. Rusia, por motivos históricos, en su papel de opositor contra el poder estadounidense; China, por las razones geopolíticas que hemos comentado. De manera que no es descabellado que un régimen criminal como el que actualmente gobierna Afganistán sea reconocido en poco tiempo en todo el planeta, pese a su vulneración sistemática de los derechos humanos. Y poca autoridad moral tenemos en Occidente cuando no condenamos en absoluto, más allá de algunas declaraciones esporádicas, regímenes tan poco respetuosos con los derechos humanos como los de Catar, Arabia Saudí, Marruecos, Turquía o Guinea Ecuatorial, que son nuestros aliados.

China aspira a conectar Asia con África y Europa a través de redes terrestres y marítimas que involucran a 60 países en el llamado BRI o Nueva Ruta de la Seda, un proyecto a largo plazo presentado en 2013 que aumentará la influencia china en el mundo y que no solo tiene un carácter comercial puesto que, para proteger la ruta marítima entre África y Asia, China estableció en 2017 una base militar en Yibuti con el fin de controlar el estrecho de Bab al Mandeb, que divide ambos continentes. Todos los replanteamientos que el BRI ha tenido desde 2014, incluyendo los causados por la pandemia, han adquirido un carácter más ecológico y sostenible, de manera que antes o después saldrán adelante porque incluso coinciden en sus aspiraciones de sostenibilidad con los de la Agenda 2030 presentada por la ONU. El BRI dispone del increíble presupuesto de 890.000 millones de dólares y está financiado por el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB), creado en 2016 y controlado por China en un 33,41% de su capital y un 28,79% de sus votos, al que hay que sumar un fondo de 40.000 millones de dólares aportados directamente por Pekín. El AIIB compite en la región con el Banco de Desarrollo asiático (ADB), controlado por Estados Unidos y Japón. Detrás de la creación por parte de China del AIIB está su frustración por no tener más peso en instituciones de Bretton Woods como el FMI, cuya cuota de voto fue reformada en 2010 precisamente para otorgar a China mayor poder, pero el cambio solo entró en vigor en 2016 porque el Congreso de Estados Unidos tardó más de 5 años en aprobarlo.