Cada cierto tiempo resurge públicamente el tema de la prostitución siempre asociada en el imaginario a la trata, y no de forma inocente. Las más extremas de las posiciones abolicionistas empiezan a describir terrores sexuales con un lenguaje propio de Torquemada y las políticas y políticos se erigen como salvadores de estas “pobres mujeres”, apostando por nuevas prohibiciones, más policía, más código penal. A menudo, faltan –o son insuficientemente escuchadas– las voces de las prostitutas, de aquellas que efectivamente van a ver alteradas sus vidas por estas nuevas penalizaciones.

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La excusa es decir que son voces “privilegiadas” o que forman parte de ese pequeño tanto por cierto que según estos discursos no se prostituye de manera forzada. Las cifras que se dan por buenas, y muchos medios replican citando fuentes no verificadas, e incluso que han sido impugnadas muchas veces, dicen que un 85 o un 95 % de las mujeres se dedican a la venta de servicios sexuales están atrapadas en redes de trata. Si esto fuese así, si casi cualquier mujer que se dedica al comercio sexual lo hiciese contra su voluntad o en situación de explotación laboral no se entiende por qué las cifras de detección de víctimas son tan irrisorias. Amnistía Internacional ha denunciado que en 2019, a mitad de año, solo 42 mujeres habían sido identificadas formalmente como víctimas de trata, según datos de la Policía, y en 2018 solo 128. En realidad, y aunque es complejo obtener cifras certeras de actividades crimales, informes de la ONU o de la UE dicen que un porcentaje más aproximado estaría alrededor de un 14%/15% de mujeres tratadas respecto de todo el trabajo sexual.

Esta manera de representar a cualquier prostituta como una víctima –o peor, como una voz de la industria sexual– está destinada a negarlas como sujeto político con capacidad de organizarse o sindicalizarse para luchar contra su situación de opresión. Si se les escuchase no se habrían incluido artículos que penalizan la prostitución en la nueva Ley de Libertad sexual que está a punto de ser aprobada. En ella se recogen dos propuestas que suponen volver a códigos penales del pasado: perseguir lo que se conoce como proxenetismo no coactivo –recibir dinero de alguien que se prostituye de manera voluntaria– y castigar a quienes alquilan locales o pisos para ejercer la prostitución, –tercería locativa–, algo que el propio PSOE retiró del Código Penal en 1995. Ambos, dicen las trabajadoras sexuales organizadas, van a complicarles todavía más el acceso a la vivienda –como ha sucedido con políticas similares en Noruega– y van a acabar con muchas más deportadas, multadas o en la cárcel. Las prohibiciones, las trabajadoras sexuales se han cansado de decirlo, les empujan a la clandestinidad, es decir, les restan posibilidad de ejercer de manera autónoma, capacidad de negociación y las hace más vulnerables a la violencia, al abuso de cualquier tipo e incluso a las redes de trata.

La mayoría de los socios de gobierno –Bildu, ERC y PNV– así como Junts, la CUP y el propio En Comú Podem han pedido que se retiren estos artículos de la Ley de Libertad Sexual. Sin embargo, el presidente Sánchez, en su pugna por quedarse la bandera del feminismo acaba de prometer una ley para abolir la prostitución en esta legislatura, aunque para sacar algunas de las medidas que propone, como penalizar al cliente, no cuenta con apoyos claros. Veremos.

Echarle la culpa a las mafias solo sirve para disfrazar la responsabilidad de los gobiernos en el acoso a unas mujeres que la propia frontera hace vulnerables a las redes de trata

De hecho, no hay una mayoría social que apueste por las prohibiciones y la persecución, como indican las encuestas. Para tratar de cambiar esto, ahora mismo se están dedicando millones de euros –que pertenecen a los presupuestos de la lucha contra la trata o contra la violencia machista– a campañas de publicidad destinadas a generar alarma social. La mejor manera de hacerlo es la de confundir trata y prostitución voluntaria, extender el mito del 95%, de manera que estas leyes punitivas puedan venderse como un logro social. Por supuesto para esto hay que acallar a las prostitutas organizadas cuyo discurso no encaja en este marco. Además, una posible consecuencia negativa de este paradigma es que puede que se acaben destinando los escasos recursos existentes para la lucha contra la trata a perseguir “puteros” en vez de a desmantelar mafias y proxenetismo, que es lo más complejo y costoso –y necesario–. También que el escándalo y la indignación alrededor de la prostitución forzada haga olvidar a otras víctimas de trata en otros ámbitos laborales como el trabajo doméstico, o el trabajo esclavo en el campo. 

Sin ley de extranjería no hay tráfico de personas

La mayoría de mujeres que se dedican a la prostitución en nuestro país es extranjera –entre un 75 y un 90 %–. Aunque el imaginario tradicional de la trata es el de una mujer secuestrada, en realidad esos casos son muy poco habituales. La mayoría de las personas que terminan en redes de trata –aunque no todas– estaba tratando de migrar y se ha quedado atrapada en un sistema brutal porque cuando las personas migran sin papeles tienen pocos o ningún derecho. 

El tráfico es un medio que utilizan muchas mujeres para migrar, como se explica en este magnífico reportaje de Patricia Simón en Píkara Magazine, donde se profundiza en cuál es la relación entre frontera y trata. El tráfico es un delito contra el Estado que hace referencia a las redes ilegales que usan los y las migrantes para atravesar fronteras cerradas. Mientras que la trata es un delito contra las personas cuando estas son explotadas: obligadas a trabajar de manera forzada –en el campo, en trabajo doméstico, en talleres…– o a realizar otras actividades contra su voluntad –mendigar, casarse…–. Muchas mujeres que quieren migrar pero no tienen recursos para pagar a las redes de tráfico recurren a un sistema de deuda: se comprometen a trabajar una vez llegadas a Europa para saldar los gastos del viaje. Aquí es cuando el tráfico se convierte en trata. Ese es el primer peldaño de la explotación, porque una vez llegadas –algunas sí saben que se van a dedicar a la prostitución, otras no– se encuentran con condiciones que no tienen nada que ver con lo que imaginaban: deudas que no se pagan nunca porque se van incrementando, violencia o amenazas, ninguna capacidad de decidir cómo se ejerce el trabajo o de negarse a hacer algo, etc. Como no tienen papeles y están amenazadas de deportación tienen muy poca capacidad de salir de esta situación. Evidentemente, que muchas de estas mujeres sepan que vienen a ejercer el trabajo sexual no las hace menos víctimas. Tampoco el hecho de que quisieran cruzar la frontera. Pero si se habla de “secuestro” en vez de migración es más fácil evitar las responsabilidades estatales.

“Buena parte del discurso dominante sobre la trata describe el abuso sobre los migrantes y sobre las personas que venden servicios sexuales como la obra de agentes del mal individuales, ajenos e independientes de las acciones del Estado y de las opciones políticas. A veces este discurso sirve no solamente para ocultar el papel del Estado sino para absolverlo”, dicen Juno Mac y Molly Smith, trabajadoras sexuales y autoras de Putas Insolentes. Las políticas contra la trata con fines de prostitución forzada dan un toque humanitario a los controles migratorios que en vez de ser vistos como lo que son, una máquina de muerte destinada a proteger la frontera cueste lo que cueste, se disfrazan como dispositivos de lucha “contra las mafias”, “contra el tráfico de personas”. Como explica Nandita Sharma, canalizan a la opinión pública hacia la indignación contra los traficantes o tratantes en apoyo de una agenda punitiva de endurecimiento penal y de reforzamiento de los propios controles migratorios.

La policía no es feminista

La lucha contra la trata es política migratoria. Echarle la culpa a las mafias solo sirve para disfrazar la responsabilidad de los gobiernos en el acoso a unas mujeres que la propia frontera hace vulnerables a las redes de trata. Como se señala en el artículo de Simón, es la excusa que usa el Gobierno de Marruecos para desmantelar los campamentos de migrantes en los montes y allanar “las viviendas en las que las redes ocultan a las mujeres, que son detenidas y deportadas en autobuses a la frontera argelina, la más violenta de la ruta”. Así las “rescatan” en Marruecos. En España, las víctimas de trata tampoco reciben siempre un enfoque acorde a los derechos humanos.

Para el Estado, y aunque ahora mismo se las esté instrumentalizando para hacer campaña política, las víctimas de trata son personas “ilegales”, sin papeles. El discurso oficial puede decir que es contra las mafias contra las que se actúa, pero son ellas las que acaban deportadas, en Cíes –incluso encerradas con sus tratantes–, o en prisión. Así lo señala Amnistía Internacional, para la que “las autoridades españolas priorizan el control policial y migratorio por encima de la protección a las víctimas de trata con fines de explotación sexual”. (En ocasiones, cuando sí son identificadas como víctimas, también pueden acabar en centros de atención donde también son sometidas a situaciones de coacción y control de sus movimientos, como han denunciado trabajadoras de APRAMP.) 

La lucha contra la trata es política migratoria. En lugar de disponer mecanismos de ayuda y asistencia lo que se prioriza es el control de la inmigración irregular y el sometimiento a aceptar condiciones de explotación en el ámbito doméstico, agrícola o textil. La verdadera solución a su situación es permitirles migrar legalmente y con derechos, no la criminalización del trabajo sexual. Esta no solo empeora la vida de las prostitutas que ejercen voluntariamente –no coaccionadas más que por la necesidad de obtener dinero para vivir–, sino que dificulta todavía más la identificación de las víctimas de trata. El feminismo abolicionista del PSOE, de Podemos o no partidario debería centrarse en responder a estas preguntas si realmente está preocupado por la trata: ¿van a abrir las fronteras? ¿Van a dejar migrar por vías seguras para que las mujeres no caigan en redes mafiosas? Y como dice Maria José Barrera del Colectivo de Prostitutas de Sevilla, ¿van a dar una alternativa real, no un curro feminizado e hiperexplotado a las miles de mujeres que hoy se prostituyen? ¿Dónde está el presupuesto?

En lugar de disponer mecanismos de ayuda lo que se prioriza es el control de la inmigración irregular y el sometimiento a aceptar condiciones de explotación 

“La industria del sexo es tan sexista como misógina. No decimos que nadie sufra dentro del trabajo sexual o que esos daños sean mínimos y no deban tenerse en cuenta”, dicen Mac y Smith. Pero, señalan, “se gasta mucha energía política en obstruir el trabajo sexual, una energía que no se emplea en lo que realmente es necesario, como ayudar a las trabajadoras sexuales a esquivar las condenas, o asegurar modos de vida alternativos y viables que sean algo más que empleos miserables pero respetables”. El trabajo femenino, sobre todo el que se ejerce sin títulos educativos, en general está precarizado y tiene mayores índices de explotación. Así que aquellas migrantes que optan por el trabajo sexual, porque de esta manera obtienen más recursos y condiciones más aceptables, son criminalizadas y expulsadas, explica la penalista Agustina Iglesias Skulj. Mejor que opten por trabajos de limpieza o de cuidados que se necesitan para que las españolas de clase media puedan participar en el mercado laboral. Las trabajadoras domésticas lo cuentan, si estás paseando un bebé o a un anciano, nunca te piden los papeles. Si estás en una esquina, sí.

Es evidente que si se quiere acabar con la trata –e incluso con la prostitución– se necesitan actuaciones complejas, políticas que combatan las desigualdades de género, políticas económicas, sociales, educativas que den opciones reales a las mujeres. Pero estas actuaciones son mucho más complejas. Es más fácil modificar el Código Penal y prohibir más cosas, no cuesta ni un euro y al fin y al cabo las que sufrirán las consecuencias negativas son pobres, son migrantes o son mujeres trans y están silenciadas. Pero si la industria sexual es evidentemente una institución patriarcal, la policía, también. En realidad, las soluciones posibles tienen que pasar por dar poder a las propias trabajadoras sexuales, no a la policía. Esto pasa por despenalizar la prostitución como estrategia de reducción de daños. Aunque no sea una solución mágica, y se tenga que combinar con muchas otras políticas, de momento sacará a la policía y el sistema penal del cuello de las trabajadoras sexuales y hará que la prostitución sea un trabajo más seguro y con menos violencia, o con más posibilidades de hacerle frente. Como dicen Mac y Smith, “la abolición humana del trabajo sexual solamente puede ocurrir cuando las personas marginadas ya no tengan que mantenerse a sí mismas mediante la industria del sexo; cuando ya no sea necesaria para su supervivencia”. 

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Kenia García es miembro del Colectivo de Prostitutas de Sevilla.