El presidente del Gobierno anunciaba el pasado 18 de octubre que, entre los retos de esta legislatura, está la aprobación de la ley que abolirá la prostitución. Ninguna novedad, es algo que lleva en el programa de Gobierno desde hace dos años, pero ha funcionado como discurso populista que vuelve a marcar la agenda de los debates.

El debate sobre abolición o regulación de la prostitución lleva años polarizado y enquistado dentro del movimiento feminista y de la izquierda en este país. En las organizaciones sociales y sindicales hemos visto estallar este debate, crear cismas y romper espacios y confluencias políticas en los últimos años. En un extremo están aquellas posturas regulacionistas, no todas, que se enuncian desde la máxima neoliberal de la libertad de mercado, donde somos libres de comprarnos y vendernos sin tener en cuenta el marco social de desequilibrio donde se da esta compra y venta. En el otro, están aquellas posturas abolicionistas, no todas, que pretenden acabar con la prostitución borrando la existencia misma de las prostitutas. En mitad de camino, hay propuestas, reflexiones y abordajes movidos por la voluntad de poner fin a tan grave problema social como es la explotación sexual de miles de mujeres y jóvenes. 

Mi reflexión la situaré dentro de las posturas abolicionistas que proponen reconocer mayores derechos a las prostitutas como forma de erradicación del problema.

El punitivismo es la falsa creencia de que los problemas sociales se solucionan con más castigo. Nunca funciona

Si la voluntad de este Gobierno es acabar con esta explotación sexual y abolirla definitivamente, tiene que saber que su principal tarea es garantizar derechos y renta a las personas que se ven abocadas a la prostitución. Sin duda, la derogación de la ley de extranjería y la aprobación de una renta básica universal debe estar entre las primeras tareas de una agenda abolicionista.

No existen datos oficiales, pero, según diversas estimaciones, la política de extranjería de este país está condenando en este momento a entre 600.000 y 800.000 personas a la clandestinidad al negarles permisos de residencia y trabajo, los famosos “papeles”. Eso significa que estas personas no pueden trabajar con un contrato de trabajo ni un alta en la Seguridad Social. Sus posibilidades en la elección de un trabajo son, por tanto, mínimas y se ven obligadas a escoger los trabajos con menor reconocimiento social y salarial. Si las mujeres ya jugamos de por sí en desventaja en el acceso al empleo, cuando eres una mujer migrante “sin papeles” aún es más difícil. Con esta estrechez de margen, para algunas mujeres en esta situación la prostitución se convierte en la única posibilidad de obtención de renta. Los y las menores extranjeros extutelados, a quienes hasta ahora la ley no les concedía el permiso de trabajo cuando cumplen la mayoría de edad, engrosan también estos grupos de personas en riesgo de verse abocadas a la prostitución. 

Para obtener la residencia y el permiso de trabajo, la ley exige demostrar tres años de permanencia en el Estado español y tener un contrato de trabajo de un año. Requisitos ambos muy difíciles de cumplir, sobre todo un contrato de un año, algo de difícil obtención para todas. Conseguir un empadronamiento o un contrato de trabajo se hace vital para poder obtener los “papeles” que permitirá un trabajo con derechos. Quienes conocemos de cerca esta situación hemos visto a mujeres prostituirse por los 500 euros que cuesta un empadronamiento o por los 3.000 euros a los que se vende un contrato de trabajo en esos mercados que no se ven. Situaciones todas estas evitables si la ley de extranjería concediera los permisos de residencia y trabajo a todas la personas que se encuentren en este país realizando una actividad –cuidando, en el campo, en el top manta o en las bicis de reparto, por ejemplo– sin exigir más requisitos.

Pero no solo las personas migrantes pueden verse abocadas a la prostitución como única forma de obtener una renta, las personas autóctonas pobres también. Este verano 4,5 millones de personas, autóctonas y migrantes, vivían en una situación de pobreza severa en el Estado. Esto significa no poder acceder a una vivienda digna, a la canasta básica de alimentos o a los suministros como la luz y el agua. Combatir esta pobreza extrema es el primer paso para erradicar la prostitución. Estas son situaciones evitables si estuviera garantizada una renta básica a toda persona por el hecho de estar viva, estén o no trabajando. Si el sistema no garantiza trabajo para todas las personas, sí debe garantizar ingresos.  Si no, toda forma de obtención de renta tiene cabida para la supervivencia, también la prostitución.

Por eso el punto primero en una agenda abolicionista, por encima de cualquier otro, debe ser garantizar el estatus de ciudadanía y la renta a todas las personas. Lamentablemente esto no suele abordarse porque ello supone desafiar, en parte, las sacrosantas reglas del neoliberalismo. Entonces queda el remedio fácil, el castigo: perseguir y multar al putero como forma de abolir la prostitución. Más allá del reproche moral que pueden causar aquellos que consumen prostitución, y que comparto, esta no es la solución al problema. Al menos, desde luego, no es la primera solución que debe aparecer en una agenda abolicionista. Ni siquiera es simultánea. Mientras todas las personas que están en riesgo de prostitución no tengan garantizada la renta para la obtención de los bienes básicos para la vida no debería implementarse ninguna medida de persecución al putero, por más que nos repugnen. Hablo aquí de los consumidores de prostitución, y no de la trata con fines de explotación sexual o del proxenetismo, cuestión que me merece otra opinión que excede de este artículo. 

Hay que salir de las consignas y ser consciente de la dura realidad material de las personas que se ven abocadas a la prostitución. La persecución al putero supondría más clandestinidad y mayores dificultades para quien se prostituye, los empadronamientos y los contratos de trabajo a cambio de sexo saldrían más caros. Esta es una realidad horrible y tenemos que salir cuanto antes de ella, por eso es urgente la regularización de las personas migrantes y las rentas básicas garantizadas. 

El punitivismo es la falsa creencia de que los problemas sociales se solucionan con más castigo. Nunca funciona. Imaginemos que mañana pusiéramos multas y penas tan altas que todos los puteros se disuadieran de consumir prostitución,  las prostitutas que siguieran sin tener garantizada la subsistencia tendrían que buscar la manera de subsistir y se verían abocadas a otras violencias aun mayores que no soy capaz ni de escribir aquí.  

Si la persecución a los puteros no soluciona el problema sin antes abordar las realidades materiales, mucho menos lo soluciona la persecución a las mujeres y jóvenes que ejercen la prostitución. Lamentablemente muchas ordenanzas municipales en los últimos años han ido encaminadas a perseguir el ejercicio de la prostitución en la vía pública en aras de garantizar la “seguridad ciudadana”. Cualquier postura que tenga vocación de erradicar verdaderamente la explotación sexual debe alejarse rápido de estas soluciones que no borran el problema, si no que borran a quienes lo padecen.

Abolir la prostitución nos obliga a empezar por lo primero y no por lo fácil.