A comienzos de 2020 el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, expresó con nitidez el proyecto socioeconómico del Partido Popular en su región: “Por supuesto que hay desigualdad, pero lo primero contra lo que hay que luchar es contra la pobreza. La desigualdad es inherente a las sociedades que progresan”. En efecto, la economía madrileña despunta por encima de la del resto de regiones españolas si atendemos a sus cifras de PIB per cápita. Desde el comienzo de este siglo, la Comunidad de Madrid ha alcanzado siempre el valor más alto en este indicador entre todas las regiones españolas. En 2020, el valor del PIB per cápita madrileño superaba en un 35,3% a la media española.

Madrid no alcanza el poder de Nueva York o Londres, pero se encuentra en el tercer escalón, como resultado de su concentración de empresas multinacionales 

Esta posición de privilegio es característica de las conocidas como ciudades globales, las cuales concentran las funciones de mando en una economía cada vez más globalizada, según la definición de la socióloga Saskia Sassen. Esta autora plantea que estas ciudades son cada vez más desiguales. Por un lado, reúnen los empleos mejor remunerados, desempeñados por profesionales y directivos atraídos por las grandes corporaciones ubicadas en estas urbes. Por el otro lado, este colectivo demanda una serie de servicios personales (de cuidado, seguridad, limpieza, etc.) que ocupan a una fuerza de trabajo muy precarizada, y, con frecuencia, migrante. Finalmente, la misma globalización que concentra las funciones de mando permite deslocalizar las actividades industriales. Como resultado, los polos de la estructura sociolaboral crecen a expensas del empleo industrial, que tradicionalmente ha estado protegido en las economías centrales por fuertes regulaciones laborales y una intensa actividad sindical.

En la liga de las ciudades globales, Madrid no alcanza el poder de Nueva York, Londres o Tokio, pero se encuentra en el tercer escalón, la medalla de bronce en globalización, como resultado de su concentración de empresas multinacionales con un control relevante de la economía latinoamericana. Al respecto, basta con señalar dos casos paradigmáticos: la ciudad (distrito) de Telefónica, en el barrio de Las Tablas, y la ciudad financiera del Banco Santander, en el municipio de Boadilla del Monte. En ambos casos, al ejército de profesionales y directivos altamente remunerados le acompaña un contingente de trabajadores con condiciones salariales y contractuales muy precarizadas. El resultado es una intensa actividad económica cuyas rentas salariales se encuentran muy desigualmente distribuidas. 

El Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Madrid de 2019 reveló que en esta región la desigualdad entre el 20% más rico y el más pobre es la mayor de España. A esto contribuyó que entre 2008 y 2017, el primer grupo aumentara su renta media en un 3,6% mientras el segundo la reducía en un 29,6%. En ninguna otra comunidad autónoma se registró un deterioro tan intenso entre la población con menos rentas, ni una variación tan desigual entre los extremos. Durante el mismo período, el coeficiente de Gini (medida estándar de la desigualdad de ingresos) ha aumentado en 3,2 puntos en Madrid, más del doble que en el conjunto de España, donde creció 1,4 puntos. Como consecuencia, Madrid ha pasado de ser inferior a dicho coeficiente en España en 2008 (-0,5 puntos) a estar notablemente por encima del mismo en 2017 (+1,0 puntos).

El neoliberalismo es un proyecto de clase que ha restaurado el poder que las élites habían visto peligrar durante las décadas posteriores a la segunda guerra mundial

Esta desigualdad no es un fenómeno natural, sino que tiene una serie de causas económicas y políticas implementadas por el proyecto neoliberal. Como explica David Harvey, el neoliberalismo es un proyecto de clase que ha restaurado el poder que las clases altas habían visto peligrar durante las décadas posteriores a la segunda guerra mundial. Para ello, el proyecto neoliberal ha implementado un programa de desinversión en los servicios públicos redistributivos que ha perseguido convertir al mercado en la institución principal de regulación social. En este contexto, los diferentes gobiernos han competido por reducir los impuestos a las rentas y patrimonio más altos. Por ejemplo, Madrid no grava el patrimonio, entre otras medidas fiscales regresivas (en el IRPF o los impuestos de sucesiones y donaciones) que han facilitado la llegada cada vez mayor de personas con altos recursos a su territorio. No es de extrañar que la Comunidad de Madrid concentre una gran cantidad de personas con altos ingresos. Así, tres de cada diez personas residentes en su territorio se encuentran entre el 20% de personas con más ingresos de España. De la misma manera, la intensa actividad económica en Madrid contrasta con (y contribuye a) la realidad de buena parte de la España vaciada, lo cual explica que la población en riesgo de pobreza sea inferior a la media nacional (un 15,4% madrileño frente al 21,0% español). No obstante, dicho valor es notablemente superior al de otras comunidades autónomas con menor PIB per cápita como, por ejemplo, Navarra o el País Vasco (9,9% y 10,0%, respectivamente).

Superado un umbral mínimo de desarrollo económico, las sociedades con mayores problemas sociales y de salud son aquellas con mayor desigualdad

En este marco, el gobierno ininterrumpido del Partido Popular desde 1995 ha convertido a Madrid en el principal laboratorio neoliberal de España. Para ello, una estrategia se ha repetido en todos los ámbitos: la segregación de la sociedad madrileña en espacios sociales escindidos. De este modo, los espacios y servicios privados han crecido a la par que se han reducido y descuidado los de carácter público, dado que las rebajas fiscales para las rentas y patrimonios más altos han sido paralelas a una notable contención del gasto público. Esta dinámica es clara en tres ámbitos fundamentales: la sanidad, la educación y la vivienda. En relación con la primera, la Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte en sanidad pública y donde un mayor porcentaje de población tiene seguro privado (36,7%, frente al 23.4% de media nacional). Una consecuencia de este modelo es que en la ciudad de Madrid la esperanza de vida oscilara en 2018 entre los 78,4 años de los residentes en el barrio de Amposta y los 88,7 en El Goloso. En el ámbito educativo, la promoción de la educación concertada y privada ha colocado a Madrid como una de las sociedades europeas que más segrega a sus escolares en centros diferentes según su condición socioeconómica. Finalmente, en el ámbito residencial, Madrid también es una de las áreas metropolitanas con mayor segregación residencial de Europa. Esto significa que las diferentes clases sociales residen en barrios diferentes, de modo que apenas tienen lugares de encuentro cotidiano, al tiempo que los costes de hacinamiento, tiempo de desplazamiento hasta el trabajo o inaccesibilidad de las viviendas se concentran entre los hogares más pobres.

Madrid es, por tanto, una sociedad dividida entre una élite atraída por sus bajos impuestos y su concentración de oportunidades económicas, por un lado, y una mayoría social que compite por participar de tales oportunidades mientras padece precariedades cotidianas en desigual medida: desde la frustración de los profesionales sobrecualificados hasta el drama de los hogares desahuciados. En este escenario, la apuesta neoliberal ha encontrado su legitimación en el discurso hegemónico de la libertad y la meritocracia, bajo el cual se ocultan las relaciones de clase que favorece: la desprotección social en un espacio de competición sin tregua en el que unos y otras cuentan con recursos de partida muy desiguales. Hace ya muchos años que José Luis Sampedro se preguntó qué libertad tiene quien entra en un mercado sin dinero.

Las consecuencias de este modelo son conocidas. Wilkinson y Pickett han revelado el daño social que genera la desigualdad. Superado un umbral mínimo de desarrollo económico, las sociedades con mayores problemas sociales y de salud (tanto física como mental) son aquellas con mayor desigualdad. Un factor recurrente a todos estos daños es la ansiedad de los habitantes de estas sociedades, tanto entre quienes más tienen como entre quienes menos, puesto tanto unos como otros tienen un sentimiento agudo de temor a perder su posición social, por precaria que esta sea. El vínculo social se resiente en estos contextos. En las sociedades desiguales y segregadas, el extrañamiento, la ansiedad y el individualismo conducen a ese tipo de miedo que lleva a gritar sálvese quien pueda.

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Daniel Sorando es sociólogo, profesor Ayudante Doctor en la Universidad de Zaragoza. Este artículo se publicó originalmente en catalán en la Revista Treball.