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En 2006, Esperanza Aguirre declaró de interés general un campo de prácticas de golf en la cubierta de los depósitos del Canal de Isabel II en Chamberí. Esa declaración se promulgó en un intento del gobierno regional por regularizar la modificación sin licencia del proyecto original, de un parque de cinco hectáreas, que en Chamberí era muy esperado, ya que es el distrito de la capital con menos zonas verdes (0,7 m2 para cada uno de sus 137.000 habitantes).
Este caso, lejos de ser una anécdota, cabe verlo como el ejemplo extremo de las políticas urbanas neoliberales aplicadas en Madrid bajo los diversos gobiernos de la derecha, desde 1991 en el Ayuntamiento y 1995 en la Comunidad, con el único lapso de la alcaldía de Manuela Carmena (2015-2019). Proyectos como este, netamente elitistas, no han conseguido mermar el apoyo electoral de las clases populares, únicamente fragmentarlo entre los distintos partidos del bloque. Tal es la hegemonía alcanzada, que ha ido virando de las posiciones más tradicionalmente conservadoras de Manzano y Gallardón hasta las netamente ultraliberales de Aguirre y sus herederos políticos, Ayuso y Almeida, quienes fueran su responsable de comunicación y secretario del consejo de gobierno, respectivamente.
Así, Madrid se ha convertido en el laboratorio de las políticas urbanas del partido a nivel nacional, por acción o por omisión. El Plan General de 1997 precedió en un año a la Ley del Suelo estatal de 1998 en su dogma del “todo urbanizable”; se ha convertido en la región más desregulada fiscalmente, eliminando de facto los impuestos de donaciones, sucesiones y de patrimonio; y también en la primera área urbana de Europa por kilómetros de autopista, con un gran impacto en la movilidad, que ha pasado, según la Encuesta Domiciliaria de Movilidad, de dividirse prácticamente al 50% entre transporte público y privado en 2004 a que este último suponga el 60% en 2018 (la encuesta se realizó con seis años de retraso con respecto al periodo ordinario de ocho, sin datos intermedios).
Este “apagón informativo” es también característico de una forma de “no hacer”: sin planeamiento regional de ninguna escala, ni siquiera una definición de un Área Metropolitana sobre la que articular medidas para las zonas más densamente pobladas, desde la plena entrada en vigor de la Ley del Suelo regional en 2001 solo una decena de municipios (de 192) han renovado su Plan General (a pesar de la obligatoriedad de hacerlo) en veinte años de vigencia, lo que ha hecho que el modus operandi sea el de un largo rosario de modificaciones puntuales, como de hecho le ocurrió a la propia Ley, enmendada así cada año a través de la Ley de Medidas Urgentes y presupuestarias. Es una de las pocas autonomías que no cuenta con una ley de vivienda o siquiera de un observatorio que proporcione datos oficiales de calidad del mercado inmobiliario. Y así, podríamos continuar con un largo etcétera. De hecho, en la corta XI legislatura, de 2019 hasta la convocatoria adelantada de elecciones de mayo de 2021, apenas se legisló: se aprobaron cuatro leyes, tres para universidades privadas y la nueva Ley del Suelo, recurrida al Constitucional por su dudosa tramitación en lectura única y aprobación sin quórum, y no se aprobaron presupuestos (se sigue funcionando con los de 2018 prorrogados).
Además de hacer y no hacer, los gobiernos de la derecha se han caracterizado por deshacer lo poco que se había podido avanzar, en este caso con el retorno al gobierno municipal de PP y Ciudadanos sostenido por Vox. Valga para ilustrar sus actuaciones a lo largo del tiempo en materia de movilidad sostenible, una de las políticas más “blancas” y que suscitan mayor consenso en el resto del continente. El Ayuntamiento actual ha desmontado Madrid Central, el Área de Bajas Emisiones, que fue la principal bandera de la corporación Carmena en el ámbito de la movilidad y el medio ambiente. Antes, el Gobierno de Ana Botella se había limitado a mover de lugar los medidores, ante la amenaza de sanción por parte de Europa. Ahora, Madrid Central ha sido sustituido por un Madrid 360 de mínimos que apenas sirve para evitar las multas europeas, convirtiéndose en la primera ciudad que rebaja las restricciones de un Área de Bajas Emisiones. Esta no ha sido una actuación puntual, ha ido acompañada de la insólita eliminación de carriles bici segregados y de actuaciones de urbanismo táctico como Despacio Galileo. Lejos no ya del ejemplo pionero de Ámsterdam, sino del de prácticamente cualquier ciudad europea, desde una Copenhague en la que el 60% de los viajes se hacen en bicicleta, la Barcelona de las superilles, una Milán del programa de espacios de tráfico calmado Piazze Aperte, o del París que ha aprovechado la pandemia para darle la vuelta a la movilidad de la ciudad. Madrid, en este aspecto, es más extrema que Londres, la más neoliberal de las ciudades europeas, donde el mismísimo Boris Johnson, cuando era alcalde, se desplazaba en bici y promovió autovías ciclistas, y mantuvo la Congestion Charge que limitaba el tráfico privado en el centro londinense.
Madrid, en materia de movilidad, es más extrema que Londres, la más neoliberal de las ciudades europeas
Parece que ninguna crisis global, ni la pandemia ni el cambio climático, puede apartar a los gobiernos neoliberales de Madrid de su proyecto, que más que de ciudad lo es de un paisaje de condominios y calles sobredimensionadas para el vehículo privado, una utopía pseudo suburbana para clases medias, esa “España de las piscinas” como Jorge Dioni ha caracterizado a los PAUs de la corona metropolitana de una región urbana cada vez más desigual (según Sorando y Leal, en 2015 ya nos encontrábamos entre las tres más segregadas del continente).
Podríamos seguir con un largo etcétera. Y lo haremos. Este artículo es el primero de una serie en la que un grupo de expertos (geógrafos, economistas, sociólogos, médicos, ingenieros, arquitectos) iremos desgranando todas esas políticas desplegadas con un impacto en el territorio y, por supuesto, también con correlato en la sociedad. Más allá de la habitual avalancha de noticias sobre Madrid que inundan los medios para hartazgo del resto de España, se trata de articular un relato largo, en torno a tres ejes: gobernanza y sociedad, en el que abordaremos desde la planificación regional o las políticas de vivienda sus efectos en la desigualdad a nivel macro y en las comunidades a nivel micro; medio ambiente, donde trataremos desde el cambio climático a otros aspectos menos discutidos , como las políticas hídricas, de residuos o el impacto en la salud; y por último, economía, abordando específicamente la dimensión territorial de las distintas actividades económicas (oficinas, industria, turismo), así como la fiscalidad que lo propicia. Se trata de desvelar las claves y los efectos de este modelo, envuelto en la bandera de “la libertad”, más allá de la óptica individual, intereses cortoplacistas, y urgencias electorales.
Y por supuesto, esta serie también aspira a señalar alternativas y mecanismos de resistencia, a apuntar horizontes de esperanza. La pionera neoliberal, Margaret Thatcher, espejo en el que se miran las lideresas madrileñas y a la que honraron con una plaza junto a la de Colón (el epicentro de las manifestaciones de la derecha en la capital), popularizó el lema TINA, “There Is No Alternative”. Quizá haya sido uno de sus mayores logros propagandísticos, porque consiguió instalarse en el imaginario de amplias capas sociales la inevitabilidad de procesos que aparecen como naturales, cuando están claramente mediados por las políticas que se aplican. Claro que existe alternativa, o alternativas. Volviendo al inicio de nuestro relato, el campo de golf “de interés general” de Chamberí, tras un largo periplo de manifestaciones y batallas judiciales que llegaron al TSJM y al Supremo, sostenidas con crowdfunding, se desmontó en 2019. Se ha anunciado que en breve comenzarán las obras del parque, en cuyo diseño han participado también los vecinos, no sin pelea. Lo cuenta el documental De interés general, de Miguel Ángel Sánchez, también financiado por Goteo.org. Es la historia de una victoria, resultado de una larga batalla. Véanlo. Porque como dice una de las protagonistas, “a veces, también se gana”.
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Este artículo se publica conjuntamente con la Revista Treball.
En 2006, Esperanza Aguirre declaró de interés general un campo de prácticas de golf en la cubierta de los depósitos del Canal de Isabel II en Chamberí. Esa declaración se promulgó en un intento del gobierno regional por regularizar la modificación sin licencia del proyecto original, de un parque de cinco...
Autora >
Álvaro Ardura
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