Lo sucedido en el Ayuntamiento de Lorca cuando se debatía una propuesta de modificación del Plan General de Urbanismo para alejar la instalación de macrogranjas de ganado porcino de los centros urbanos más sensibles (núcleos habitados, centros educativos, centros sanitarios, manantiales y ramblas), siguiendo las normas impuestas por la Unión Europea y la normativa española, me parece una alarmante señal de lo que se avecina en un futuro inmediato en la política española si no alcanzamos a corregir el rumbo marcado por la extrema derecha y la derecha extrema del Partido Popular encarnada en sus actuales dirigentes.

Como era de esperar nos hemos incorporado a las corrientes negacionistas del cambio climático y a las teorías políticas supremacistas, en este caso ideológicas, que cuestionan el sistema democrático, despreciando sus señas de identidad y sus valores esenciales. Cuando las decisiones adoptadas conforme a los procedimientos establecidos no son acordes con las propuestas, impecablemente democráticas y racionales, que se someten a votación, en lugar de utilizar los cauces de la protesta por medio de reuniones o manifestaciones, acuden a la violencia invadiendo agresivamente las sedes de las instituciones que encarnan la representación de la soberanía popular. 

No sé si los asaltantes del Consistorio de Lorca actuaron impulsados por las ideas que proclaman los líderes de la extrema derecha mundial, cada vez más representadas en todos los sistemas democráticos. La primera potencia mundial y cuna de la democracia acaba de aparcar momentáneamente el mandato presidencial de un personaje histriónico como Donald Trump que ha predicado la insumisión democrática, incitando a sus seguidores a rebelarse contra el inapelable mandato de las urnas que habían dictado su veredicto con una abrumadora  mayoría de votos populares, si bien no se puede desconocer que se trata del perdedor que más votos ha tenido en la historia de la democracia norteamericana. El asalto al Capitolio y la denuncia de fraudes electorales han abierto un camino que sin duda va a seguir reproduciéndose, de una u otra manera, en los países en los que la extrema derecha y la derecha extrema tengan opciones para llegar al poder.

Ante el gravísimo atentado contra la democracia y la legalidad me preocupa que, hasta el momento, no se haya producido una respuesta rotunda por parte de todos los partidos políticos

El sector ganadero necesita el apoyo de los poderes públicos para poder rentabilizar sus explotaciones sin incurrir en vulneraciones intolerables de la ley y de la convivencia democrática.

Ante el gravísimo atentado contra la democracia y la legalidad me preocupa que, hasta el momento, no se haya producido una respuesta rotunda por parte de todos los partidos políticos que, según nuestro texto constitucional, expresan el pluralismo político como valor fundamental y esencial de la democracia. Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la participación política.

Minimizar el asunto, y reducirlo a una simple alteración del orden público en el contexto de las dinámicas políticas que estamos viviendo en nuestro país y en otros circundantes, sería una frivolidad o una irresponsabilidad política. Permanezcamos atentos a las declaraciones de apoyo o justificación que se produzcan, incluidas redes sociales, por parte de políticos y medios de comunicación.

Por otro lado, también observo con preocupación, y en este aspecto seguramente seré yo el desorientado, que la práctica totalidad de las cabeceras de los diarios generalistas de difusión nacional no han dado la menor importancia o relieve al tema si bien lo abordan en las páginas interiores como si se tratase de un incidente municipal que afecta a unos pocos ciudadanos que no merece más relieve que un capítulo de sucesos.

A pesar de mi formación jurídica, siempre he sostenido que limitarse ante un suceso de esta naturaleza a la aplicación del Código Penal sería absolutamente inoperante. Con toda seguridad no se podía proceder contra todos los alborotadores y me temo que las actuaciones judiciales podrían transcurrir por derroteros imprevistos. No hay duda de que se trata de un delito previsto en el artículo 505 de nuestro Código Penal, que a pesar de considerarlo como un delito contra las instituciones el Estado, castiga con una pena de seis meses a un año a los que, sin ser miembros de una Corporación local, perturben de forma grave el orden de sus plenos o el desarrollo del orden del día previsto para la adopción de acuerdos.

Resultaría terapéutico y tranquilizador que por lo menos la Asamblea Legislativa de la Comunidad murciana convoque una sesión de reprobación de estas actuaciones, una condena a sus autores y un apoyo a una corporación municipal que estaba procediendo con arreglo a la más estricta legalidad europea y española que concede absoluta prioridad a la conservación del medio ambiente y de la salud pública. No se pueden tolerar imposiciones por parte de quienes quieren instalar macrogranjas siendo conscientes del daño irreversible que se produce para la tierra, para el bienestar de los animales y para el entorno. Sin duda se trata de industrias molestas, peligrosas e insalubres que terminan perjudicando a todo el sector ganadero.

Soy un ferviente seguidor del consejo de San Ignacio de Loyola que advertía a sus hermanos en la Compañía de Jesús que “en tiempos de tribulación (elecciones) no conviene hacer mudanza”. Pero no estaría de más un pronunciamiento del Gobierno teniendo en cuenta que se trata de una cuestión que está siendo objeto de un debate, absolutamente tergiversado, en medio de las elecciones autonómicas de Castilla y León. Sería un pronunciamiento ético necesario, que estoy seguro que no influiría en la conciencia de muchos votantes que saben distinguir perfectamente lo racional de las falacias oportunistas. El debate, además, se ha planteado en unos términos esperpénticos dignos de alguna corriente literaria muy arraigada en nuestro país.

El eslogan “ganadería o comunismo” es digno de una antología de los espacios que la revista satírica La Codorniz denominaba La cárcel de papel. Los mentecatos que han elaborado esta estrafalaria disyuntiva merecen permanecer estabulados durante un tiempo, en una granja masificada y racionados de paja y heno.