El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado el derecho de las personas condenadas a muerte (o a prisión) a presentar nuevas evidencias que permitan reabrir su caso. Esto supone más o menos que, si te condenan por haber matado a alguien, de nada sirve que, mientras esperas la ejecución, otro tío comparezca ante el juez reconociendo haber sido él el asesino y mostrando un vídeo donde se ve con toda claridad cómo comete el crimen: le darán una palmadita en la espalda, le dirán que está muy mal hacer eso, y a ti te pondrán la inyección letal como si nada. Menos papeleo. Haberte dado a la fuga.

En un alarde de optimismo, podríamos llegar a pensar que, en adelante, los tribunales se lo pensarán mucho mejor antes de condenar a un acusado, exigirán pruebas más sólidas y serán más compasivos antes de emitir un veredicto. Pero es un optimismo con tan poco fundamento que apenas acaba uno de escribirlo y ya se sonroja: si a esos tribunales los guiara algún respeto por la vida humana, hace ya tiempo que la pena de muerte habría desaparecido del mapa. Ni es así ni se espera que vaya a serlo en breve: el Tribunal Supremo de Estados Unidos viene a refrendar la impresión de que la administración de justicia sigue siendo, y no solo en ese país, el último refugio de la arbitrariedad punitiva.

El Supremo de EE.UU. viene a refrendar la impresión de que la administración de justicia sigue siendo el último refugio de la arbitrariedad punitiva

También en Estados Unidos, hace unos días un hombre la emprendió a tiros en una escuela, matando a veintiuna personas, y fue finalmente liquidado él mismo por la policía. No creo que en ningún momento hubiera la posibilidad de que el tirador fuera reducido, detenido y juzgado. No suele ser el caso. El ritual exige que la matanza culmine con la ejecución pública del asesino en la escena del crimen. De algún modo, la misma sociedad que hace posible que un lunático del montón se pasee por ahí con un rifle de asalto y vacíe el cargador contra el primero que pase, asume que la justicia consiste exactamente en derramar la sangre del agresor para que se restablezca el equilibrio del cosmos. No es justicia, sino épica. Las reglas del relato bien contado están inscritas en la mentalidad del psicópata igual que en la de la policía, los familiares de las víctimas y los jueces del Tribunal Supremo. Sin duda tenemos que invocar al Derecho y a la ética para juzgar estos hechos, pero para comprenderlos necesitamos que nos asesoren la etnología y la narratología.

Estas noticias del otro lado del Atlántico provocan en nosotros, civilizados ciudadanos europeos henchidos de superioridad moral, la impresión de que Estados Unidos son un Estado fallido, como si estuviera sumamente clara la frontera que separa a los Estados fallidos de los exitosos. No creo que sea así. ¿No es el Estado, según la canónica definición de Max Weber, el que tiene el monopolio de la violencia legítima? ¿Qué tiene de fallido, pues, que la emplee de manera habitual y desprovista de hojarasca retórica? Quizá lo que vemos en Estados Unidos (o en China, si a eso vamos) no sea la degeneración del Estado como forma política sino, por el contrario, su destilación más depurada, el destino de todo Estado.

El Estado está en guerra permanente. Contra otros Estados, contra sí mismo, pero también, y sobre todo, contra todos nosotros. Una cosa es pretender utilizar sus instituciones, reinvertir la polaridad de su maquinaria para mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen, y otra, muy diferente, hacerse ilusiones sobre su potencial transformador. Si no tenemos esto claro, lo mismo nos da una mayoría parlamentaria que otra, un gobierno que otro: paradójicamente, la única razón que podría impulsarnos a confiar en quienes aspiran al poder para boicotearlo es que sean lo suficientemente íntegros para rechazarlo. Navegar esa contradicción es lo que nos hace mejores. Lo otro ya sabemos cómo acaba.