Al final sucedió: la guerra iniciada por el padre Llanos en 1955 mediante unas inolvidables “Cartas cristianas” que acabó en el Decreto Ley de 3 de marzo de 1956, sobre Abolición de Centros de Tolerancia y otras Medidas Relativas a la Prostitución, continúa hoy. Las nuevas Adoratrices de Santa María Micaela han conseguido introducir en la Ley de Libertad Sexual (primero) y en una Proposición de Ley de Abolición de la Prostitución (después) su “catecismo moral” sobre la prostitución.

El argumento más esgrimido por las abolicionistas punitivistas para justificar sus iniciativas legislativas consiste en manifestar que el 95% de la prostitución es “trata” –en ocasiones en lugar del 95 se habla del 90, del 80– da igual el porcentaje porque saben que todas las cifras que manejan son falsas, por ello les da igual invocar una u otra. Así, al abolir la prostitución lo que se perseguiría, alegan, es liberar a las mujeres, volver a hacerlas dueñas de sí mismas y recuperar su dignidad… Esto simplemente no es cierto.

Los pocos estudios que existen señalan que el porcentaje de trata en la prostitución, en España se encuentra entre el 10 y el 30% (Meneses-Falcón y Urío)

Lo primero que debe decirse es que estos porcentajes son inventados, aunque sean reiterados constantemente por las abolicionistas en todo tipo de foros, también en el Congreso de los Diputados, para procurar con la repetida cantinela darle visos de verosimilitud. Pero no hay ningún estudio que avale semejante porcentaje. Ninguno. Más aún, lo poco que existe señala que los porcentajes de trata, en España se encuentran entre el 10 y el 30% (Meneses-Falcón y Urío). Por eso no se ha impulsado estudio serio alguno. Oportunidades han tenido, pero desde los círculos del poder, no les interesa el conocimiento verdadero, se caería su argumentación. Estamos, pues, ante una opción consciente por la mentira. Si una vez conseguido el objetivo de intentar abolir la prostitución a golpe de ley se pone de manifiesto que lo argumentado era falso… ¿Qué más da? Nadie se atreverá a dar marcha atrás, razones electorales mandan. El engaño habrá triunfado.

Desde luego que el argumento de los porcentajes es burdo, grosero y fácilmente desmontable para quien tenga interés. Por ello, para procurar un argumentario más “pesado” a la guerra contra la prostitución e intentar captar clientela que apoye la finalidad que se propugna (y tranquilice conciencias), se ha buscado un ropaje ideológico más tramado: la abolición de la prostitución, dicen, impulsa el reencuentro de la mujer con la dignidad y la “verdadera” libertad.

En realidad, sin embargo, la pretensión de las abolicionistas no es dar la libertad sino, como siempre suele ocurrir en casos similares, quitarla: quieren quedarse con la decisión sobre el cuerpo de las mujeres, que siempre había sido masculina y ahora quieren heredar las “abolicionistas”. Expropian a las mujeres su sexualidad y declaran, por tanto, su cuerpo indisponible para ellas mismas.

Lo más llamativo de la nueva cruzada es que se ha iniciado con (contra) las mujeres más vulnerables. En efecto, la primera decisión legislativa (que ya se encuentra en el Senado y resultará aprobada en un mes) ha consistido en prohibir la publicidad de la prostitución. Pues bien, ¿quiénes son las personas más afectadas por esa disposición? Las mujeres que huyendo de las calles y las cunetas de las carreteras se anuncian en plataformas digitales. Aquellas que se han convertido en empresarias de su propia prostitución.

En efecto, estas plataformas han permitido a muchas mujeres prescindir del proxeneta, del chulo, y organizar como autónomas su propia actividad: internet les ha dado la libertad. Pero ahora, gracias a la “Ley de libertad sexual”, donde se prohíbe la publicidad de la prostitución, las mujeres que hasta este momento se anunciaban en plataformas y pactaban personalmente sus servicios tendrán que volver a la calle, a las carreteras, a buscar clientes; habrán de ponerse en manos de chulos y organizaciones y realizar su trabajo en la clandestinidad. Otra vez la falda muy corta, los escotes muy largos y los zapatos de plataforma; mismo vestuario en invierno y verano que se verán obligadas a llevar para que las “feministas/progresistas” se encuentren satisfechas. Es decir: se persigue hacer más vulnerables a esas mujeres quienes, al tener que transferir a intermediarios parte de sus ganancias, se verán obligadas a hacer bastantes más servicios para lograr ingresar el mismo dinero.

Así, ¿en qué consiste la libertad prometida y la dignidad recuperada? Simplemente en desapoderar a esas mujeres del control de su propia actividad sexual, de su negocio. Da lo mismo que ello signifique privar de derechos fundamentales a estas mujeres. Pero eso es irrelevante. ¿Por qué? Pues porque son putas, y parece que las putas no tienen derecho a tener derechos y están en el punto de mira de esta guerra por los votos.

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Fco. Javier Álvarez García es catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III.