Imagine que huye de Basora, Kabul o Alepo y tras salvar los accidentes geográficos y las duras fronteras que le separan de Europa, decide solicitar asilo. Elige un país moderno y seguro, una de las más viejas y consolidadas democracias del mundo, con un mercado laboral, además, sediento de mano de obra. Elige Dinamarca, Reino Unido o Países Bajos. A continuación, la policía de turno le detiene a espera del próximo vuelo de deportación con destino a Ruanda, uno de los países más pobres, envuelto en conflictos armados y con un terrorífico historial de violaciones de derechos humanos. Será aquí donde se procese su solicitud de asilo y si se le concede, es donde recibirá protección. Bienvenido a Kigali, la última ocurrencia de Europa para disuadir a las personas migrantes.  

El primer plan para externalizar el proceso de asilo fue anunciado el año pasado en Reino Unido por el entonces primer ministro Boris Johnson. Coincidiendo con los peores momentos de la polémica por las fiestas en Downing Street, Johnson presentó un acuerdo de cinco años para trasladar migrantes a Ruanda. El país africano se encargaría de tramitar las solicitudes de asilo y de acoger a las personas a quienes se les conceda. 

Reino Unido lidia en los últimos años con la llegada de miles de personas que desde Francia cruzan el Canal de La Mancha en barcas hinchables. El Gobierno conservador da a este asunto –en palabras del actual primer ministro Rishi Sunak– “una prioridad absoluta” y el plan de traslado a Ruanda debe ser la medida estrella para acabar con la llegada de las pequeñas embarcaciones. 

El primer vuelo de deportación programado en junio del año pasado fue, sin embargo, frenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La justicia británica había dado el visto bueno a la medida pero el Tribunal de Estrasburgo, del que Reino Unido es parte por ser signatario de la Convención Europea de Derechos Humanos, la paralizó de forma cautelar. 

El Gobierno británico no descarta abandonar la Convención Europea de Derechos Humanos

Desde entonces, el Gobierno conservador no descarta abandonar la Convención Europea de Derechos Humanos si el Tribunal falla contra el plan, algo que colocaría a Reino Unido en una posición incómoda. Tan solo Rusia ha abandonado la Convención y lo hizo tras la invasión de Ucrania el año pasado. La importancia que el Gobierno británico da a las deportaciones lo expresa Suella Braverman, ministra de Interior, que recientemente afirmaba: “Amaría ver en la portada de The Telegraph un avión despegando hacia Ruanda, ese es mi sueño, es mi obsesión”.

Las complicaciones legales y las duras críticas que ha recibido el plan –Amnistía Internacional lo ha calificado de “equivocado, racista y cruel”– parecen, sin embargo, no desanimar a Dinamarca. El Gobierno socialdemócrata diseñó ya en 2021 una ley migratoria que permite externalizar las solicitudes de asilo. En septiembre del año pasado, Dinamarca y Ruanda hicieron una declaración conjunta en la que ambos países declaran su “ambición común de establecer un mecanismo para la transferencia de solicitantes de asilo”.

Ahora es Países Bajos quien sigue la estela de sus vecinos. El Parlamento ha aprobado una proposición de la extrema derecha, con el apoyo de los principales partidos del Gobierno, que insta a unir esfuerzos con Dinamarca para trasladar solicitantes de asilo a terceros países. Aunque aún no hay ningún proyecto sobre la mesa, los impulsores de la propuesta confían en conseguir un acuerdo similar al de Reino Unido.  

Para Peter Rodrigues, profesor de derecho migratorio en la Universidad de Leiden, el plan neerlandés tiene pocos visos de prosperar ya que el país “está sujeto a la legislación migratoria europea, de la que Dinamarca y Reino Unido no forman parte”. Reino Unido, ya antes del Brexit, y Dinamarca siempre han mantenido su soberanía sobre política migratoria lo que les permite realizar este tipo de acuerdos con terceros países. Los demás miembros de la Unión Europea, en cambio, deben atenerse a una legislación migratoria común. 

“Pero incluso sin atender al derecho comunitario, estos traslados pueden estar en conflicto con la legalidad internacional, concretamente con el principio de no devolución”, explica Rodrigues. “Este principio establece que nadie puede ser expulsado a un país donde corre riesgo de recibir un trato inhumano. Si miramos la situación en Ruanda podemos tener serias dudas de si este país es suficientemente seguro y se respetan los derechos humanos”. 

Prosperen las deportaciones o no, en realidad, el objetivo es otro. “La intención es asustar” –afirma Rodrigues– “que la gente piense: mejor no pedimos asilo en estos países”. La periodista holandesa Irene van der Linde escribía esta semana sobre su visita a un centro de internamiento de extranjeros, donde entre un grupo de refugiadas, víctimas de los terremotos en Turquía y Siria, empezaba a cundir el pánico, pues habían oído que podían ser expulsadas a Ruanda. Antes incluso de que haya ninguna decisión tomada, la medida ya muestra su poder intimidatorio.  

Ruanda, al otro lado de la historia, también tiene gran interés en estos acuerdos. “La primera razón es el dinero”, afirma Filip Reyntjens, profesor emérito en la Universidad de Amberes y especialista en el país. “Un pacto así supone una gran cantidad de dinero para un país pequeño y pobre como Ruanda”. [La portavoz del gobierno ruandés, Yolanda Makolo, confirmó un “primer pago de 120 millones de libras (144 millones de euros)].

Pero eso no es todo. “Ruanda trata de mantener un perfil muy por encima de su relevancia real en el terreno internacional” explica Reyntjens. “Estos acuerdos internacionales ayudan al régimen dictatorial a protegerse de las críticas. Hace dos años el Reino Unido censuró duramente las violaciones de derechos cometidas en Ruanda. El año pasado, en cambio, tratando de sacar adelante el acuerdo migratorio, escuchamos a Boris Johnson alabar la democracia y el respeto a los derechos humanos en el país”.

África ya acoge al 85% de los refugiados del mundo

Ante los planes de Reino Unido y Dinamarca, la Unión Africana calificó el envío de solicitantes de asilo a África como una medida “completamente xenófoba e inaceptable”, recordando, asimismo, que el continente ya acoge al 85% de los refugiados del mundo. Aunque los acuerdos migratorios no ayuden a Ruanda a hacer amigos en África, sí que le permiten afianzar importantes aliados.  

La BBC reveló que Israel ya llevó a cabo un plan similar entre 2014 y 2016. Hasta 4.000 personas provenientes de Eritrea y Sudán fueron trasladadas de Israel a Ruanda con la promesa de recibir asilo. Sin embargo, los testimonios de los migrantes recogidos por la BBC coinciden en que las autoridades ruandesas, tras su llegada al país, les exigieron un pago de 500 dólares para, a continuación, conducirlos a la frontera con Uganda, donde fueron expulsados. La mayoría de ellos emprendió entonces la ruta hacia Europa. Según los testimonios, varias de estas personas fueron ejecutadas por Daesh o perecieron al tratar de cruzar el Mediterráneo.

Los planes de deportación llegan en un momento en que Europa se fortifica más que nunca para frenar la llegada de migrantes. En los años noventa, España fue el primer país europeo en construir vallas en sus fronteras, cercando los enclaves de Ceuta y Melilla. Pero desde 2016, durante la crisis migratoria provocada por la guerra en Siria, Europa ha instalado en sus fronteras 2.048 kilómetros más de vallado. Fronteras cada vez más sofisticadas, asistidas por drones y videovigilancia. 

Además, el empleo de pushbacks es, según numerosos estudios y testimonios, sistemático. Así conocemos historias como las de la policía croata que, ante el silencio de sus socios europeos, transporta a las personas migrantes interceptadas en su territorio hasta la frontera con Bosnia donde, entre duras vejaciones, son expulsadas. Amnistía Internacional considera que las prácticas empleadas por Croacia son “sistemáticas” y las califica de “torturas y trato inhumano y degradante”.

Y, sin embargo, Europa ha mostrado su capacidad para responder a una crisis migratoria al acoger a más de 4,8 millones de refugiados ucranianos. En apenas unos meses y sin mayores sobresaltos. 

“Los planes para deportar solicitantes de asilo a terceros países son propuestas extremas mal diseñadas, que nacen del oportunismo político y son contrarias a la legalidad”, sentencia Rodrigues. Los gobiernos de Reino Unido, Países Bajos y Dinamarca “pretenden mostrar mano dura ante la opinión pública”, considera Reyntjens. En cualquier caso, se lleguen a consumar los planes o no, los oscuros deseos de la extrema derecha ya han recibido el aliento de estos gobiernos.