Durante 2022 fallecieron 45.360 personas a la espera de acceder a las prestaciones o servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). De ellas, 25.699 estaban a la espera de poder obtener los servicios que les pertenecen por derecho y 19.661 pendientes de resolución del grado de dependencia. Estos datos repiten las dramáticas cifras de 2021 (46.000 fallecidos) y representan una de las principales reclamaciones expuestas en el último informe anual del Observatorio de la Dependencia, de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

A pesar del plan de choque del Gobierno para reducir los tiempos de espera, y a que la ley de dependencia fue aprobada hace más de 16 años (14 de diciembre de 2006), las ayudas destinadas a la promoción de la autonomía personal, así como a la protección y atención a las personas, se han visto lastradas por la burocracia y el desinterés o incapacidad ejecutiva de algunos gobiernos autonómicos. La lista de espera se redujo en, únicamente, 15.923 personas, que sumadas a las 38.807 del año 2021 ni siquiera se acercan a las 60.000 que planteaba el plan de choque del Ejecutivo como objetivo para el primer año. Según apunta el Observatorio de la Dependencia, al ritmo actual se tardaría más de diez años en lograr la plena atención. 

A pesar de ello, el número de personas atendidas por el SAAD se incrementó en 91.295 en 2022, con una estimación de creación de empleo directo de 32.522 puestos. A principios de este año, el número de personas con derecho reconocido pero que se mantienen a la espera de acceder al SAAD asciende a 177.423; a ellas hay que sumar 131.810 casos que están aún pendientes de valoración. Por tanto, la desatención alcanza en la actualidad a 309.233 personas. El tiempo de espera medio es de 344 días.

A estos datos hay que añadir 22.829 personas con resolución del Proyecto Individual de Atención (PIA) que no reciben prestación o servicio, y 21.903 solicitantes que las Comunidades Autónomas aún no han registrado y están pendientes de valorar, según el portal de transparencia.

El 44,6% de las personas desatendidas (80.862) son dependientes con grados III o II, es decir, tienen necesidades de apoyo en su vida diaria. En España se estima que el 3,15% de la población necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas. 2022 cerró con 131.810 personas esperando ser valoradas, 7.214 más que las 124.596 del año anterior. Así, las listas de espera a cierre de año se encontraban con 353.965 personas esperando algún tipo de trámite de la dependencia, únicamente 8.799 menos que en 2021. A este ritmo se tardarían 35 años en lograr que no haya ninguna persona esperando algún trámite.

En el primer año del plan de choque, diez gobiernos autonómicos hicieron caja con la nueva distribución presupuestaria: Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco y La Rioja. En 2022, el Gobierno central aumentó en 1.842 millones la financiación en dependencia, llegando al 33,9% del gasto público, mientras que las CC.AA. redujeron su aportación.

Los territorios con mayor mayor número de personas pendientes de recibir prestación son Cataluña (27,1%), La Rioja (18,9%) y País Vasco (17,5%). Sin embargo, La Rioja (-45,8%), Aragón (-43,7%), Cantabria (-36,0%), y Canarias (-28,9%) han cumplido en 2022 el objetivo de reducción de la lista de espera. A pesar de haber recibido el incremento presupuestario, comunidades como Asturias (+34,7%), Islas Baleares (+31%) y Murcia (+29,6%) han aumentado la lista de espera de una forma preocupante. 

Cabe mencionar que las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe mensual medio de 234,96 euros. Estas cuantías establecen un promedio de 139,6 €/mes para los grado I; 240,5 €/mes para los grado II y 334,9 €/mes para los grado III. Desde el Observatorio inciden en las diferencias entre territorios y como las prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de un servicio varían mucho. Por poner un ejemplo, la prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila entre los 445,5 €/mes (grado II) y los 550,8€/mes (grado III). Una diferencia con respecto al precio real abonado por la persona en una residencia que constituye un “segundo copago”, y que en muchas ocasiones puede triplicar ese importe. Una situación que unida al abandono de las personas que se encuentran en las listas de espera arrastra a las familias de los pacientes a una situación dramática.