La discapacidad sigue siendo un fenómeno tabú en la sociedad española. Si bien se han logrado avances en la normalización de ciertos debates que contribuyen a facilitar la integración de las personas con diversidad funcional, aún queda mucho camino por recorrer. La Fundación ‘la Caixa’ ha querido contribuir a este propósito con la publicación, a través de su Observatorio Social, del informe Discapacidad, desigualdad y redistribución de renta.

En él, se ofrece un análisis bastante exhaustivo de la relación entre diversidad funcional y precariedad, un fenómeno sobre el que debería ponerse mucha más atención, sobre todo después de observar los resultados de dicho trabajo.

Lo primero que hay que destacar son las dimensiones del alcance de la discapacidad en el Estado español, ya que casi una de cada cinco personas (18%) conviven con ella en su hogar.

Además de las evidentes dificultades relacionadas con la salud que suelen acompañar a la diversidad funcional, existen obstáculos a nivel económico que vulnerabilizan profundamente el día a día de estas personas. Empezando por lo que supone estar incapacitado o incapacitada para trabajar en una sociedad que otorga la mayoría de los derechos fundamentales a través del empleo, y continuando con factores más superficiales como los gastos necesarios para adaptar el entorno a las diferentes necesidades. Es decir, la cobertura material es tan importante como la sanitaria.

Sin embargo, los datos revelan una grave disfuncionalidad de la infraestructura pública en este sentido. En el año 2018, la incidencia de la pobreza entre las personas en hogares con presencia de diversidad funcional alcanzó un preocupante 28,5%. Mientras la población se recuperaba de la crisis que había estallado una década antes, las personas con discapacidad se fueron quedando atrás. Según el informe, la recuperación de la tasa de empleo para la población general entre 2014 y 2019 fue de 8 puntos porcentuales, más del doble de los 3,3 puntos porcentuales de aumento para la ciudadanía con diversidad funcional, cuando ambas cifras habían caído a una velocidad similar durante los años de crisis.

Este abandono va generando una situación de dependencia hacia las prestaciones estatales, denominadas PMD en el informe (prestaciones monetarias por discapacidad). A pesar de que se habla de “un impacto muy positivo sobre los ingresos de las personas que viven en hogares con discapacidad en España”, la investigación da pistas sobre una tendencia alarmante. Resulta innegable que el aumento del 22,6% en las cuantías medias de las PMD, entre 2007 y 2018, es algo a celebrar; sin embargo, combinado con el descenso, en ese mismo período, de un 5,5% en las rentas sin contar las PMD, resulta en un descenso de la independencia de las personas con diversidad funcional, cuyo bienestar se va subordinando a la asistencia estatal.

Lejos de impugnar el papel de las prestaciones públicas, la atención debería ponerse en la precariedad estructural que acompaña a la diversidad funcional en España. De hecho, las PMD cumplen una función muy valiosa: sin ellas, la tasa de pobreza en los hogares con personas con discapacidad crecería en más de 10 puntos porcentuales, del 28,5% actual a un 38,9%.

Las conclusiones del informe abarcan tanto esa carestía material sistémica como la intervención del Estado. Por un lado, se afirma que “las personas en hogares con discapacidad no han participado del crecimiento económico en la misma medida que el resto”, mientras que, por el otro, se demuestra que las prestaciones de países como Suecia, Dinamarca o Países Bajos logran una reducción de la pobreza que duplica la observada en España, algo que se achaca a un gasto público muy escaso comparado con esos otros países del entorno europeo.