Mirtha Vásquez Chuquilín fue presidenta del Congreso de la República del Perú. Luego, fue presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, responsabilidad que dejó saboteada por la mayoría congresal de ultraderecha y también a causa de las diferencias con el bloque que apoyaba a Castillo. Es abogada, tiene experiencia como asesora de comunidades campesinas y activista por los derechos humanos y ambientales. Hoy es objeto de persecución política. Aquí nos explica cómo, silenciosamente, una alianza entre el congreso de ultraderecha y el ejecutivo de Dina Boluarte han logrado organizar un sistema dictatorial que se sostiene con represión armada, a pesar de tener el rechazo de más del 90% de la población. Y las perspectivas que hay para revertir aquella situación tan sui generis que interesa, también, porque grupos de ultraderecha fuera de ese país –como Vox– la han considerado modélica. 

Persiste la inestabilidad política en el Perú, el descrédito del gobierno es mayoritario, pero allí sigue. ¿Se trata de una dictadura?

Sí, es una dictadura. Ya no estamos en un gobierno democrático. Es un gobierno con tintes autoritarios muy fuertes. Y la dictadura se está consolidando, fundamentalmente, por la cooptación de poderes, donde el ejecutivo y el legislativo están cohesionados como si fueran uno solo. No tenemos independencia del poder judicial ni de la fiscalía que están fuertemente tomados por los que gobiernan. Esto se puede comprobar fácilmente contrastando la actitud tan persecutoria que tuvo la fiscalía contra Pedro Castillo, mientras que hoy, siendo Dina Boluarte objeto de las mismas acusaciones, no son capaces de mover un dedo, y se le investiga de manera muy parcializada. 

El poder judicial está tomado por gente asesorada por quien fuera presidente del Consejo de Ministros de Dina Boluarte, Pedro Angulo. 

El Tribunal Constitucional fue electo de manera perversa y los nuevos tribunos han emitido sentencias que representan enormes retrocesos para la democracia del país, como por ejemplo ratificar una ley del Congreso de la República que impide toda fiscalización del mismo congreso. Ese TC ha emitido asimismo sentencias escandalosas que perdonan deudas de miles de millones por impuestos a grandes empresas. De la misma manera, se ha debilitado la Junta Nacional de Justicia, encargada de nombrar, ratificar, destituir, fiscalizar a los integrantes del poder judicial y el ministerio público. 

¿Todo el aparato del Estado tomado?

Quedan aún independientes la Defensoría del Pueblo para la que ya preparan los más parcializados reemplazos imaginables, y el poder electoral, pero ya van por él, se están dotando de los medios para cooptarlo también. Los grandes medios de comunicación están al servicio de todo esto.

Todo ello con la connivencia de las fuerzas armadas, sin límites en su accionar como hemos visto estos últimos meses de movilizaciones pacíficas, reprimidas con balas y sin escrúpulo alguno. 

El Congreso de la República tiene una aceptación del 6%, que en algunas regiones es del 0%

¿Una dictadura que se instaló silenciosamente?

Es una dictadura sui generis que concentra todo el poder en el Parlamento. Esa concentración de poder significa que no estamos en un Estado de derecho. Hay un obvio desbalance de poderes, con predominancia absolutista del congreso. No hay necesidad de un golpe aparatoso para instalar una dictadura. Esta es la razón, supongo, por la que las personas y partidos del Foro Madrid admiran al grupo encaramado en el aparato de Estado del Perú hoy. 

Es un régimen, sin embargo, que carece de legitimidad. Hace muy poco IEP, y luego IPSOS, las dos encuestadoras más serias, le daban 80% de rechazo a Boluarte. Restando los que se abstienen de opinar, le queda 15% de aceptación. El Congreso de la República tiene una aceptación del 6%, que en algunas regiones es del 0%. Pero ellos no prestan atención a esta disconformidad masiva, pareciera que prefieren seguir matando gente antes que dimitir. 

Vemos así como las fuerzas armadas y policiales son las que tienen el control del orden, son las que toman decisiones, están siendo protegidas también, y eso no es compatible con un Estado de derecho. Hoy, cualquiera que levanta una voz disidente es sospechoso, lo investigan. 

¿Hay persecución política?

Más allá de simpatías o antipatías por alguna de las personas, vemos que han quitado derechos políticos a un candidato con posibilidades como es el expresidente Martín Vizcarra, vemos cómo están haciendo auditorías en la Universidad Nacional de Ingeniería, donde es rector el ingeniero Alfonso López Chau, que tuvo actuación destacada durante las movilizaciones recientes y asoma como una figura destacada, a mí me están haciendo una investigación en el Congreso de la República por hechos que ocurrieron cuando ya no era presidenta del Consejo de Ministros. Eso parece ser algo que va a seguir, anulando cualquier alternativa que surja en el camino. 

Por otro lado, el Congreso protege abiertamente, blinda, a cualquiera que esté de su lado, que sea parte de su entorno de poder, no importa la gravedad del crimen imputado. Pero contra quienes consideran potenciales enemigos políticos, hay una persecución abierta. 

Hay una competencia muy fuerte entre chinos y norteamericanos por el control de todo el Pacífico Sur

¿Cómo evalúa el apoyo de los Estados Unidos al gobierno? ¿Qué rol juega Perú en el ajedrez geopolítico chino-norteamericano?

No podemos ser ingenuos. Hay una competencia muy fuerte entre chinos y norteamericanos por el control de todo el Pacífico Sur. Durante mi gestión yo vi una intención muy fuerte de parte del entorno de Castillo y del mismo Castillo de aliarse con los chinos. Y ahora, en la gestión de Boluarte, lo que hay es una arremetida de los norteamericanos. Son grandes intereses que se juegan en nuestro territorio por nuestra particular posición geográfica. El megapuerto de Chancay, que será el más grande de Latinoamérica, y que es un proyecto chino, no debe gustar a los norteamericanos. Hay además reservas de litio en Puno, motivo de esas disputas. Temas geopolíticos como estos también influyen en la situación que estamos viviendo en el país. La embajadora de Estados Unidos tiene un rol muy activo y visible, como no se veía hace tiempo en un diplomático norteamericano.

Las grandes movilizaciones sociales recientes han sido espontáneas, sin dirección, sin conducción, ¿qué reflexión le generan? ¿Hubo muchos actos vandálicos?

Se trata de movilizaciones históricas, sin precedentes. Y que no han concluido. De hecho, a raíz de la nula gestión del gobierno tras los eventos climáticos y desastres en el norte, se ha iniciado una movilización en esa zona del país. Todo esto es algo que nunca hemos vivido, al menos con estas dimensiones y tal concentración. Quizá lo que más se le parezca sea lo que pasó en los años 60 con las movilizaciones campesinas que reclamaban la tierra. 

Antes ha habido importantes movilizaciones ciudadanas, sobre todo en las ciudades más grandes, pero que han sido por algún asunto puntual. En este caso se trata de las demandas de poblaciones históricamente relegadas, campesinas, indígenas, invisibilizadas, que han detonado algo que siempre estuvo, pero no se decía, que es la exclusión, el maltrato, la violencia secular contra ellos y que se ha repetido con las masacres por la represión reciente en el sur andino –Puno, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Ica–. La gente sale por eso, para reclamar por una injusticia histórica, y ahora por sus muertos de estos meses. 

Se trata de una población automovilizada, no hay partidos políticos que más bien están descolocados, no saben por dónde entrar, porque son vistos como parte del sistema político del que la gente expresa su hartazgo. Las movilizaciones tienen, además, la cualidad de ser pacíficas y contundentes. Ningún conflicto social es puro, sin embargo, siempre existe la posibilidad de que los ánimos se exacerben, también a partir de la provocación de los agentes del Estado y en esos casos hemos visto a la población reaccionando mediante el incendio de una comisaría o alguna institución. Todo eso es condenable, pero se ha suscitado como reacción luego de que han matado gente, que han ido a atacarlos. Ellos sienten que hay un Estado que en lugar de protegerlos los violenta. 

Somos un país que no ha logrado superar esa tara que tenemos. Somos uno de los países más racistas que existe

Usted ha estado en el sur del Perú, en un encuentro de familiares de víctimas de la represión durante las manifestaciones. ¿Qué reflexiones le trae esta experiencia?

El conflicto en el país no solo no ha concluido, sino que es ahora permanente. En Puno es donde está más visible esto, y en general en todo el sur del país, la idea que ha calado hondamente en la población es la de decir basta a toda marginación, por diversos motivos. 

La demanda de participación política es intensa y el desconocimiento de toda representatividad tanto del ejecutivo como de sus propios congresistas electos es radical. Aquí, la idea de la representatividad indígena está muy arraigada, además. Consiguientemente, es muy perceptible una afirmación mayor de su identidad aimara o quechua, de su identidad indígena. El asesinato de tantas personas en el sur es algo que ha dolido mucho y que no olvidan, eso está presente como una herida abierta, hay mucha sensibilidad sobre esto. 

Está también el tema del litio que genera muchos debates y donde el consenso poblacional está en que sea explotado e industrializado en su lugar de origen. Esta idea está muy presente y será seguro parte de alguna plataforma de lucha. 

Me queda claro que la exigencia de renuncia de Dina Boluarte y la disolución del Congreso es persistente, no se conforman con la idea de que el Gobierno y el Congreso duren hasta 2026. Pero, a estas alturas, eso ya no parece ser suficiente. La exigencia de otra forma de organización y representación política, ante el fracaso del sistema de partidos de siempre, está latente, aún no explicitada de una manera concreta, pero pareciera que eso se está gestando progresivamente a través de diversas asambleas comunales que están buscando su camino.

Este país se ha levantado sobre el lomo de la gente más pobre, la gente indígena

¿Cuál es la cuota que tiene el racismo en todo esto?

Muchísima. Somos un país que no ha logrado superar esa tara que tenemos. Quienes hemos tenido la oportunidad de conocer otras realidades, otros países, no podemos menos que pensar que somos uno de los países más racistas que existe. El racismo se expresa también por la forma en que el Estado responde a sus poblaciones. Por ejemplo, hay que ver lo que ha ocurrido con los desastres recientes por el alza de temperatura del Fenómeno del Niño Costero. Un caso emblemático: se envió a la policía y el ejército a atender los daños en las casas de playa en el balneario de Punta Hermosa, en Lima, de clase media alta, pero a las zonas pobres del distrito les negaron esa ayuda. El alcalde de ese distrito justificó esa falta de apoyo diciendo que eran zonas vulnerables y que no debieron instalarse allí. Son cosas que sobrecogen, la verdad. 

Luego, la señora Boluarte dice que no hay plata para atender a los grandes damnificados por lluvias e inundaciones en el norte, argumentando que no hay plata. Yo sé, porque lo pude ver durante el breve lapso de mi gestión como presidenta del Consejo de Ministros, que hay un fondo de contingencia que es enorme y que no se quiso tocar ni siquiera para atender el covid. Yo reclamaba que se usara, pero invariablemente respondían que era para cosas más urgentes. Sin embargo, cuando llega el gobierno de Dina Boluarte, sí se toca el fondo de contingencia para atender a las fuerzas armadas a fin de comprar armamento, mientras que se niega recursos importantes a los damnificados por desastres. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Es racismo, si hubiera sido afectado el distrito de San Isidro en Lima, de la clase alta, allí sí recurrirían al fondo, no me cabe duda. Pero los afectados son los prescindibles. 

Urge pensar en fortalecer la presencia del Estado en todo el país, el país está exageradamente centralizado, todo está en Lima

¿Cree que el Perú se ha construido sobre el sacrificio de los pueblos indígenas?

Este país se ha levantado sobre el lomo de la gente más pobre, la gente indígena, los campesinos, que son los que en verdad han puesto el hombro para que se pueda sostener. Hay zonas de sacrificio en el territorio que el Estado ha asumido así, y donde no importa qué suceda con los que allí habitan. Esto se pudo verificar muy bien durante la pandemia, donde el Estado hizo muy pocos esfuerzos por evitar esas muertes en las provincias, era como conformarse con la idea de que una situación así tiene que traer muertos, y ya. Y claro, no se hace el menor esfuerzo por salvar vidas. 

A las causas de la gran tragedia por covid en el Perú hay que agregar la falta de infraestructura, materiales, médicos, producto de años de ausencia de inversión. Por indiferencia. Hubo un escándalo, justificado, por un niño que, debido a los bloqueos en la carretera, no pudo llegar a Lima y falleció en la ambulancia. Lo que nadie reclama es por el escándalo mayor de que ese niño no pudiera atenderse en su lugar de origen porque allí no hay las facilidades para hacerlo. Ese ejemplo vale para muchos otros casos. 

Debemos salir de la lógica extractivista, la que obliga a tener zonas de sacrificio en el país que son explotadas hasta que ya no queda nada

¿Qué hacer?

Urge pensar en fortalecer la presencia del Estado en todo el país, el país está exageradamente centralizado, todo está en Lima. En el Perú, la descentralización es una bandera principal, hoy más que nunca. Eso va de la mano de fortalecer mercados locales, que promuevan una descentralización desde abajo. La lógica que predomina en el país es la exportadora: de materias primas mineras, pesqueras, agroexportación. Debemos salir de allí, que es la lógica extractivista, la que obliga además a tener zonas de sacrificio en el país que son explotadas hasta que ya no queda nada, hasta que la zona ha quedado destruida y ya no se puede recuperar. Lógica basada en la posición que se nos asigna a nivel mundial como proveedores de los países del norte, una lógica alentada por el consumismo en esos países, y de productos muchas veces innecesarios. Y en ese rol, nuestro país, nuestros países en la región y otras regiones que fueron colonias, son asumidos todos como zonas de sacrificio planetario. Tenemos que pensar desde ya en abastecer a los peruanos prioritariamente, en la soberanía y seguridad alimentaria, que es lo que va a garantizar nuestra independencia. Se avecinan crisis alimentarias y hay que estar preparados para eso, desde ya. Y para eso hay que fortalecer un mercado interno, algo que nadie está discutiendo siquiera. 

Para la mayoría no existe la seguridad social, el salario mínimo, etc. Eso deja en el aire a muchos

Durante las movilizaciones predomina un sentimiento reivindicativo de llamar la atención, de decir: “aquí estamos, existimos”. ¿Cree que eso esté ligado a la existencia de ese 80% de informalidad predominante en el país?

Somos un país basado en la informalidad. Hay dos países, uno exitoso al que felicitan por sus logros macroeconómicos, y otro que es 80% informal, mayoritario. Para la mayoría no existe la seguridad social, el salario mínimo, etc. Eso deja en el aire a muchos, y se promociona la idea de que si no exportamos no se puede atender las demandas del país, ni la economía de toda la gente porque se supone que es por eso que hay trabajo. Ese es el relato. Pero lo real es que hay fuertes encadenamientos informales, que son los que sostienen a la gente. 

¿Cree que haya una propuesta política subyacente en las movilizaciones sociales? 

Hay varias demandas que pueden distinguirse. Lo más inmediato es el cambio de gobierno. Hay un tema de deslegitimación del gobierno de Boluarte que, además, actúa con mucha violencia, eso en lo inmediato. Pero de manera más mediata existe la demanda de un nuevo pacto social que se refleja en la idea de una nueva Constitución. Se sienten relegados y se requiere un nuevo ordenamiento político que incluya a todos. Eso me parece legítimo, fundamental en estos momentos. Para un país más igualitario, es necesario ese nuevo pacto social. Hay una minoría en el aparato del Estado y sus medios que cuestionan la idea de nueva Constitución. Pero ocurre que en la Constitución actual no se considera el protagonismo de los pueblos indígenas, las regiones están invisibilizadas, etc. Tenemos, además, un sistema que probadamente genera mucha inestabilidad, y es necesario cambiar. Existe también la demanda de más y mejor representación política. Mucha gente movilizada no se identifica con ningún grupo político, pero plantea que se debe repensar las formas de representación en el país. 

Pero, al mismo tiempo, nadie tiene la legitimidad para levantar las banderas de estas movilizaciones, que sobrepasan largamente a lo que puedan ofrecer las organizaciones políticas que existen. Creo que es una ocasión importante para repensar la política, la forma de hacer y representar. Yo tengo la esperanza de que en el proceso de movilización vayan surgiendo propuestas, experiencias de organización política que puedan plantearse. 

La ultraderecha está sobredimensionada, se sostiene por los recursos de los grupos de poder, pero políticamente ha sido derrotada

La afirmación del pueblo awajún, en la Amazonía, plegándose a la movilización y al rechazo del gobierno, nos permite ver además que se empiezan a acercar entre sí pueblos indígenas que solían estar aislados unos de los otros. Esa es una novedad importante. Si logran cohesionarse, además con todo el movimiento campesino, esto puede ser un movimiento muy potente. Es un proceso en ebullición, incluso en este preciso momento en que parece haber un repliegue de las movilizaciones gracias a los eventos climáticos que le han dado una mano a la dictadura, sin que la oposición activa disminuya un ápice. Aunque, por lo que vemos, los desastres están empezando ya a dar el vuelto social.

La ultraderecha que se ha apoderado del aparato del Estado y el Congreso, ha hecho un evento con grupos similares de otros países en Lima. ¿Qué piensa de eso? 

La ultraderecha está sobredimensionada, se sostiene por los recursos económicos de los grupos de poder, el apoyo de grandes medios de comunicación, el uso de la fuerza por su control de las fuerzas armadas y policiales, pero políticamente ha sido derrotada. No son grupos políticos muy fuertes. Las encuestas, las mismas movilizaciones, la forma en que echan a gritos a cada congresista o ministro que viaja al interior del país, demuestra que no representan a nadie entre la población mayoritaria, sino a poderes económicos muy concretos. Y las alianzas de los otros grupos similares de otros países creo que transmiten la idea de que esta forma de gobernar baleando y tomando las cosas a la fuerza, es a lo que los otros grupos también aspiran. Sería bueno que los partidos democráticos de esos otros países tomen nota de lo que ha ocurrido en el Perú, cómo es que la extrema derecha se ha apoderado del aparato del Estado coactando libertades, y cómo han reprimido a matar a movilizaciones democráticas y pacíficas, y que si esto es lo que sirve de modelo a esos otros grupos extremistas, es porque no vacilarán en hacer los mismo en sus propios países.