Hoy en día, en muchos países de la Unión Europea, la sostenibilidad de los medios de comunicación libres está amenazada. Falta pluralismo, y el auge de las plataformas de los monopolios informativos acelera la reducción del espacio para el periodismo independiente y de interés público. Los medios de comunicación están cada vez más atrapados y controlados por los políticos –o son objeto de difamaciones por “noticias falsas” al estilo del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump– . Entretanto, la protección de las fuentes de los periodistas se ve amenazada por el aumento de la vigilancia estatal.

Estas preocupantes tendencias se han documentado en los informes anuales sobre el estado de derecho de la Comisión Europea y, más concretamente, en el Monitor del Pluralismo de los Medios de Comunicación publicado desde 2013-14, que ofrece un excelente análisis de los riesgos para los valores fundamentales de los medios de comunicación. El Centro de Florencia para el Pluralismo y la Libertad de los Medios de Comunicación, responsable del seguimiento, concluyó acertadamente que “había llegado el momento de dar a la Unión Europea nuevas herramientas para proteger y fomentar el periodismo como un bien público en un entorno digital”.

La desinformación crece

La Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA, por sus siglas en inglés) propuesta por la Comisión Europea el pasado septiembre, intenta regular el ecosistema informativo. Éste está dominado por las grandes plataformas en línea –en su mayoría estadounidenses– y envenenado por la creciente desinformación y las campañas de conspiración que amenazan las democracias europeas y la integración europea en general.

La creciente desinformación y las campañas de conspiración que amenazan las democracias europeas

La Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales, recientemente aprobadas, pretenden crear un espacio digital más seguro, en el que se protejan los derechos fundamentales de los usuarios, y establecer condiciones equitativas para las empresas. La EMFA propone un nuevo conjunto de normas para fomentar el pluralismo, la transparencia y la independencia de los medios de comunicación en toda la UE. Se basa en la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales, pero extiende su ámbito de aplicación a los proveedores de servicios editoriales y de medios digitales.

La propuesta de reglamento incluye, entre otras cosas, salvaguardias contra la injerencia política en las decisiones editoriales y la vigilancia de los periodistas. Hace hincapié en la independencia y la financiación estable de los medios de comunicación de servicio público, así como en la transparencia de la propiedad de los medios y la asignación de la publicidad estatal.

También establece medidas para proteger la independencia de los periodistas y revelar los conflictos de interés. Por último, la ley crearía un nuevo Consejo Europeo de Servicios de Medios de Comunicación independiente, compuesto por autoridades nacionales de medios de comunicación y basado en el trabajo del Grupo de Reguladores Europeos de los Servicios de Medios Audiovisuales (ERGA, por sus siglas en inglés).

Muchos grupos editoriales –sobre todo alemanes y franceses– han ejercido una agresiva presión contra la EMFA. La califican de “ley contra la libertad de los medios de comunicación” y afirman que la tradición de autorregulación se ve amenazada y que la Comisión carece de legitimidad respecto al contenido de los medios de comunicación. No obstante, los intentos de debilitar el proyecto de reglamento transformándolo en directiva de las diputadas alemanas –la ponente de la Comisión de Cultura y Educación, Sabine Verheyen, y su homóloga alemana, Petra Kammereverth– fracasaron.

Una vigilancia intrusiva

Sin embargo, en el primer semestre de este año, el Consejo de la UE bajo la presidencia sueca fue testigo de un retroceso en la libertad de los medios de comunicación y la protección de las fuentes de los periodistas, al permitir el despliegue de “software de vigilancia intrusiva” contra los proveedores de servicios de medios de comunicación por motivos generales de “seguridad nacional”. Ochenta organizaciones de defensa de la libertad de prensa y los derechos humanos, entre ellas editores, emisoras y sindicatos, enviaron una carta abierta a los miembros de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Interiores del Parlamento Europeo, que lleva la iniciativa en este artículo de la EMFA, para que adoptaran una posición mucho más firme. Los periodistas de las capitales europeas se dieron cuenta (y escribieron sobre ello) del daño potencial que supone permitir que los Estados espíen a los periodistas por razones de “seguridad nacional”.

Pensémoslo un momento: los gobiernos proponen legalizar el espionaje a los periodistas europeos justo en el momento en que el Monitor del Pluralismo de los Medios de Comunicación muestra su extrema vulnerabilidad en materia de seguridad digital. La presión ejercida por numerosas organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Federación Europea de Periodistas (FEP), ha permitido reforzar la posición del Parlamento Europeo sin ninguna excepción por motivos de seguridad nacional. Pero la prohibición absoluta de utilizar contra los periodistas programas espía y tecnologías intrusivas similares no figura entre las enmiendas aprobadas por la Comisión de Libertades Civiles.

Los gobiernos proponen legalizar el espionaje a los periodistas europeos 

La FEP y la “Coalición EMFA” intensificarán su presión antes de la votación final en el pleno, para insistir en la prohibición absoluta del uso de programas espía contra los periodistas. Estas tecnologías obtienen un acceso ilimitado y sin control a las comunicaciones, fotos, contactos y datos de comportamiento en línea de los individuos, poniendo en peligro la confidencialidad de sus fuentes y el acceso de los ciudadanos a un periodismo de calidad.

Negociaciones a tres bandas

La Comisión de Cultura del Parlamento Europeo ha mejorado el proyecto de la comisión al añadir normas vinculantes sobre la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación, la independencia de los medios de servicio público y su estabilidad financiera. También ha encomendado tareas adicionales al Consejo Europeo.

Está previsto que la Comisión de Cultura apruebe el texto de compromiso el 7 de septiembre y que el pleno vote el texto completo a principios de octubre. Esto permitiría que las negociaciones “a tres bandas” entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo tuvieran lugar bajo la actual presidencia española, y finalizarán bajo la presidencia belga antes de las elecciones parlamentarias del año que viene.

La FEP y sus socios seguirán luchando por una ley más ambiciosa y digna de su nombre. Pero es una batalla cuesta arriba: demasiados actores no están interesados en normas vinculantes sobre temas sensibles como la independencia editorial, la transparencia y la protección de los periodistas.

Los magnates de los medios

Pongámonos en contexto. La regulación de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación ha sido un proyecto de evolución lenta pero constante en la UE. Comenzó en 1989 con la Directiva Televisión sin fronteras, seguida de un Libro Verde sobre la concentración de medios en 1992.

A pesar de que ya entonces se consideraba que la concentración de medios entrañaba un alto riesgo, no se adoptó ninguna legislación al respecto. Las agresivas presiones de los magnates de los medios de comunicación de la época –Rupert Murdoch, Leo Kirch y Silvio Berlusoni– convencieron al Reino Unido, Alemania e Italia para que votaran en contra.

Hoy vivimos una época de presiones sin precedentes sobre el periodismo de interés público. Esta ley no resolverá todos los numerosos retos que tenemos por delante, pero, junto con otras iniciativas de la UE, sería un pequeño pero importante paso en la dirección correcta.

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Este artículo se publicó en inglés en Social Europe.

Renate Schroeder es directora de la Federación Europea de Periodistas, que representa a unos 300.000 periodistas en 73 organizaciones de 45 países. Ha trabajado durante 30 años para la Federación Internacional de Periodistas y (desde 2003 exclusivamente) para la FEP.

Traducción de Paloma Farré.