Alma, una joven mexicana cuyo verdadero nombre omitimos, se quedó embarazada sin querer en junio de 2021. Ya tenía un hijo y no pensaba tener otro. Pero como vivía en Sonora, estado fronterizo del norte del país, pensó que tenía pocas opciones. El aborto allí sólo está permitido si hubo violación o si la vida de la embarazada corre peligro. Nada de eso aplicaba a Alma, y le podían caer hasta seis años de prisión si abortaba.

Entonces, una amiga compartió un secreto bien guardado. Un “ferrocarril subterráneo” de activistas a favor del aborto podía ayudar a Alma a interrumpir su embarazo de forma segura en Hermosillo, la capital del estado.

Una ginecóloga, también activista por el derecho a decidir, confirmó que Alma estaba embarazada de unas cuatro semanas y la remitió a Marea Verde, grupo feminista que ayuda a las mujeres que desean abortar. El grupo la guió en el proceso de un aborto médico, le proporcionó las píldoras y estuvo con ella y su pareja cuando se tomó la medicación en casa.

“Fue la mejor decisión que pude tomar en mi vida”, dice Alma ahora. “Tuve la suerte de estar acompañada y segura. A pesar de toda la situación, se siente increíble tener esa compañía”.

La Suprema Corte de Justicia de México despenalizó este año el aborto en todo el país, allanando el camino para que el sistema sanitario federal brinde el servicio, pero eso no ocurrirá de la noche a la mañana. Mientras tanto, el aborto a demanda sólo está disponible en 12 de los 32 estados del país. En el resto, rigen restricciones severas, y el aborto solo se permite en casos de agresión sexual o si la vida o salud de la embarazada corre peligro.

La Suprema Corte de Justicia de México despenalizó este año el aborto, allanando el camino para que el sistema sanitario brinde el servicio

Sin embargo, miles de mujeres mexicanas encuentran la forma de interrumpir su embarazo cada año. En los estados del norte cerca de la frontera con Estados Unidos, cuentan con ayuda de activistas por los derechos reproductivos y de una red de acompañantes, que funciona de forma muy parecida al “ferrocarril subterráneo” del siglo XIX, que ayudaba a las personas esclavizadas del sur de Estados Unidos a escapar de sus explotadores y viajar al norte, donde la esclavitud era ilegal.

En México, donde la desinformación abunda, los grupos feministas pueden ser la única fuente fiable –y confidencial– de información. Con la ayuda de aliadas, gestionan casas seguras y emplean canales de comunicación secretos para apoyar a quienes necesitan tomar decisiones sobre su salud reproductiva. El método seguro y no quirúrgico del aborto con medicamentos es su principal herramienta.

La Organización Mundial de la Salud considera que el misoprostol es un fármaco seguro para provocar un aborto hasta la semana 12. Puede utilizarse solo o en combinación con otro medicamento, la mifepristona. El misoprostol provoca contracciones y hemorragias similares a las de un aborto espontáneo prematuro, y la mifepristona bloquea la secreción de la hormona progesterona, impidiendo que el embarazo progrese.

En México, el misoprostol se vende sin receta en farmacias por entre 15 y 30 dólares (entre 260 y 520 pesos mexicanos), pero para la mifepristona sigue siendo necesaria una receta.

En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó hace poco la venta de mifepristona sin receta, y el misoprostol lleva más de dos décadas en venta en farmacias o por correo. Pero la aprobación de la FDA fue impugnada en Texas por un grupo conservador representado por la organización jurídica religiosa Alliance Defending Freedom. Ninguno de los dos fármacos está legalmente disponible en estados que, como Texas, han prohibido el aborto.

Solidaridad por el aborto

En junio de 2022, la Corte Suprema de EEUU anuló la histórica sentencia Roe contra Wade, y puso fin asi a la protección constitucional del aborto. Esto abrió el camino a que las legislaturas estatales promulgaran leyes más restrictivas sobre la interrupción del embarazo. En respuesta, al menos 17 organizaciones mexicanas que operan a lo largo o cerca de la frontera entre los dos países ampliaron sus redes transfronterizas para brindar atención a mujeres estadounidenses que necesitan abortar.

Al menos 17 organizaciones mexicanas ampliaron sus redes transfronterizas para brindar atención a mujeres estadounidenses que necesitan abortar

openDemocracy y La Verdad de Juárez revelaron este año que organizaciones antiabortistas, como Vifac (Vida y Familia AC), dirigen centros acusados de difundir desinformación y de coaccionar a mujeres y niñas para que continúen con sus embarazos.

Tokya Casimiro, acompañante abortista de Hermosillo, relató que ella y sus colegas suelen recibir a mujeres que no quieren que sus familias se enteren de que están pensando en abortar, procedentes de ambos lados de la frontera.

El papel de la acompañante es ofrecer información y apoyo, no juzgar. “Intentamos hacer hincapié en que no es que no nos importen sus razones, sino que creemos que todas las razones son válidas”, explica Casimiro.

Andrea Sánchez trabaja como acompañante para Aborto Seguro en Sonora. El grupo ayuda a las mujeres a acceder a píldoras abortivas, y Sánchez afirma que ofrece una amplia gama de apoyo, desde salud mental hasta asesoramiento jurídico.

“Parte de nuestro trabajo consiste en descubrir los distintos contextos a los que se enfrentan las mujeres que necesitan acceder al aborto. También podemos identificar si una mujer es víctima de violencia y sugerirle opciones, dependiendo de la situación”, dice.

Garantizar el acceso al aborto con medicamentos fue la razón por la que Sandra Cardona fundó en 2016 el grupo Necesito Abortar en Monterrey, la capital de Nuevo León, otro estado fronterizo. Ella comenzó a usar Facebook para informar a la gente sobre el aborto con pastillas. Desde entonces, según Cardona, el grupo ha asistido a más de 20.000 personas con apoyo para abortar o información sobre derechos sexuales y reproductivos, principalmente en México, pero también de otros países latinoamericanos y de EEUU.

A unos 220 kilómetros de la frontera con Texas, Cardona y su compañera Vanessa Jiménez abrieron una ‘abortería’ en su casa, en un barrio residencial de Monterrey. El aborto está severamente restringido en Nuevo León, y sólo se permite en casos de violación y de riesgo para la vida o la salud de la mujer.

Cardona y Jiménez acogen a personas que carecen de un lugar seguro para tomar las píldoras, y les proporcionan cobijo y orientación. No le tienen miedo a la persecución, a pesar del código penal del estado, porque se amparan en la sentencia de la Suprema Corte de 2021, que declaró inconstitucional criminalizar el aborto.

Las dos solían atender sobre todo a mexicanas o a migrantes de camino a EEUU, pero esto cambió el año pasado. “Normalmente, dábamos información a mujeres de EEUU una vez cada uno o dos meses, pero a partir de septiembre de 2022 empezaron a llamar más mujeres. Algunas llegaron a nuestra ciudad pidiendo ayuda”, dice Cardona. “Ahora mismo, unas cinco o seis personas [de EEUU] vienen aquí cada semana en busca de un aborto”.

Otra acompañante abortista del estado de Chihuahua, fronterizo con Texas, asegura que, salvo una excepción, todas sus usuarias del lado estadounidense son hispanohablantes y muchas viven en comunidades fronterizas.

Mariela Castro, voluntaria del grupo de apoyo Marea Verde en ese estado, dice que las mujeres estadounidenses interesadas en su red transfronteriza suelen ser de clase trabajadora y con pocos recursos. “Sabemos que son ellas las que sufren esta situación. Buscar un aborto tiene mucho que ver con no complicar aún más su situación vital”, agrega.

La mayoría de las mujeres proceden de Texas, donde es ilegal practicar abortos en casi cualquier circunstancia e incluso mediante el envío por correo de los medicamentos mifepristona y misoprostol. Las leyes de Texas sólo contemplan excepciones para salvar la vida o evitar un “deterioro sustancial de las principales funciones corporales” de una paciente embarazada.

Esquivando la criminalización y la vigilancia

Uno de los mayores desafíos de esta red transfronteriza es trasladar las píldoras abortivas por la frontera.

En Texas, el suministro de píldoras abortivas puede acarrear una pena de cárcel

Para las clientas de México, las normas de las farmacias locales facilitan el envío de medicamentos por correo o mediante aplicaciones de entrega. Pero hacer llegar las píldoras a EEUU es otro cantar. A veces, las acompañantes tienen que encontrar allegados a la usuaria estadounidense u otras personas dispuestas a cruzar la frontera con el misoprostol. En Texas, el suministro de píldoras abortivas puede acarrear una pena de cárcel.

La mayoría de las proveedoras con las que hablamos en México no parecen preocuparse del riesgo de ser imputadas por autoridades estadounidenses, aunque sí por la seguridad de las mujeres a las que ayudan –y por sus familias.

Pero Karina de la Cruz, activista de Marea Verde Nogales, en la frontera con Arizona, afirma que acompañantes de Nogales le han confiado que temen ser criminalizadas por llevar píldoras abortivas a EEUU.

“Las restricciones en Estados Unidos nos pondrían a nosotras o a cualquiera que quiera ayudarnos al mismo nivel que los narcotraficantes, porque estaríamos cometiendo un delito al llevar allí el medicamento [misoprostol]”, dice.

La seguridad online también es crucial. Salma, una acompañante de Chihuahua que pidió no publicar su apellido, afirma que ella y muchas de sus colegas tuvieron que cambiar sus protocolos de comunicación con las personas a las que ayudan.

Por ejemplo, dejaron de utilizar aplicaciones de mensajería instantánea de Meta, como WhatsApp, Messenger e Instagram, luego de que Facebook reveló información a las fuerzas de seguridad de EEUU en el caso del aborto de una adolescente en Nebraska. Las autoridades estatales revisaron los mensajes privados de la chica, en los que supuestamente se detallaba cómo se había practicado un aborto con pastillas.

Precios al alza y escasez

Las restricciones de EEUU desde la anulación de la sentencia Roe también impactan en la demanda de medicamentos abortivos en México.

Varias organizaciones mexicanas entrevistadas por openDemocracy han tenido dificultades para conseguir misoprostol de sus proveedores habituales. “Después de todas estas acciones contra el aborto en Estados Unidos, hubo escasez de misoprostol en México”, dice Salma. Aunque consiguieron negociar un precio bajo (240 pesos mexicanos, 14 dólares, por caja), frente al precio habitual de venta al público de 520 pesos mexicanos (30 dólares), los precios están subiendo.

La organización Colectiva Libre Feminista, con sede en Ciudad Juárez, estuvo recaudando fondos para un almacén de misoprostol, con el fin de ayudar a las mujeres necesitadas en territorio mexicano y en El Paso, Texas.

Si las farmacias se muestran reacias a venderles pastillas de misoprostol, recurren a un hombre para que las compre, “porque es más fácil para ellos que para una mujer”, explica Aylin Flores De la Rosa, miembro fundadora del grupo.

Las defensoras del aborto en México también están preocupadas por un posible aumento del costo de los abortos quirúrgicos, así como de otros procedimientos de salud sexual y reproductiva.

Actualmente, el sistema público de salud ofrece un número limitado de estos procedimientos de forma gratuita, según Laura Dorado, de Aborto Seguro Chihuahua. Pero se teme que los hospitales privados puedan ver una oportunidad de ofrecer estos servicios, y hacerlo a un precio elevado, poniéndolos fuera del alcance de las mujeres mexicanas, pero al alcance de sus pares estadounidenses.

“Los extranjeros vienen aquí por odontología, cirugía plástica y procedimientos médicos que son demasiado caros en su país. Vienen aquí porque es barato para ellos, pero para la gente que vive aquí es costoso”, dice Flores.

A pesar de las dificultades, las activistas de ambos lados de la frontera son optimistas. Mariela Castro afirma: “Las mujeres de EEUU no estarán solas mientras haya mujeres del otro lado organizándose”.

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Este artículo fue publicado originalmente por openDemocracy y La Verdad de Juárez.