En cualquier análisis de las consecuencias de la marea negra ocasionada por el petrolero Prestige en noviembre de 2002, en caliente en su día o en frío con ocasión de un aniversario redondo, la última pregunta era: ¿qué pasaría si volviese a darse una situación similar? Colecciono varias respuestas. Desde la difunta Loyola de Palacio, que me largó un apasionado relatorio de las medidas cautelares que la UE iba a poner en marcha, hasta las de marineros que habían luchado contra el chapapote por mar y tierra, y que aseguraban que pasaría lo mismo. La marea negra ha faltado a su cita habitual en la costa gallega de una por década, pero ha sido sustituida por una blanca, en principio mucho menos aparatosa y parece ser que menos nociva. Pero la reacción, tanto por parte de las autoridades como de la ciudadanía, es en esencia asombrosamente similar.

Los hechos desnudos son que uno de los miles de mercantes que pasan por delante de la costa gallega, el Toconao, perdió el 8 de diciembre, cuando todavía navegaba en aguas portuguesas, seis contenedores. Al menos uno de ellos contenía alrededor de un millar de sacos de 25 kilos de “pellets” de plástico. Los “pellets”, “nurdles” o “granza” (¡e incluso “lágrimas de sirena”!) son unos microplásticos que se utilizan como materia prima para, al fundirlos, producir todo tipo de elementos plásticos. Estos habían sido fabricados por la empresa polaca Bedeko Europe. La organización ecologista Noia Limpa alertó esa misma semana de que había detectado sacos flotando al sur de Fisterra. El día 13 aparecieron los primeros sacos. Fue en las playas de Santa Uxía de Ribeira, por si quieren ir identificando/bautizando la “zona cero”. 

La primera norma de gestión de desastres en España, antes de delimitar el problema o su posible solución, es no verlo, negarlo. “Las playas están esplendorosas”, que había dicho un ministro al bajarse del helicóptero o “la rápida intervención de las autoridades españolas alejando el barco de las costas, hace que no temamos una catástrofe ecológica”, como dijo otro a pie de playa, cuando Muxía llevaba ocho horas teñida de negro. Aquí no ha habido naufragio alguno que retransmitir en directo ni helicópteros de salvamento al rescate, ni ruedas de prensa preñadas de calma tensa. Y, por lo tanto, no ha pasado nada. Hasta que, ya en 2024, más o menos el primer día hábil del año, empieza el tam-tam de las redes sociales: hay una marea blanca de plásticos y ninguna información oficial no ya de sus posibles consecuencias, sino de su mera existencia. Varias de las denuncias alcanzan cientos de miles de impactos en X, Instagram o TikTok.

La segunda norma de Primero de Gestión de Desastres, Incidencias y Contingencias a la Española (GDICE) es encontrar a quién echarle la culpa. En los primeros momentos del Prestige, como las administraciones central y autonómica estaban en las mismas manos, el Gobierno amenazó con querellarse contra el Reino Unido, por creer que el destino del petrolero era Gibraltar, Bahamas (donde estaba abanderado el petrolero), Letonia (puerto de origen) y Grecia (nacionalidad de la empresa armadora). En este caso, al tener distinto color político, el presunto culpable está más a mano. El día de Reyes, el conselleiro de Mar, Alfonso Villares, echó en cara al Gobierno de Sánchez tener conocimiento de los hechos desde mediados de diciembre y no haberlos informado hasta la primera semana de enero. La Delegación del Gobierno aseguró que había sido el servicio 112, dependiente de la Xunta de Galicia, quien había avisado de los primeros avistamientos al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y al de Transición Ecológica, mediante la Demarcación de Costas.  

Lo que ambas administraciones no desmienten es que ya el 20 de diciembre, el abogado de la compañía aseguradora comunica oficialmente la pérdida a Salvamento Marítimo (Transportes) y avisa de que ha contratado técnicos para el seguimiento del material esparcido y que está a disposición de las instituciones para pagar los costes de la limpieza (la tal disposición flaquea posteriormente, por no estar clara si la responsabilidad es de Bedeko o de Maersk, la multinacional del transporte marítimo). Ese mismo día, Salvamento comunica al Servicio de Guardacostas (Consellería do Mar) la llegada de los pellets. Por su parte, los ayuntamientos habían avisado a la Xunta y habían preguntado qué hacían con los pellets aparecidos. En resumen, a finales de diciembre, todas las administraciones lo sabían. El día 3 de enero, el presidente gallego y candidato a la reelección, Alfonso Rueda, se acercó a una de las zonas afectadas, Muros, pero para tomar un café con la militancia local. Ni pisó la playa ni tocó el tema. Manuel Fraga tardó doce días en dejarse ver por los lugares afectados. Los otros candidatos a la presidencia sí se habían retratado a pie de desastre. Tanto a los de entonces como a los actuales les corresponde parte de la culpa oficial, por hacer electoralismo. 

En el desastre del Prestige, el Gobierno de José María Aznar cometió el enorme error político de tratar al de Manuel Fraga como si éste fuese únicamente el administrador de la finca. El reparto de competencias actual atribuye a Madrid la gestión de cualquier incidente que ocurra en mar abierto. En la costa, la responsabilidad corresponde a Santiago y a los ayuntamientos. Para que actúe la administración central, tienen que activarse los planes locales, o el autonómico. Los máximos responsables de ambas administraciones hablan por teléfono para ofrecerse, recíprocamente, a colaborar. Una especie de “cuelga tú- no, tú”. Finalmente, la Xunta, el 5 de enero, activó el Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental de Galicia (plan CAMGAL), pero sólo en fase 1. Para que el Gobierno pueda actuar es necesario estar en fase 2, y una solicitud formal de ayuda. “No podemos ayudar si no nos abren la puerta”, ejemplificó una fuente ministerial. Pero el gobierno gallego considera, “en base a informes técnicos y científicos” que la cosa no es para tanto. 

El cuarto grado de GDICE es jibarizar las posibles consecuencias. “El bichito que, si se cae, se mata” del ministro de Sanidad cuando el síndrome de la colza desnaturalizada, o “el chapapote que se convertirá en adoquín en el fondo del mar” del Prestige. El informe que este lunes difundió la Xunta, elaborado por el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar), asegura que se trata de “un material inerte compuesto por plásticos sin aditivos y por lo tanto inocuos”, aunque se reconoce que hay que retirar el material, porque es ajeno al entorno marino. Sin embargo, hay expertos a los que no les cuadran esas cuentas. 

“No me extrañaría que en el contenedor o los contenedores caídos al mar hubiera compuestos diferentes, porque a mí al menos me llegan referencias de dos distintos. Según el Intecmar, se trata de polietileno, pero el Parque Nacional das Illas Atlánticas nos indica que ellos han recogido muestras de tereftalato de polietileno”, señala en Público Ricardo Beiras, profesor de Ecología y Biología Marina en la Universidad de Vigo. La misma información recoge la opinión de una especialista del CSIC de que, además de la contaminación física, hay contaminación química. “Los pellets, de por sí, contienen sustancias dañinas, pero a ello se agrega sus cualidades de absorción. Son una suerte de esponja que agrega contaminantes que ya están en el agua marina”. No hay estudios determinantes sobre los efectos de la presencia de microplásticos en el medio marino, aunque sí evidencias empíricas, como las que apuntaba The Guardian hace un par de años. Pero, 21 años después del Prestige, sigue sin haber un estudio en profundidad de sus efectos contaminantes.

El quinto e imprescindible paso de primero de GDICE es hacer que se hace. La alcaldesa de Muros (Ía Lago, BNG) se quejó en su Facebook de que por una playa del municipio aparecieron cuatro trabajadores de Tragsa (la empresa de capital público que ya se encargó de labores de recogida en la marea negra) a pedirles el material ya recogido. Cuando apareció un equipo de TVG, se pusieron a recoger las bolitas a mano, hasta que, diez minutos después, unos y otros se fueron. 

Otro elemento icónico de esta etapa es el momento “mapa”. La Xunta ha difundido fotos de reuniones de altos cargos y técnicos alrededor de un mapa (en uno se señalaba el lugar del vertido que había tenido lugar al menos veinte días antes). La última ilustra unas declaraciones del conselleiro del Mar, Alfonso Villares en las que destaca el trabajo desarrollado por “el operativo desplegado por la Xunta en la vigilancia y detección de la presencia de pellets en la costa gallega” y aclara que son 200 efectivos (no especifica si humanos y/o materiales) en los treinta ayuntamientos afectados. Menos de siete efectivos por ayuntamiento, lo que recuerda a los 350 efectivos desplegados dos días después de la primera marea negra del Prestige, que embadurnó 190 kilómetros de costa: uno para casi dos kilómetros de costa. La nota oficial recuerda a la ciudadanía que la Xunta dispone de 23 barcos guardacostas (al parecer, insuficientes para avistar lo que se venía encima).

El sexto mandamiento de la No Gestión es esperar a que alguien lo arregle. Como es de común conocimiento, en el Prestige fueron cientos de miles de voluntarios, atendidos y apoyados por la solidaridad vecinal. Ahora quienes están en las playas son también voluntarios, sin más medios (pese a los 200 efectivos y los 23 barcos guardacostas) que los suyos y los que les ofrecen los ayuntamientos. Como dijo Alfonso Rueda en X: “Galicia está trabajando en la limpieza de las playas […] No todo es campaña y confrontación. Lo importante es resolver. Y así se hará”. Efectivamente, es Galicia quien limpia, no él.