Obras de arte valoradas en unos 40 millones de euros están “secuestradas” en una antigua fundición militar de la región de Occitania, a los pies de los Pirineos franceses. El autor de la acción, el artista ruso Andrei Molodkin, las retiene en una caja fuerte y está dispuesto a destruirlas si Assange muere en prisión. No ha desvelado los títulos de los cuadros que aguardan el incierto destino embalados en cajas en su estudio de Maubourguet, a corta distancia de Pau y Tarbes. Pero incluyen al parecer originales de Rembrandt, Andy Warhol, Picasso, Andrés Serrano y Santiago Sierra, entre otros, que se desintegrarán en una lluvia de ácido en cuanto el creador conceptual active un mecanismo que ha bautizado como Dead man’s switch (literalmente, “interruptor del hombre muerto”).

Para Stella Assange, representa un “escudo de arte” en torno a su esposo y exdirector de WikiLeaks. Julian Assange lleva cinco años recluido en el penal de máxima seguridad de Belmarsh, al sureste de Londres, sin cargos pendientes en Reino Unido. Antes pasó siete años confinado en el limitado espacio de la Embajada de Ecuador, donde se refugió en 2012 al perder el procedimiento de extradición a Suecia relacionado con denuncias de abuso sexual que finalmente fueron archivadas. Ya entonces temía que Estocolmo fuera tan solo una escala en su entrega a Estados Unidos, en represalia por la publicación dos años antes en WikiLeaks de archivos confidenciales filtrados por la exanalista militar Chelsea Manning.

Molodkin, que ha sufrido censura en sus intervenciones públicas –en 2002 proyectó en Londres la obra Putin lleno de sangre ucraniana–, defiende la libertad de expresión y cuestiona en su trabajo conceptos en torno a la democracia y el poder. En la acción dedicada a Assange emplaza a las autoridades estadounidenses y británicas a excarcelarlo y retirar los cargos, so pena de destruir las donaciones artísticas. “No quiero hacer esto y usted tiene el poder de evitarlo”, escribe al presidente Joe Biden en una carta que, según la revista The New Yorker, redactó asesorado por expertos en negociación de rehenes.

Washington respondió a la misiva en la sala 5 del palacio de Justicia de Londres. La abogada contratada por la fiscalía británica, Clair Dobbin, reafirmó la intención del aliado transatlántico de bloquear la vía del recurso a la extradición en un juicio que quedó visto para sentencia el 21 de febrero, tras dos intensas jornadas de argumentos. “No se puede tratar al imputado como a un periodista normal”, sostuvo Dobbin, negando a Assange los derechos fundamentales de expresión y difusión de información verídica que amparan la Convención Europea de Derechos Humanos y la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

Los últimos recursos legales

El equipo de Assange defendió en la vista el permiso solicitado –y previamente denegado sin careo público– para apelar los puntos de la sentencia en primera instancia favorables a la expulsión del Reino Unido, que la entonces ministra de Interior, Priti Patel, ratificó en junio de 2022. Los abogados Edward Fitzgerald y Marc Summers hicieron hincapié en la urgencia de revisar las cuestiones de índole política, protección de derechos y libertades fundamentales, que debieron anular la acción estadounidense años atrás.

“Han expuesto argumentos potentes sobre la naturaleza política de las acciones que imputan a Assange, el uso sin precedentes de la Ley de Espionaje para atacar la actividad periodística, la alarmante planificación por parte de funcionarios de la CIA para asesinar a Assange y las protecciones que aplicaría el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en este caso”, declaró a este medio Rebecca Vincent, directora de campañas en Reporteros Sin Fronteras.

La activista recuerda que es la “primera vez en tres años” que un tribunal aborda “asuntos sustanciales sobre las implicaciones del caso, no solo el preocupante estado de salud mental” del periodista australiano, de 52 años. Se refiere al recurso que Washington ganó contra la sentencia de 2021, que frenó la extradición por motivos humanitarios. La magistrada de Westminster, Vanessa Baraitser, consideró entonces que sería “opresivo” extraditarlo debido al alto riesgo de que se suicidara en el régimen penal extremo vigente para los casos de seguridad nacional.

En diciembre del mismo año, dos jueces de apelación consintieron la entrega en base a “garantías diplomáticas” centradas en atención médica, condiciones carcelarias y posibilidad de cumplir parte de la sentencia en Australia. Respetaron, no obstante, el veredicto inicial sobre la frágil salud mental del recluso. El Supremo rechazó considerar la causa, acelerando el proceso hasta la ejecutiva ministerial. “Cada día que Julian sigue en prisión, su vida corre peligro. Morirá si es extraditado”, sentenció su esposa y asesora legal en un reciente encuentro con la Asociación de Periodistas Extranjeros en Londres (FPA).

Enfermo en la celda

Assange fue el gran ausente en su propio juicio. No se sentó detrás de los barrotes de la sala 5, de estética catedralicia e infraestructura arcaica. Tampoco siguió las deliberaciones cruciales sobre su futuro en conexión audiovisual desde Belmarsh. “Se siente mal”, confirmó Fitzgerald. “Es inquietante”, afirma Vincent. “Le visitamos en enero y también estaba enfermo, con dolores. Se había roto una costilla a consecuencia de una tos incesante”. La Embajada australiana tuvo que intervenir en el periodo navideño para que un médico le atendiera en la cárcel. El primer ministro laborista, Anthony Albanese, ha emitido repetidas señales de que ya es hora de que Assange “regrese a casa”.

Assange fue el gran ausente en su propio juicio.

Miguel Urbán Crespo, diputado europeo de Anticapitalistas, participó en la protesta popular ante la sede judicial, que culminó en una marcha hasta la verja de la residencia oficial de la jefatura de Gobierno, en Downing Street. “Posicionarse contra la extradición es defender la libertad de expresión, prensa e información y denunciar la persecución y censura política de quienes muestran las peores dinámicas del poder: violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra o asesinatos de periodistas”, declaró a CTXT.

Urbán viajó a Londres con europarlamentarios del grupo The Left consciente de que “lo que se decide aquí no es únicamente la extradición de Assange, sino el derecho a la información de la ciudadanía”. “Hacer periodismo no es delito y exigimos su liberación y una compensación por detención arbitraria y privación de libertad”, remarcó.

Motivación política e impunidad estatal

Assange está imputado por intrusión en un sistema informático con la intención de ayudar a Manning a acceder y transmitir datos confidenciales relacionados con la defensa nacional de EEUU. Más controvertidos aún son los 17 cargos adicionales de obtención y divulgación de información clasificada en violación de la Ley de Espionaje, de 1917.

El abogado Edward Fitzgerald recalcó que son “delitos políticos” y, por tanto, excluidos de los motivos aceptados en el Tratado Angloamericano de Extradición. A su vez, incidió en el móvil de la persecución del exeditor de WikiLeaks. “Es perfectamente obvia la motivación de EEUU: mantener, a cualquier costo, su impunidad por los crímenes que Assange había revelado, así como disuadir cualquier divulgación adicional”, expuso el letrado a la jueza Victoria Sharp, quien presidió las vistas junto a Jeremy Johnson.

Por el contrario, la abogada de la fiscalía advirtió que ningún periodista es inmune a un delito penal y reiteró que su cliente quiere juzgar a Assange en el estado de Virginia por “ayudar y alentar o conspirar con Manning para obtener información clasificada”, que WikiLeaks publicó “sin editar”, es decir, sin ocultar los nombres de informantes y colaboradores de EEUU en Irak y Afganistán, entre otros países. “Amenazó con dañar los intereses estratégicos y de seguridad nacional de EEUU y puso en grave riesgo la seguridad de cientos de individuos”, alegó.

La abogada revalidó la conclusión de Baraitser, razonada en la sentencia original, de que el creador de la pionera plataforma digital “no está siendo procesado debido a sus ‘opiniones políticas’, sino porque se le acusa de haber cometido graves delitos penales”. “Esta decisión es incuestionable y no hay error que demuestre que la magistrada se equivocó”, arguyó en la sesión judicial con reverberaciones internacionales.

Labor periodística

Para Simon Crowther, asesor legal de Amnistía Internacional, “es muy evidente que Assange estaba haciendo lo que los editores hacen todo el tiempo, que es recibir material clasificado de una fuente y publicarlo cuando es de interés público, cuando expone crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, tortura, ejecuciones extrajudiciales”. “No hay absolutamente ninguna duda de que está protegido por el Artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos”, concluye Crowther.

No hay pruebas de represalias mortales contra ningún informante destapado en la filtración.

El principio de proporcionalidad entraría en juego para sopesar el daño causado con la publicación en bruto de la identidad de colaboradores de las Fuerzas Armadas y agencias de Inteligencia con el interés público en dar a conocer crímenes de Estado, según explica el experto de AI. Antes de salir del juzgado, Crowther aclara que WikiLeaks no fue el primer medio en subir a la web los partes diplomáticos comprometedores una vez que la clave de acceso al fichero original fuera desvelada por periodistas del diario The Guardian. No hay pruebas de represalias mortales contra ningún informante destapado en la filtración.

La decisión del Alto Tribunal, que se espera en torno a primavera, será decisiva para Assange y la libertad de prensa. Un fallo favorable al australiano en uno o más puntos en disputa le permitirá recurrir la sentencia de primera instancia ante la Corte de Apelación de Inglaterra y Gales. Una resolución en su contra podría precipitar su traslado a EEUU sin tiempo de solicitar la intervención urgente de los jueces de Estrasburgo. Son los únicos, con la excepción de los jefes de los gobiernos involucrados, que entonces podrían frenar la entrega de Londres a Washington del héroe de la transparencia, la paz y la democracia, para unos, o del maldito propagandista y traidor, para otros.