La postura del Gobierno alemán en la guerra de Gaza y el trato cada vez más represivo que muestra hacia sus detractores está aumentando la preocupación nacional e internacional. El Gobierno formado por socialdemócratas, verdes y liberales sigue prometiendo apoyo militar y diplomático incondicional al Estado de Israel, que actualmente está siendo juzgado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya por cargos de genocidio, una acusación que el propio tribunal califica de “plausible”. Intelectuales y artistas de renombre internacional –incluidas algunas voces judías– comprometidos con los derechos humanos, como Nancy Fraser, Laurie Anderson y Masha Gessen, no son bienvenidas en Alemania, se cancelan sus cátedras como invitadas y sus ceremonias de entrega de premios. Su delito: denunciar los crímenes de guerra y las violaciones de derechos humanos en Gaza, todo ello ampliamente documentado, y exigir lo que la Asamblea General de la ONU también está pidiendo de forma abrumadora: un alto el fuego inmediato y permanente para poner fin a la matanza sin sentido en Gaza. Mientras tanto, más de 33.843 personas, entre ellas 13.000 niños, han sido víctimas de los bombardeos y la hambruna ya está presente.

Sin embargo, la lista de proscritos dista mucho de haber terminado, y crece casi a diario. Los cineastas Yuval Abraham, de Israel, y Basel Adra, de Palestina, que recibieron el Premio de Cine Documental de la Berlinale por su película No Other Land, que versa sobre las expulsiones en Cisjordania, fueron acusados de antisemitismo por políticos y destacados medios de comunicación porque pedían el fin de la entrega de armas alemanas a Israel, que se había multiplicado por diez durante la guerra. Y porque se atrevieron a utilizar la palabra apartheid, término que las dos principales organizaciones de derechos humanos del mundo, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, llevan años utilizando en lo que respecta a Israel tras muchos años de estudios en profundidad sobre el terreno. Cualquiera que hoy en Alemania invoque a la ONU, al derecho internacional y a las organizaciones de derechos humanos reconocidas es declarado persona non grata, alguien que odia a Israel, un antisemita.

Cualquier persona que en estos momentos critique a Israel se arriesga a que se le prohíba entrar en el país

Y eso no es todo: cualquier persona que en estos momentos critique a Israel se arriesga incluso a que se le prohíba entrar en el país y participar en actividades políticas, como el exministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis y el cirujano británico-palestino de renombre mundial y rector de la Universidad de Glasgow, Ghassan Abu Sittah, al que las autoridades alemanas detuvieron en el aeropuerto durante varias horas y después enviaron de regreso a Gran Bretaña. Sittah había trabajado para Médicos Sin Fronteras en el ahora destruido hospital Al-Shifa de Gaza durante la primera fase de los bombardeos, en octubre y noviembre, e informó de sus experiencias al Tribunal Internacional de Justicia en enero. Al parecer, el Gobierno de Berlín no quiso que el público alemán escuchara su testimonio. Ambos, Varoufakis y Sittah, fueron invitados a hablar en una conferencia sobre Palestina celebrada en Berlín del 12 al 14 de abril, a la que también asistieron numerosos participantes judíos.

Sin embargo, la conferencia, de tres días de duración, fue clausurada a las dos horas por la policía, que cortó la electricidad sin contemplaciones. La razón oficial: la retransmisión por Internet de una colaboración del investigador y escritor palestino Salman Abu Sitta, de 87 años. A Sitta se le había prohibido entrar en el país y participar en actividades políticas por haber señalado, en un artículo, que de joven podría haber sido uno de los perpetradores del sangriento ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. La base jurídica sobre la que se puede clausurar todo un congreso porque un solo orador haga declaraciones cuestionables sigue siendo un secreto de las autoridades.

Mientras las encuestas muestran que el 69% de los alemanes consideran injustificadas las acciones de Israel en Gaza, el Gobierno alemán sigue apoyando incondicionalmente a su aliado. Al hacerlo, adopta medidas cada vez más draconianas contra sus críticos y emprende un peligroso camino de confrontación con la libertad de pensamiento y las normas jurídicas internacionales. De este modo, Alemania amenaza con sumergirse cada vez más en un orden autoritario y represivo.

El 69% de los alemanes consideran injustificadas las acciones de Israel en Gaza

Desde una perspectiva internacional, Alemania lleva mucho tiempo jugándose su reputación. Esto se refleja, entre otras cosas, en la demanda que interpuso Nicaragua contra el Estado alemán por complicidad en genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, un caso que ha recibido un amplio apoyo en los países del hemisferio sur. Ante la difusión de la “cultura de la cancelación” de los actos críticos con Israel, los artistas e intelectuales internacionales también dan cada vez más la espalda a Alemania. La Premio Nobel francesa Annie Ernaux, por ejemplo, se ha sumado a una iniciativa que pide el boicot de las instituciones culturales alemanas gestionadas por el Estado porque Alemania aplica una política “al estilo McCarthy” que suprime la libertad de expresión.

Como justificación a la aberración del Gobierno alemán se suele decir que Alemania debe estar rotundamente del lado de Israel debido a su historia. Sin embargo, ¿puede extraerse una buena enseñanza del mayor crimen de la historia de la humanidad al posicionarse en contra del derecho internacional, los derechos humanos y la libertad de opinión? ¿Es la consecuencia ética correcta prometer solidaridad eterna e incondicional a un Estado concreto, independientemente de quién gobierne ese Estado (en el caso de Israel, actualmente son extremistas de derechas) y de lo que hagan? ¿No deberíamos mostrar nuestra solidaridad con las personas afectadas por la guerra, es decir, las 1.200 víctimas israelíes y las 33.843 palestinas a partes iguales? ¿No se infiere de la culpa del pasado que los gobiernos alemanes en particular deberían proteger los derechos de las personas independientemente de su origen, nacionalidad, color de piel y religión frente a la persecución, el trauma y la muerte? ¿Pero por qué los políticos alemanes no ofrecen esta protección a los habitantes de Gaza? ¿Por qué quienes defienden estos derechos y quieren evitar más muertes son condenados al ostracismo y vetados de la esfera pública alemana? Actualmente, en Alemania, la verdad y la justicia están patas arriba y el resto del mundo mira negando con la cabeza.

-------------------------

Traducción de Paloma Farré.