El mercado laboral español ha experimentado altos niveles de temporalidad en las últimas décadas, circunstancia que tiene efectos muy negativos en la trayectoria laboral y vital de las personas. En respuesta a esta problemática, el Gobierno de la anterior legislatura implementó reformas para reducir la temporalidad en el empleo. Los resultados de un reciente estudio elaborado por Alejandro Godino, Oscar Molina y Fátima Suleman, muestran que las medidas aprobadas están generando buenos resultados.

El mercado de trabajo en nuestro país se ha caracterizado por altos niveles de desempleo desde 1970. En un esfuerzo por hacer frente a este problema, a mediados de la década de 1980 se aplicaron medidas de flexibilidad, en particular el uso generalizado de la contratación temporal. Estas reformas dieron lugar a un modelo de empleo muy sensible a los vaivenes económicos.

Los trabajadores más jóvenes, junto con otros grupos sociales (por ejemplo, inmigrantes, mujeres y trabajadores poco cualificados), han tenido una posición central en esta flexibilización y en el crecimiento del empleo temporal. España se vio muy afectada por la recesión económica de 2008, convirtiéndose, junto con Grecia y Portugal, en los países europeos que sufrieron los efectos laborales más severos, siendo los trabajadores jóvenes que ocupaban empleos temporales los más afectados por la destrucción de empleo y la falta de oportunidades laborales. Las circunstancias se agravaron todavía más a partir de la reforma laboral de 2012 (durante el Gobierno de Rajoy) que abarató el despido.

A continuación, la crisis de la covid exacerbó los problemas que se arrastraban desde el shock económico anterior. Con el impacto de la pandemia, se produjeron aumentos de un 5% en la tasa de desempleo y una reducción en torno al 4-5% de la tasa de actividad, mientras la temporalidad se reducía como consecuencia de una paralización económica que frenó la renovación o creación de contratos temporales. Así, el shock económico de marzo de 2020 expulsó del mercado laboral a una parte importante de trabajadores temporales, mientras muchas de las personas desocupadas que buscaban empleo desistían ante la falta de oportunidades. Fue una situación similar a la que vivieron los jóvenes en 2008. La sucesión de períodos de desempleo seguida de etapas prolongadas de temporalidad no puede considerarse simplemente un bache en la carrera de los jóvenes, sino que a menudo tiene efectos permanentes en su trayectoria laboral. Por lo tanto, el efecto compuesto de las dos crisis sobre las trayectorias laborales de los jóvenes fue enorme.

La elevada tasa de empleo temporal en nuestro país no se debe únicamente a la importancia de sectores con un fuerte componente estacional, como puede ser el turismo, sino que obedece a un patrón estructural. El tamaño pequeño de las empresas y la gran extensión del sector servicios, junto a una cultura empresarial de normalización del uso de la contratación temporal, pueden estar detrás de la elevada rotación y la escasa conversión de temporales a fijos en ambos países.

Estas tendencias han contribuido a configurar mercados de trabajo fuertemente desiguales, con una posición particularmente vulnerable para la población más joven. Ciertos enfoques consideran esta inestabilidad como un aspecto definitorio de las trayectorias laborales juveniles de esta época, asumiéndola como un fenómeno coyuntural y de progresiva desaparición. Sin embargo, la realidad es que las trayectorias precarias e intermitentes se consolidan más allá de una edad temprana para determinados colectivos, incluso con la cronificación de itinerarios laborales inestables.

Este uso sistemático de la temporalidad fue uno de los principales motivos para la reforma laboral realizada por el Gobierno español en diciembre de 2021. La ley pretendía reducir la temporalidad mediante la eliminación de los contratos por obra y servicio, la reducción a un año de la duración máxima de los contratos temporales, la limitación de los posibles motivos para su uso y la ampliación de los contratos fijos discontinuos para los trabajos de temporada.

Si bien la reforma laboral fue aprobada en diciembre de 2021, su funcionamiento no fue plenamente obligatorio hasta abril de 2022, centrándose por tanto el presente análisis en el segundo trimestre de cada anualidad. Así, los datos muestran una reducción de la temporalidad del 4,5% en 2022 y de un mayor 9,5% en 2023 respecto al segundo trimestre de 2017 para el conjunto de la población asalariada. Esto se ha producido junto a una paralela reducción de la tasa de desempleo, mientras que la tasa de actividad se ha mantenido relativamente estable, lo que descarta interpretaciones que apuntaban a una expulsión de personas del mercado de trabajo.

Estos efectos parecen particularmente claros en el caso de la población joven: la reducción de la temporalidad es del 10,4% en 2022 y del 21,2% en 2023, mientras el desempleo se reduce en cifras alrededor del 9% en ambos períodos y la tasa de actividad se mantiene estable. De esa manera, respecto a 2019, la reducción de la temporalidad en los jóvenes españoles ha sido de más del 8% en un corto plazo después de la aprobación de la reforma y de casi el 19% más de un año después de su implementación, porcentajes que prácticamente doblan a los observados en la población general.

En conclusión, puede afirmarse que la aprobación de la reforma ha supuesto una disminución de la temporalidad en la población joven de España, sin una destrucción aparente de puestos de trabajo.