El pasado 27 de agosto, días después de que la vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, cuyo vínculo con genocidas de la última dictadura militar es hoy vox populi, afirmara que “todos los montoneros tienen que estar presos, respondiendo por ensangrentar nuestra nación”, dio comienzo un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad que se produjeron en la Argentina durante la última dictadura cívico militar eclesiástica (que tuvo lugar entre los años 1976 y 1983). Los hechos bajo juicio son los que sucedieron en el circuito represivo de la zona oeste del Gran Buenos Aires, un mapa del horror encabezado por el centro clandestino conocido como Mansión Seré, el primero en ser recuperado, en democracia, como un Espacio de Memoria. Los acusados, en esta ocasión, son cinco: todos integraron la Fuerza Aérea, brazo armado a cargo de la represión ilegal en la zona durante los años setenta, y ninguno, hasta ahora, fue juzgado por secuestros, torturas, abusos sexuales y asesinatos durante el terrorismo de Estado, hechos que serán expuestos a lo largo de las audiencias.

CTXT pudo entrevistar a una de las querellantes y testigos clave de la causa, Zoraida Martín, quien fue detenida y desaparecida con sólo 16 años y que hoy encabeza la organización de Ex detenidxs  y desaparecidxs Mansión Seré y zona Oeste. Junto a ella, son 133 las personas que sufrieron crímenes de lesa humanidad en el circuito represivo de la zona oeste del Gran Buenos Aires. 

Zoraida nació en Mendoza (provincia argentina que limita con Chile), pero siendo ella muy pequeña su familia se mudó a Villa Udaondo, Ituzaingó (Oeste del Gran Buenos Aires), zona fabril del conurbano bonaerense. Tenía 11 años cuando empezó a militar, militancia que después siguió en la escuela con la Unión de Estudiantes Secundarios (UES-Célula Montoneros). A los 13 empezó a trabajar en una fábrica de productos de cuero que quedaba cerca de su casa. Se levantaba a las cinco de la mañana y trabajaba hasta que caía el sol para irse luego a la escuela nocturna a seguir sus estudios. Fue en su barrio, con calles de tierra y sin los servicios básicos garantizados, donde conoció a militantes montoneros: “Se notaba enseguida que eran de clase más acomodada que nosotros”, dice Zoraida. “Y yo pensé, si ellos vienen a ayudarnos a nosotros, cómo nosotros no nos vamos a incorporar a su lucha”. 

¿Cómo fue el día que la secuestraron?

Primero secuestraron a mi hermana, que tenía 14 años. Me acuerdo de que ese día llegué tarde a casa y, como hacía siempre para que no me castigaran, entré por la puerta de atrás. Cuando llego al comedor, encuentro a mi mamá amordazada y a mis hermanos menores aterrorizados (el más chiquito no volvió a hablar). Se habían llevado a mi hermana. Yo salí rápido de mi casa y mi papá me compró un pasaje a Mendoza, donde teníamos familia. Era enero de 1977, pero me venían siguiendo el rastro desde, por lo menos, un mes antes. Había muchos controles en el camino, así que me bajé en San Luis, antes de llegar a Mendoza, e hice dedo hasta la casa de mi tía que se encontraba en Godoy Cruz. Si bien sabía lo que me esperaba, no imaginé que sería tan duro. Nuestra idea era seguir militando más allá de lo que había pasado con la organización. 

En el caso de la UES, nuestras escuelas estaban intervenidas, las autoridades tenían todos nuestros datos filiatorios. ¿Adónde escapar? Si estás, como se suele decir, “regalada”. Pero nuestra ideología y convencimiento eran nuestra fortaleza, sabíamos que teníamos que seguir. Habíamos armado el centro de estudiantes del turno vespertino de la escuela secundaria N°17 de Castelar, una ciudad lindera con Ituzaingó. Mi hermana Adriana, también militante de la UES, había organizado el centro de estudiantes en su colegio, el único industrial de la zona, el Trujillo. 

¿Cómo la encontraron? 

Estaba en lo de mi tía cuando de repente llega la patota [grupo de matones], me encuentran en la calle, me cruzan dos autos. Yo escuché que decían: “La agarramos”. Me llevaron a la Base Aérea de El Plumerillo, en la provincia de Mendoza, me tuvieron encerrada en una sala un rato hasta que llegó la patota de Buenos Aires, la que me había ido a buscar a mi casa. 

¿Cómo fue su traslado a Buenos Aires?

“Abrieron la puerta del avión y me agarraron del pelo para que mirara desde ahí. ‘¿Querés visitar la provincia?’”

Me trasladaron en el Hércules, el avión que se usó para los vuelos de la muerte (que partieron de la Base Aérea de El Palomar, en Buenos Aires). Yo pude ver todo: no tenía asientos y no había divisiones entre quienes manejaban y el resto de la tripulación. Cuando pasábamos sobre Córdoba, abrieron la puerta y me agarraron del pelo para que “mirara” desde ahí. “¿Querés visitar la provincia?”, me preguntaron. Yo nunca había viajado en avión, esa fue mi primera vez. Cuando llegamos a El Palomar, me bajaron sin escalera. Me tiraron desde la puerta del avión al piso. Me fracturé la nariz y la clavícula. Me tuvieron esposada a un caño de uno de los hangares. Me torturaron. 

¿De ahí la llevaron a la Mansión Seré?

“La comisaría 3ª de Castelar fue terrible, pero me dio alegría: me reencontré con todos mis compañeros de militancia”

Yo pensé que lo peor había pasado, pero no, estaba por venir. Antes de conducirme a Mansión Seré me llevaron a la Comisaría 3ª de Castelar. Celdas minúsculas, violaciones, tortura. Ahí había una silla a la que nosotros llamábamos ‘la silla eléctrica’, donde nos conectaban los cables y el voltaje de la corriente te hacía saltar. Tratabas de no caerte porque cuando te caías venían las patadas y las trompadas. Era terrible, pero algo allí me dio alegría: había encontrado a mis compañeros de militancia, volvíamos a estar juntos. Estuve un tiempo y después me llevaron a la Mansión Seré donde todo fue peor. Ni bien llegué, me sacaron la ropa, me pusieron en el camastro, me mojaron toda y me dieron corriente. Era corriente seguida de violación, de submarino y de simulacro de fusilamiento. A pesar de todo lo que nos hacían, nuestra principal tarea y preocupación era cuidar a las embarazadas. 

La zona Oeste es de la Aérea

Los represores de la Fuerza Aérea Argentina, la pata militar que la sacó más barata en la investigación judicial por los crímenes de lesa humanidad, la mantuvieron cautiva de manera clandestina durante más de un año. En plena adolescencia, Zoraida fue torturada y abusada sexualmente en tres campos de los centros clandestinos que integraron el circuito represivo de la Zona Oeste, tres eslabones de una cadena que acumuló centenares de víctimas durante el genocidio de la última dictadura entre quienes se cuentan mujeres embarazadas, que tuvieron sus partos en cautiverio clandestino y sufrieron el robo de sus hijos. Mansión Seré fue la cabeza de un recorrido del horror integrado por la I° Brigada Aérea de Palomar, la VII Brigada Aérea de Morón, la Comisaría de Castelar, la Comisaría de Haedo, la Comisaría 1ª de Morón, el Destacamento de Paso del Rey, la VII Brigada Área de Moreno, la Subcomisaría de Francisco Álvarez, la Comisaría de Moreno y la Regional de Inteligencia “Buenos Aires”.

Los acusados en el juicio oral que comenzó a fines de agosto en los tribunales de San Martín, provincia de Buenos Aires y del que Zoraida es querellante son cinco, todos de la Aeronáutica: Juan Carlos Herrera y José Juan Zyska, de la I° Brigada Aérea de El Palomar; Ernesto Rafael Lynch, excapitán de la VIII° Brigada Aérea de Moreno; Julio César Leston, de la Regional de Inteligencia “Buenos Aires”, y Juan Carlos Vázquez Sarmiento, jefe de Contrainteligencia de ese reducto. 

Zoraida sabría meses después de su captura que Leston participó de su secuestro, de las torturas que sufrió e incluso estuvo a cargo de su “vigilancia” durante los primeros meses de “libertad” (cuando la dejaron salir de Mansión Seré, el represor la visitaba a diario en su casa y la llevaba a recorrer las calles del barrio por si se cruzaban con otros compañeros). La sobreviviente esperó más de 40 años para que la Justicia lo imputara y juzgara. Éste es el primer juicio que afronta Leston. 

Vázquez Sarmiento no solo fue uno de los jefes de la patota de la Fuerza Aérea, sino que supervisó los secuestros y los interrogatorios bajo tortura. También se apropió del bebé de una de sus cautivas, María Graciela Tauro. El represor y apropiador estuvo prófugo durante casi veinte años: fue detenido en octubre de 2021, apresado y condenado por la apropiación del nieto restituido Ezequiel Rochistein Tauro. En este debate, Vázquez Sarmiento está acusado por el secuestro del matrimonio de Patricia Rosinblit y José Pérez Rojo. La pareja tenía una beba de quince meses, Mariana Eva Pérez, y un bebé en camino. Patricia fue mantenida cautiva en la RIBA, y como María Graciela, fue trasladada a parir a la ESMA. Su hijo, Guillermo Pérez Rosinblit, fue entregado a un agente civil de la Inteligencia de la Fuerza Aérea, Francisco Gómez, y criado como hijo de él y su esposa hasta que en los años 2000 supo su verdadera identidad. Ezequiel y Guillermo son dos de los 133 nietos encontrados por Abuelas de Plaza de Mayo.

La militancia por la memoria

“Yo nunca hice terapia porque quería guardar todas las cosas que pasé de la manera más fiel”

Zoraida no fue la única integrante de su familia en ser secuestrada. A Adriana, su hermana de 14 años, se la llevaron en su lugar. La torturaron, la violaron, y la liberaron. Pero en 1977 la volvieron a secuestrar. Entonces, también se llevaron a su padre. Y al compañero de Zoraida, que fue fusilado en el centro clandestino Brigada Güemes. 

Lejos de voltearla, los dolores la fortalecieron. “Yo nunca hice terapia porque quería guardar todas las cosas que pasé, a todas las personas que ví, lo más fiel posible en mi cabeza”, explica. Y cuando pudo, convirtió aquellos recuerdos en denuncia y su memoria, en justicia. Se sumó a la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos de Zona Oeste y resistió las décadas de impunidad que reinaron en Argentina en los años noventa y que la obligaron, a ella y a todos los sobrevivientes de la dictadura, a cruzarse con sus captores, torturadores y abusadores, por las calles y a diario. 

Como tantos otros, Zoraida tuvo paciencia, constancia y perseverancia para construir el camino de la justicia. Declaró en varios juicios de lesa humanidad que, en el país y desde hace 21 años, condenan a represores. Y volverá a hacerlo dentro de algunas semanas, en el debate oral que tiene a uno de sus captores entre los acusados: Julio César Leston, que estará sentado frente a un tribunal por primera vez. “Leston me secuestró, me mantuvo cautiva y me vigilaba en mi supuesta libertad, me llevaba a la plaza a sentarme para esperar a ver si se me acercaba algún compañero de militancia”, señala Zoraida. 

¿Cómo comenzó su lucha cuando volvió la democracia?

Me acuerdo que íbamos al Juzgado de Comodoro Py, no teníamos un mango, nos tomábamos el tren y nos quedábamos en los pasillos hasta que nos abrieran la puerta, no teníamos ni siquiera para fotocopiar las causas, entonces cada hojita caliente que salía la leíamos y cuando la leíamos íbamos a ver a la secretaría del juez para decirle lo que faltaba. A los represores los íbamos encontrando nosotros, los sobrevivientes. A nuestros represores nos los cruzábamos en el tren. Sarmiento, por ejemplo, se hizo pasar por muerto, tenía hasta partida de defunción, pero lo encontramos en el tren. 

¿Cómo es hoy su vida?

Mi vida es la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Donde me llaman para contar lo que viví, allá voy: a escuelas, universidades, sindicatos. No nos han vencido, seguimos convencidos que podemos crear un mundo más justo y como decimos siempre: a dónde vayan, los iremos a buscar. 

En 2015, el Espacio de la Mansión Seré fue declarado como lugar histórico nacional. En la actualidad, en el predio conviven las direcciones de Derechos Humanos y la Dirección de Deportes y Recreación, la Casa de la Memoria y la Vida, el Espacio Mansión Seré, el polideportivo Gorki Grana y el Espacio por la Memoria de Pueblos Originarios (EMPO). Fue en ese lugar además donde el 31 de mayo se despidió a Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

A pesar del desmantelamiento de las políticas públicas en defensa de los derechos humanos que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei desde que asumió (como quitar por decreto la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado), los juicios de lesa humanidad, impulsados por víctimas y sobrevivientes, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros organismos, se siguen llevando adelante en el país y se siguen buscando A los 300 nietxs que fueron apropiadxs durante la dictadura. Hasta junio pasado, 1.187 personas fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad en 326 sentencias dictadas en todo el país desde 2006, cuando las leyes de impunidad fueron declaradas nulas y el proceso de juzgamiento a genocidas fue retomado.