Hace más de medio siglo que, desde perspectivas muy distintas, Daniel Bell y  Alain Touraine confluyeron en aludir a la centralidad de la universidad, de la ciencia y del conocimiento en la naciente sociedad postindustrial. Bell, en su conocida obra de 1973, llega a considerar al conocimiento teórico, unido a la tecnología intelectual, como el eje de la dinámica social, al resultar imprescindible para fundamentar las actividades productivas y dirigir la “complejidad organizada” en que consistiría la citada sociedad postindustrial. El ascenso de las ocupaciones científicas y técnicas sería la otra cara de este cambio social, paralelo al aumento de la educación universitaria. En un contexto muy distinto, el del mayo francés de 1968, tres años antes, y desde un enfoque notablemente más crítico, Touraine se refiere también al protagonismo social del conocimiento y de las luchas por su control y difusión, escenario en el que emergen, asimismo, los nuevos movimientos estudiantiles y del mundo universitario.

Desde entonces, los análisis atentos a la ciencia y al conocimiento, y, secundariamente, a la nueva función social de la universidad, desde planteamientos muy distintos, no dejan de aumentar. Se asiste, además, a una fuerte expansión de la matrícula universitaria y de las personas que cuentan con educación terciaria a escala global, así como de las ocupaciones que requieren esta formación y del impacto social de esta institución en el conjunto de la sociedad. La universidad hace ya mucho tiempo que deja de constituir así una institución dirigida exclusivamente a la élite o a una clase ociosa, para orientarse a sectores sociales y de actividad cada vez más amplios.

Se asiste, además, a una fuerte expansión de la matrícula universitaria

Es cierto que esta expansión se acompaña de modelos universitarios muy distintos, que divergen en la forma de vincularse con la ciudadanía y con el conjunto de la sociedad. También ocurre que las condiciones de trabajo, vida y estudio de las personas que conforman el mundo universitario, así como las que caracterizan a buena parte de las personas que cuentan con esta formación, distan mucho de asemejarse a las pronosticadas en aquellos “treinta gloriosos” años del siglo pasado, cargándose de vulnerabilidades y precariedad.

En el entorno europeo continental, primero, y del sur, después, la universidad se sitúa, por regla general, dentro del marco del Estado Social y Democrático de Derecho, aun estando fuera de la educación obligatoria, como reitera en nuestro caso la LOSU, de 2023. La universidad se caracteriza como un bien y una responsabilidad públicas, al tiempo que se afirma la importancia de su papel para el conjunto de la sociedad, y no sólo para una élite. Pero es cierto, por otro lado, que ello se acompaña en algunos casos, como está siendo el del sistema universitario madrileño, de un aumento muy notable de las universidades privadas, que superan ya a las públicas en una proporción de más de uno a tres, así como de unos precios públicos que se sitúan sistemáticamente por encima de la media nacional (en el curso pasado, el precio medio del crédito en primera matrícula en Madrid fue de 18,54€, el segundo más alto de España). Y ello sucede al tiempo que en la citada Ley se alude al “derecho al acceso” o a la necesidad de avanzar hacia “el horizonte de la gratuidad”, “la reducción de los precios públicos” o la “disminución” de las profundas diferencias existentes al respecto entre unas comunidades autónomas y otras, de acuerdo con su identificación como un bien común.

El reconocimiento de la profunda brecha existente entre las propuestas declarativas, de una parte, y las carencias no resueltas, de otra, ya puso sobre la mesa años atrás la necesidad de atender a la llamada dimensión social de la universidad, cuya importancia se reitera en las sucesivas cumbres de ministros europeas, desde la celebrada en Praga en 2001, hasta la más reciente de 2024, en Tirana. La consolidación de la relevancia de esta dimensión social se produce, además, de forma paralela al ascenso de las reivindicaciones estudiantiles durante el período de implantación del Espacio Europeo de Educación Superior. Dichas reivindicaciones ayudaron a visibilizar el contraste existente entre la proclamada igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia o en el rendimiento en la universidad, de una parte, y la persistencia de importantes desigualdades derivadas de la condición de clase, de género, de edad, o de origen nacional, de otra. Además, otros muchos aspectos de la función social de la universidad se fueron englobando en esta noción de la dimensión social de la universidad, incluyendo las condiciones de estudio, vida o trabajo y estudio de sus personas, su fertilización cruzada con los agentes locales y sus entornos geográficos, o el abordaje de los grandes retos y problemas sociales.

Los problemas se agravan enormemente cuando, como viene siendo el caso en Madrid, las universidades públicas ven estancarse su financiación en los últimos 15 años, sin que se produzca una mejoría sustantiva respecto de los agudos recortes impuestos desde 2009 en adelante. A esta situación extremadamente carencial se le suma la noticia del exiguo aumento presupuestario del 0,9 por ciento para el próximo año (frente al incremento del 18% solicitado por los rectores para, según sus palabras, poder al menos “salvar los muebles”). El resultado es que el sistema universitario público madrileño se ve empujado al incumplimiento efectivo de la función social que la LOSU le atribuye, por carecer de las partidas presupuestarias mínimas requeridas para ello. Y ello al tiempo que la parte privada de dicho sistema no sólo se aleja de los objetivos de la dimensión social por sus elevados precios, sino que acusa con frecuencia la falta de una calidad mínima, al menos a juzgar por los informes (no vinculantes) que han acompañado a parte de sus nuevas incorporaciones. En este contexto, el sistema universitario madrileño enfrenta una encrucijada que amenaza su propia supervivencia, y que supone un grave riesgo para el conjunto de la sociedad.

¿Cabe que nuestra universidad cumpla con sus funciones esenciales en el actual contexto de colapso financiero?

El sistema universitario madrileño enfrenta una encrucijada que amenaza su supervivencia

A la luz no sólo de las declaraciones efectuadas por múltiples personas integrantes de las universidades públicas madrileñas y de sus equipos directivos, sino también de la literatura científica de las últimas décadas, no cabe pensar en un estancamiento o retroceso de su dimensión social sin infringir un grave daño a la ciudadanía y al conjunto de la sociedad. La Comunidad Autónoma más rica y con mayor capacidad de atraer a estudiantes y ocupaciones con formación superior no puede seguir manteniendo sus actuales precios públicos, disminuir sus dotaciones actuales de PDI (personal docente investigador) y de PTGAS (Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios), o mantener o incluso incrementar la precariedad que sufre una parte importante de su personal sin desatender no solo a la LOSU, sino asimismo a la producción y difusión de conocimiento o a la necesidad de una formación y aprendizaje de calidad de sus habitantes, y de quienes desean estudiar en nuestras aulas.

En la misma dirección, el sistema universitario y científico, que tan útil se ha mostrado para predecir situaciones catastróficas y contribuir a la búsqueda de las mejores soluciones, como sucedió en el contexto de la pandemia, o en relación con la predicción de situaciones de riesgo vinculadas al cambio climático, no puede cumplir su función si no cuenta con los fondos, las personas y los recursos requeridos para seguir adelante con su labor investigadora y de transferencia, en la que tanto ha conseguido avanzar en las últimas décadas.

La universidad madrileña tampoco podrá seguir contribuyendo a la igualdad, a la equidad y a la inclusión si no profundiza en las políticas de apertura de puertas, de eliminación de barreras y de aprovechamiento del talento de muy distintos colectivos, también de los sectores hasta ahora vulnerabilizados. Algo que también sucederá respecto de su contribución a la profundización en los valores democráticos y sociales, propios de una sociedad compleja e inclusiva, o a la consolidación de los cambios requeridos para llevar a cabo las transiciones social, económica y medioambiental necesarias. Y todo ello  sin dejar de lado la contribución que las universidades bien dotadas aportan al PIB regional, como han puesto de manifiesto reiterados estudios de distintos institutos especializados en análisis económico.

En definitiva, no cabe volver atrás. Y la sociedad no puede esperar. El sistema universitario, singularmente el madrileño, ha de recibir las partidas presupuestarias requeridas para desarrollar sus funciones y fines adecuadamente. No puede seguir lloviendo sobre mojado.

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Margarita Barañano Cid es profesora titular del Departamento de Sociología Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y Directora del Grupo de Investigación GRESCO de la misma Universidad.

Lucila Finkel Morgenstern es profesora titular del Departamento de Sociología: Metodología y Teoría de la Universidad Complutense de Madrid.