Otro comienzo de curso. La noticia de que prácticamente la totalidad de las niñas y niños de este país asistirán a algún centro de enseñanza es un excelente indicador de bienestar social. Como señalan Juan Manuel Moreno y Lucas Gortazar en Educación universal. Por qué el proyecto más exitoso de la historia genera malestar y nuevas desigualdades, es evidente que la universalización de la educación primaria ha sido uno de los grandes avances de la historia reciente, al que también cabe añadir el crecimiento y democratización de la enseñanza secundaria, profesional y universitaria, que han pasado de ser un estrecho cuello de botella a ser uno de los mayores logros de los sistemas educativos (quizás una de las mejores fórmulas para conseguir la igualdad, si además fuera acompañada de otras medidas de justicia social y redistribución más justas y equitativas de la riqueza).

Hace algunos años no se podía decir lo mismo. En la década de 1960, cuando algunos comenzamos a escolarizarnos, en España más del 70% del alumnado era expulsado del sistema a los diez años. Diez años después aún había un millón y medio de menores sin escolarizar y únicamente el 15% de estudiantes finalizaba los estudios secundarios. Tan solo el 3% accedía a la universidad. Si abrimos el mapa del mundo, comprobamos que, en otros lugares, el objetivo ilustrado de la educación universal está lejos de cumplirse. Todavía hoy, más de sesenta millones de niñas y niños en edad de ir a la escuela primaria siguen sin escolarizar y el número aumenta si nos referimos a jóvenes en los niveles de enseñanza superior a los que es bastante más difícil acceder si no se pertenece a determinados estratos sociales (esta es otra parte de la cara oculta de la pobreza y la desigualdad en el mundo que, según datos alarmantes, sigue aumentando tras las sucesivas crisis de estas últimas décadas). 

El proyecto de educación universal es otra de las grandes ideas ilustradas que ha tenido un recorrido histórico cargado de potencia emancipadora, pero a la vez ha sido un terreno en disputa en el que también se refleja la complejidad del mundo y los diferentes intereses sociales. Como mencionan Jesús Rogero y Daniel Turienzo en EducaFakes.50 mentiras y medias verdades sobre la educación en España, “diseñar un sistema educativo no solo implica participar en la formación de los ciudadanos del presente y del futuro, sino también tomar partido, por acción u omisión, sobre el papel del Estado, la religión, la familia, la desigualdad, la naturaleza, la justicia y las formas de convivencia entre personas diversas, entre otros elementos cruciales de nuestra sociedad”.

Cualquier política pública que se proclame democrática y justa debería promover que todas las personas, a lo largo de su vida, pudieran acceder a la formación continua, sin que la desigual capacidad económica se lo impidiera. Sin embargo, Rogero y Turienzo también subrayan que nuestro sistema educativo genera un régimen de castas en el alumnado que carcome el derecho a la educación, porque rompe el principio de equidad. La educación se sitúa así también en el centro de la batalla cultural que marca el signo de nuestro tiempo, pues constituye un arma tremendamente eficaz para preservar intereses particulares y privilegios económicos, religiosos y partidistas.

La escuela ya no se entiende como un marco de integración, sino como una forma más de competición, distinción social y elitismo

El objetivo social ilustrado de que la enseñanza no puede ser privilegio de unos pocos, sino un derecho de cualquiera, se resquebraja precisamente porque están aumentando los procesos de segregación y exclusión, debido, en primera instancia a la condición de clase –es decir los menos afortunados económicamente son expulsados antes del sistema escolar, porque no tienen recursos para alargar el tiempo dedicado a la formación o porque tienen muchas más dificultades materiales para concluir el proceso–, pero también a los muchos intereses particulares, familiares, identitarios o religiosos que determinan diferentes maneras de privatización del sistema.

La escuela primaria, las enseñanzas medias, profesionales o universitarias ya no se entienden como un marco de integración universal y de igualdad de oportunidades, sino como una forma más de competición, distinción social y elitismo. Cada vez hay más contradicciones entre el espíritu inclusivo y democratizador de las leyes educativas y las prácticas cotidianas que, paradójicamente, tienden a expulsar del sistema a los más desfavorecidos –sea cual sea su diferencia– y, por tanto, a reforzar la desigualdad.

Estas formas de segregación, muchas veces impulsadas por las propias dinámicas en los procesos de aprendizaje, también están aumentando por las presiones de las élites que impulsan el fomento de todo tipo de privilegiadas enseñanzas privadas para favorecer prácticas educativas más cualificadas y competitivas, al mismo tiempo que reaccionarias. Según Rogero y Turienzo “en España, en general, los partidos de derechas que han ejercido competencias en educación (Partido Popular, algunos partidos nacionalistas y, recientemente, Vox) han mostrado una tendencia a limitar la inversión pública, a privatizar servicios educativos, a aumentar el gasto en la enseñanza privada y concertada o limitar el acceso a becas. Desde estos partidos se han cuestionado los contenidos vinculados con la educación sexual, el cambio climático, el respeto a la diversidad y la memoria histórica democrática, llegando en ocasiones a implantar el pin parental” (iniciativa que permite a los padres vetar contenidos que se aprueban en el Consejo Escolar) .

Se constata cada vez más que, sobre todo en las grandes ciudades, aumenta el acceso a la escuela privada (bien sea concertada o estrictamente privada) y, de forma más evidente, entre las clases medias y altas, mejor dotadas de recursos económicos y culturales. Además, también se constata un desplazamiento de la concertada a la estrictamente privada, en consecuencia, la enseñanza pública, al perder alumnado de esos estratos sociales, acoge en su mayoría al de las clases más desfavorecidas, de modo que tiene que asumir la mayor parte del esfuerzo social para hacer viable la integración del alumnado que, por diferentes razones, precisan más apoyo. Este proceso se lleva a cabo con la colaboración del Estado y, sobre todo, con el favoritismo de determinadas políticas educativas neoliberales de algunas comunidades. De hecho, hay constancia de que en la última década han aumentado de forma significativa las transferencias de dinero público a centros concertados y privados.

Ya lo dijo hace cuatro años con rotundidad Marina Garcés en Escuela de aprendices: “De momento, lo que parece claro es que quien se ha tomado más seriamente que la educación es un terreno en el que están en juego las transformaciones del futuro son las principales fuerzas que impulsan el capitalismo actual: los bancos y las empresas de la comunicación. No sólo son quienes invierten más en proyectos educativos, sino que impulsan la renovación del discurso educativo y de las metodologías pedagógicas (…) Pero el interés va más allá de la mercantilización. Lo que está en juego es quién puede forjar las capacidades que decidirán los futuros de unas sociedades que no se reconocen en las instituciones vigentes. ¿Quién es el Estado para educar a nuestros hijos cuando vivimos vidas a la carta? ¿Qué hegemonías culturales son válidas para todos en sociedades no sólo diversas, sino cada vez más segregadas y guetizadas? ¿Qué autoridad tiene el maestro o la maestra sobre decisiones que las familias entienden, cada vez más, como decisiones privadas? Curiosamente, preguntas como éstas se convierten en una ofensiva compartida tanto por las fuerzas más neoliberales como por aquellas neoconservadoras que, desde ideologías y valores distintos, coinciden en el asalto a la educación pública, a su ideario y a sus compromisos sociales”.

A juzgar por sus manifestaciones, siempre acompañadas por el mantra de la libertad de elección y la independencia de las familias, lo que estas fuerzas realmente persiguen es seguir recibiendo financiación pública para mantener sus intereses privados y privilegios de clase, así como para seguir promoviendo valores ajenos al interés público y alejados del bien común. 

En este sentido –añaden Rogero y Turienzo–, “la libertad no puede anteponerse a la igualdad, porque una excesiva desigualdad invalida la posibilidad de ser libre. Si solo algunos tienen acceso a un contexto educativo adecuado, entonces se convierten en un privilegio y dejan de ser un derecho (…) la verdadera libertad educativa reside en que el origen y el contexto social no restrinjan las opciones vitales”.

Esto solo es posible desde la expansión y mejora en todos los niveles de enseñanza de titularidad pública, desde la primaria hasta la universitaria, pasando por la profesional, independientemente de intereses privados, laica, participativa y democrática y en la que cualquiera, sea cual sea su condición, tenga pleno derecho al acceso.