La FIFA ha vuelto a demostrar que sus programas de responsabilidad social son poco más que papel mojado cuando se trata de intereses económicos. Por si no fuera suficiente el descrédito que le supuso conceder el Mundial de hace dos años a un país señalado por sus carencias en materia de derechos humanos como Qatar, ahora acaba de adjudicar la organización del torneo de 2034 a Arabia Saudí, que tiene un largo historial de incumplimiento de libertades civiles. De nada han servido las advertencias de diferentes organizaciones humanitarias y asociaciones de aficionados sobre el coste humano que puede provocar esta decisión.

El anuncio oficial se produjo durante el Congreso extraordinario de la FIFA, celebrado el miércoles 11 de diciembre, en el que también se confirmó la edición de 2030 para España, Portugal y Marruecos; pero la institución ya se había encargado desde hace tiempo de mover sus hilos para asegurar que se cumpliría con su deseo en el momento de la elección. Primero, facilitando que la de Arabia Saudí fuera la única candidatura tras eliminar a posibles rivales, al otorgar el Mundial en las dos últimas ediciones a países de hasta cuatro continentes distintos, lo que por la política de rotaciones impedía que aspiraran al de 2034. Y segundo, presentando en el congreso a las 211 federaciones nacionales una visión edulcorada de la situación real del país saudí en relación con los derechos humanos, bajo la justificación de un informe elaborado por el bufete de abogados Clifford Chance.

El informe obvia de manera parcial o total situaciones que son habituales en el país

En esa supuesta valoración independiente, el bufete ofrece una perspectiva que Julia Legner, directora ejecutiva de la organización de la diáspora saudí ALQST for Human Rights, califica de “artificialmente limitada, engañosa y demasiado positiva”. El informe obvia de manera parcial o total situaciones que, según la ONG Amnistía Internacional (AI), son habituales en el país, como ejecuciones masivas (en los diez primeros meses de 2024 el país ha ejecutado a 213 presos, la cifra más alta de su historia), torturas, desapariciones forzadas de opositores, restricciones de la libertad de expresión, discriminación contra las mujeres, persecución al colectivo LGTBI, así como la explotación y el abuso que se hace de los trabajadores migrantes. Con el respaldo de este informe, que AI define como blanqueamiento del régimen saudí, la FIFA ha elaborado una evaluación de la candidatura en la que califica como “medio” el riesgo en materia de derechos humanos, y le otorga una nota final de 4,2 sobre 5, la más alta en la historia de FIFA.

En contraste con esto, el pasado mes de octubre la candidatura de Arabia Saudí para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue rechazada por segunda vez. El director de la ONG Human Rights Watch para las Naciones Unidas, Louis Charbonneau, manifestó entonces que “los gobiernos que cometen crímenes contra la humanidad o atrocidades similares y garantizan la impunidad de los responsables no deberían ser recompensados con asientos en el máximo órgano de derechos humanos de la ONU”.

Frente a estas evidencias, la FIFA apuntaba en su informe sobre la candidatura que “existen bastantes posibilidades de que el torneo sirva de catalizador para algunas reformas actuales y futuras, además de contribuir y generar resultados positivos en materia de derechos humanos”. En lugar de primero exigir y lograr compromisos significativos y reales, les dan la concesión con la esperanza de que en el futuro se produzcan unos cambios de los que no hay ninguna seguridad. No parece que sea la forma más procedente de cumplir con el propósito que la propia institución futbolística proclama en su página web: “Trabajar activamente con gobiernos, agencias globales y regionales, grupos de derechos humanos, ONGs, y exjugadores para mejorar la vida de las personas en todo el mundo y promover una sociedad más justa e igualitaria a través del fútbol”. En el artículo 3 de sus estatutos, se afirma: “La FIFA tiene el firme compromiso de respetar los derechos humanos reconocidos por la comunidad internacional y se esforzará por garantizar el respeto de estos derechos”. Dar su evento más importante a un país que es la antítesis de ese propósito, y sin ningún aval de modificaciones reales, es un gesto que se puede resumir en una palabra: hipocresía.

A pesar de lo escandaloso de la situación, tan solo hay constancia de una federación que haya mostrado públicamente su disconformidad con esta elección. Es la de Noruega, cuya presidenta, Lise Klaveness, señaló en un comunicado que “las propias directrices de la FIFA sobre derechos humanos y diligencia debida tampoco han sido adecuadamente integradas en el proceso, lo cual eleva el riesgo de violaciones de derechos humanos”.

La FIFA ni siquiera ha tenido reparo en presentar la evaluación de la candidatura la misma semana que ha hecho público un informe independiente que concluye que el organismo tiene la responsabilidad, junto a otros actores, de indemnizar a los miles de trabajadores que sufrieron explotación durante las obras del Mundial de Qatar 2022. Justo lo que AI y otras organizaciones de derechos humanos llevaban tiempo reclamando. El pasado 27 de noviembre, FIFA puso en marcha su Fondo del Legado de la Copa Mundial de 2022, con 50 millones de dólares (el Mundial de 2022 generó más de 7.000 millones de dólares). Aunque hay una dotación para un programa de la Organización Mundial de la Salud destinado a proteger a los trabajadores de los golpes de calor en el futuro, no se incluye ninguna indemnización para la población trabajadora. Steve Cockburn, director de Derechos Laborales y Deporte de Amnistía Internacional, explica que “tal como está diseñado, el Fondo no hace absolutamente nada por las familias que perdieron a seres queridos en Qatar y, a consecuencia de ello, se sumieron en la pobreza”.

Durante los próximos diez años, Arabia Saudí va a necesitar mucha mano de obra para construir once estadios, reformar otros cuatro y levantar hoteles y diversas infraestructuras. Hay que tener en cuenta que va a ser el primer Mundial con 48 selecciones que se dispute en un único país. El temor de las organizaciones humanitarias es que los trabajadores sufran las mismas penurias que vivieron en Qatar, donde muchos murieron por tener que trabajar en condiciones de calor extremo y explotación. El país saudí cuenta ya con un historial de graves problemas en este ámbito.

El temor de las organizaciones humanitarias es que los trabajadores sufran las mismas penurias que vivieron en Qatar

Actualmente hay 13,4 millones de trabajadores inmigrantes en Arabia, la mayoría procedentes de Bangladesh, India y Pakistán. En muchas ocasiones, llegan tras pagar una alta cantidad de dinero a contratistas en su país de origen para lograr un empleo, y se encuentran con unas condiciones inhumanas: altísimas temperaturas, incumplimiento de los contratos, retrasos en los pagos o merma en la cantidad acordada, número excesivo de horas, alojamientos precarios o amenazas de despido si se quejan. Entre enero y julio de este mismo año han muerto en territorio saudí 884 trabajadores procedentes de Bangladesh, según datos de ese gobierno, de los que el 80% se justificaron como fallecimientos naturales sin hacer mayor investigación, lo que deja a las familias sin posibilidad de recibir una indemnización. La FIFA es conocedora de todos estos abusos laborales, pero no ha exigido reformas en la legislación saudí para solucionarlos antes de la adjudicación del Mundial.

Arabia Saudí lleva varios años desarrollando su plan Visión 2030 para disminuir su dependencia del petróleo y diversificar su economía. Y uno de los sectores donde más está invirtiendo es el deporte, que además le sirve para blanquear (“sportswashing”) la reputación de su régimen a nivel internacional. Ya ha logrado captar competiciones de Fórmula 1, el circuito LIV de golf, combates de boxeo o torneos de tenis, pero la gran guinda es el Mundial de fútbol. No solo por la enorme expectación que conlleva, sino porque lo desean especialmente desde que su vecino Qatar, con el que tienen una relación problemática, se les adelantó a la hora de acoger este evento. Y en este empeño, han encontrado un entusiasta aliado en la figura del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que lleva años fortaleciendo los lazos entre el organismo que preside y la nación saudita con el interés de obtener un inversor económico muy potente para sus iniciativas.

Tan seguro está el primer ministro de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, de que organismos deportivos como la FIFA anteponen el dinero al dilema moral de dar concesiones a regímenes como el suyo, que cuando recientemente fue preguntado en una entrevista sobre las acusaciones de lavado deportivo, contestó: “Si el sportswashing aumenta nuestro producto interior bruto en un 1%, entonces seguiremos con el sportswashing”.