En España gobierna un partido con caja B y en Andalucía un partido que ha gestionado los recursos públicos desde la Junta de una manera corrupta y arbitraria. Así consta en los sumarios instruidos por los jueces encargados de investigar los dos escándalos de corrupción más importantes de la historia democrática española y que están contribuyendo a sellar la defunción del bipartidismo en su versión tradicional. Con este escenario de fondo, el PSOE andaluz de Susana Díaz podría estar buscando la supervivencia de ambas formaciones a través del adelanto de las elecciones andaluzas que le permitiría cambiar un socio de izquierdas incómodo para el mantenimiento del statu quo por una gran coalición con el Partido Popular que proteja los intereses amenazados de ambas formaciones.

Se acabaron los experimentos de izquierdas en Andalucía. La estabilidad parlamentaria y presupuestaria que ofrecía IU no era suficiente para garantizar el incierto futuro político de la presidenta de la Junta, amenazado por las investigaciones de la juez Alaya, el surgimiento de Podemos y el hundimiento de la marca PSOE al que no es ajeno precisamente el comportamiento de los socialistas andaluces. Con su irresponsable comportamiento de los últimos días, la presidenta de la Junta ha dinamitado la imagen de un Gobierno autonómico de izquierdas preocupado por defender a los más débiles en el que se podía ver a inmigrantes con tarjetas sanitarias y desahuciados protegidos de la codicia de los bancos y lo ha sustituido por la imagen rancia de la protección de los derechos de la casta política simbolizada en sus dos últimas decisiones tomadas en el último pleno antes de disolver el Parlamento andaluz. Primero, incluyendo en la Diputación Permanente del Parlamento andaluz a tres diputados marcados por el caso de los ERE, los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y Antonio Ávila, dándoles el privilegio del aforamiento, y después, cerrando la composición de la Cámara de Cuentas hasta 2017 pactando con el partido de la caja B, el Partido Popular, la renovación de sus miembros.

El PSOE andaluz, a pesar de éxitos electorales recientes, lleva muchos años siendo un lastre para la renovación ética del socialismo español. En abril de 2006, el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero disolvía por primera vez en la historia un ayuntamiento, el de Marbella. En aquellos años, la corrupción urbanística acabó con alcaldes de todos los partidos andaluces en la cárcel por poner sus ayuntamientos al servicio de constructores sin escrúpulos que diseñaban a su antojo la planificación urbana municipal. La Junta de Andalucía, presidida por Manuel Chaves, fue señalada como cómplice necesario por jueces, asociaciones en defensa del medio ambiente y periodistas independientes del desarrollo urbanístico irregular que destrozó la imagen de la clase política local en los años felices de la burbuja inmobiliaria. Todas las alteraciones de los PGOUS necesitaban el visto bueno de la Junta. Durante esos años los bufetes de abogados en la órbita socialista enriquecían su cuenta de resultados a cuenta de la burbuja. Desde el despacho de Javier Pérez Royo y la presidenta del PSOE andaluz, Amparo Rubiales, se asesoraba en sus negocios inmobiliarios a personajes como Rafael Gómez, Sandokan, constructor cordobés símbolo de la corrupción económica y política de aquellos años. Desde el despacho del expresidente socialista de la Junta D. José Rodríguez de la Borbolla se asesoraba directamente a infinidad de ayuntamientos socialistas para ayudar con su firma a que prosperase el visto bueno de la Junta a nuevas recalificaciones urbanísticas. El hijo de Manuel Chaves, Iván, sin bufete pero con buenos amigos, también se beneficiaría por intermediar entre la promoción urbanística local y la Junta de Andalucía que miraba para otro lado y se comía ilegalidades del tamaño de un Algarrobico.

Las elecciones de 2008 dieron otra mayoría absoluta a Manuel Chaves pero sufrió una pérdida de votos considerable en el litoral, que ya sentía los principios de la crisis económica y donde la corrupción política había dejado de compensar a la mayoría de los ciudadanos. Al mismo tiempo que se visibilizaba la corrupción urbanística endémica en el litoral andaluz, todo el Consejo de Gobierno, presidido por Manuel Chaves y del que formaban parte, entre otros, la actual presidenta del PSOE, Micaela Navarro, conocía y mantenía un fondo de reptiles que permitía una asignación irregular de los recursos públicos sin ningún tipo de control, según destaparía años más tarde el sumario de la juez Alaya.  El 7 de abril de 2009, Manuel Chaves fue ascendido a vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, un cargo inventado por José Luis Rodríguez Zapatero en su intento de renovar el socialismo andaluz. El ascenso también incluía una Secretaría de Estado para Gaspar Zarrias, señalado por varios imputados del caso de los ERE falsos como uno de los principales responsables políticos de la trama.

La designación de José Antonio Griñán como presidente de la Junta no figuraba en la operación orquestada desde Madrid, que contaba como candidata a la hoy también imputada María del Mar Moreno. José Antonio Griñán tenía suficiente información de primera de mano para saber que la política que se hacía en la Junta de Andalucía tenía que ver con la cultura del partido que habían institucionalizado en la Junta los dos señores feudales que controlaban el PSOE andaluz hasta su llegada, Gaspar Zarrias y Luis Pizarro, bajo el beneplácito de Manuel Chaves. La tramitación de los ERE falsos era una terrible muestra más de la falta absoluta de mecanismos de control que caracterizó a todos gobiernos de Manuel Chaves. José Antonio Griñán no aceptó todos los chantajes que le intentaron imponer pero no fue capaz de mantener en público que había dos formas distintas de hacer socialismo en Andalucía. Su objetivo fue la integración de todos, de los buenos y de los malos. No denunció a los responsables de la colonización socialista de todos los espacios públicos e institucionales de la Junta de Andalucía. No señaló a los compañeros que se habían apropiado de los recursos públicos de la Junta de Andalucía para servir a los intereses particulares del PSOE, de sus cargos, militantes y allegados. El expresidente José Antonio Griñán ha reconocido amargamente que el fraude descomunal de los ERE falsos influyó decisivamente en su dimisión política. Este partido cargado de cuadros imputados, preimputados y sospechosamente deshonestos es la herencia envenenada que deja a Susana Díaz y que la presidenta ha gestionado sin expulsar a ninguno de los ex altos cargos de la Junta del PSOE y sin obligar a dejar el escaño a ninguno de sus predecesores.

Ahora las últimas encuestas vuelven a confirmar que el PSOE solo puede esperar sus peores resultados históricos en Andalucía, aunque pueda sacar un voto más que el que quede en segundo lugar. La Junta podrá escapar al castigo electoral por su responsabilidad de tener a la mitad de sus jóvenes en paro o de que Andalucía siga a la cabeza europea en abandono escolar. Pero la competición política en España también se está jugando entre una nueva y una vieja forma de hacer política. Algo que el PSOE andaluz ya sabía cuando incluyó como Punto 3º de su acuerdo de gobierno con Izquierda Unida su compromiso para “recuperar credibilidad en la acción política y de las instituciones democráticas y luchar contra la corrupción…”. Los votantes socialistas andaluces pueden seguir el camino hacia Podemos que se visibiliza de forma mayoritaria en otras CCAA si creen que su voto puede ser utilizado para reforzar la carrera política nacional de una vía socialista, la encabezada por Susana Díaz, que no hace ascos a la gran coalición y al mantenimiento de un statu quo que perjudica a la mayoría de los ciudadanos.