El expresidente de Perú Alberto Fujimori recibió el 9 de enero su quinta condena en siete años por delitos cometidos durante su mandato (1990-2000). En esta ocasión sumó otra pena, ocho años de cárcel por el desvío de 122 millones de soles (unos 34 millones de euros) de las arcas públicas para comprar los apoyos de algunos periódicos en la reelección en 2000. Se aseguró de que denigraran y difamaran a opositores políticos y a periodistas críticos.

Pese a este cúmulo de condenas, de las que sólo deberá cumplir la mayor (25 años por dos matanzas y por el secuestro de un periodista y un empresario), el hombre que dirigió el país con mano de hierro, violó sistemáticamente los derechos y convirtió su gobierno en el paradigma de la corrupción insiste aún en proclamarse el salvador de Perú y en ser liberado. Lo ha intentado todo. Desde una andanada de recursos legales contra las sentencias hasta una solicitud de arresto domiciliario o, incluso, una petición de indulto por motivos humanitarios. Alegó que ya tiene 76 años y una salud delicada.

Para muchos observadores, lo único que podría sacar al exmandatario de la cárcel sería que su hija Keiko, líder del partido fujimorista Fuerza Popular, el principal de la oposición, llegue al poder en las elecciones de 2016. Pero los analistas también coinciden en que él es el principal obstáculo para que esto ocurra, pues aunque su legado político le da a su heredera una considerable cantidad de votos incondicionales (estimados en torno al 20%), a la vez constituye un lastre para ampliar ese núcleo duro.

La heredera está intentando ampliar esa base, moderando las posiciones de su partido y convirtiéndolo en  una organización orgánica que trascienda su referente ideológico y la principal razón de su existencia. Esto ha provocado que el exgobernante y su hija se enfrenten en lo político y en lo estratégico y ha situado al fujimorismo en una encrucijada, dividiéndolo entre albertistas y keikistas.

El último episodio de la esquizofrenia que padece este movimiento, que ha sobrevivido bajo distintas nomenclaturas políticas desde que Fujimori tuvo que renunciar a la presidencia durante un viaje a Japón, acorralado por las pruebas de la corrupción de su régimen, tuvo lugar a finales de noviembre y supuso una nueva decepción para el expresidente reo: los parlamentarios del fujimorista Fuerza Popular renunciaron, siguiendo las consignas de Keiko, a proponer una ley que le habría permitido salir de la cárcel.

El proyecto de ley establecía el arresto domiciliario para los condenados mayores de 75 años. Lo redactó su abogado y lo recogió entusiásticamente una congresista de Fuerza Popular. Pero un día después, su bancada legislativa anunció tras reunirse con Keiko que, a petición de la familia, finalmente no lo presentarían. Por una parte, los fujimoristas sienten el compromiso de buscar la liberación de su fundador y padre (ideológico y, en el caso de la dirigente, biológico). Por la otra, existe la convicción de que, si el partido y Keiko no toman cierta distancia de su legado, nunca van a obtener los apoyos necesarios para llegar de nuevo a la presidencia.

El analista político y bloguero José Alejandro Godoy considera que en el fujimorismo hay "una disputa dinástica entre padre e hija" y fecha su inicio en la campaña para las elecciones presidenciales de 2011, a las que Keiko fue candidata. "Sobre la década del 90 comenzaron los desencuentros entre el padre y la hija respecto a la posición que iba a tomar el fujimorismo. Ahí empieza la división de dos bandos bien claros", explica Godoy.

"Hay un bando que reivindica toda la década de los 90 sin ambages", sostiene el analista. Esto implica reconocer el golpe de Estado de 1992, en el que Fujimori disolvió el Congreso, "casi como un acto fundacional del fujimorismo". También atribuir la corrupción, las matanzas y otras graves violaciones a los derechos humanos a quien fue su mano derecha, el asesor y jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos, hoy también en prisión.

La otra corriente está liderada por Keiko y defiende que "lo que se hizo en los 90 era algo para el tiempo de los 90 y que ahora estamos en un tiempo nuevo, donde se necesita un liderazgo nuevo". Si bien sigue siendo "un populismo de derecha", Godoy aclara que "intenta ser más conciliador con la democracia". Finalmente, Keiko, que fue primera dama desde 1994 (después de que su madre, Susana Higuchi, se divorciara del presidente y le acusara de haberla torturado) hasta 2000 y diputada entre 2006 y 2011, pasó a la segunda vuelta con Ollanta Humala, pero éste la derrotó por menos de tres puntos porcentuales de diferencia. El fujimorismo no se puso de acuerdo en si la razón de esta derrota fue no haber reivindicado lo suficiente a su fundador o bien no haberse deslindado lo suficiente de él. Ahora, apunta Godoy, "hay un debate interno dentro del fujimorismo sobre cuál de los caminos va a ser el que van a tomar hacia 2016".

Actualmente, la bancada fujimorista es la primera minoría del Congreso con 36 escaños de un total de 130 y Keiko, una de las políticas mejor valoradas en las encuestas con cerca del 40% de los apoyos, entra en todos los pronósticos como una de las favoritas para las próximas elecciones.

Los analistas reconocen a la líder de Fuerza Popular su intento de institucionalizar su partido, algo que todavía no ha conseguido ninguna fuerza en Perú, donde la política se mueve en torno a personalismos. La politóloga Adriana Urrutia estima que "Keiko está buscando hacer del fujimorismo un partido de verdad, está muy interesada en la comunidad académica para entender cómo opera un partido y creo que está buscando que el fujimorismo viva sin Alberto".

"Para ir más allá de su núcleo duro, lo que deben hacer es desprenderse de sus pasivos, que es la historia de Fujimori en el Gobierno", indica Urrutia. "Para ello es mejor que Alberto esté en la cárcel, porque en este contexto previo a elecciones, si sale gracias a medidas tomadas por ellos, va a alimentar el antifujimorismo y va a hacer que pierdan en 2016".