Como dicen los jóvenes y el juez Peinado, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que si hiciéramos el juego de cambiar los protagonistas de algunos de los asuntos que protagonizan la actualidad política española, todo sería bastante diferente. Imaginen por un momento que no hubiese sido Ayuso sino el Gobierno de Pedro Sánchez el que hubiera emitido una circular prohibiendo el acceso a hospitales de miles de ancianos y que, como consecuencia, 7.291 personas hubieran fallecido. Sabemos a la perfección que el mecanismo judicial se hubiera puesto en marcha de manera contundente. Sabemos que, cinco años después, nadie habría librado al presidente del Gobierno de sentarse en el banquillo acusado del delito de denegación de auxilio y, probablemente, de homicidio. Hablando del presidente del Gobierno, sabemos lo excepcional que es que los familiares de quien dirige un país desfilen por los juzgados. Sabemos lo absolutamente improbable que sería que, con un presidente del PP en La Moncloa, denuncias sin pruebas basadas en bulos publicados en prensa acabasen cristalizando en algo. No habría juez que se atreviese a tirar palante, que diría MAR. 

Sabemos muchas cosas. Sabemos que si Carlos Mazón fuese un dirigente de izquierdas, la presión mediática, judicial y social hubiera sido tal, tras su nefasta gestión de la dana, que hoy sería imposible que siguiese al frente del gobierno valenciano como si nada hubiera pasado. Sabemos que si Desokupa fuese un grupo de activistas de izquierdas dedicado a acosar físicamente a grandes empresarios que vulneran los derechos de los trabajadores, las leyes de protección ambiental o los derechos de los consumidores, esa empresa habría sido ilegalizada y sus miembros, perseguidos por la justicia y la policía. Sabemos que, en ningún caso, un Desokupa de izquierdas que se dedicase a intimidar a empresarios que vulneran la ley podría acabar impartiendo cursos pagados con dinero público a sindicatos de la policía. Sabemos más. Sabemos que es una absoluta rareza que el corrupto Aldama, acusado de haber puesto en marcha una trama que habría defraudado más de 180 millones de euros, haya sido puesto en libertad. Sabemos que su liberación se produjo tras declarar en sede judicial contra el actual gobierno y sabemos que ninguna de sus acusaciones estaba fundamentada en pruebas. Sabemos que un personaje de esta categoría jamás tendría la posibilidad de protagonizar una gira por los medios de comunicación del país para acusar sin pruebas a un presidente del gobierno de derechas. El rigor periodístico, dirían las Ana Rosas, impediría darle voz a quien no puede probar nada de lo que dice.

Sabemos que el Ibex, ese lenguaje hablado por los ludópatas financieros, ha superado los 13.000 puntos y que se trata de un dato histórico. También es histórico el número de personas empleadas en España, un salario mínimo por encima de los 1.100 euros o la evolución de la economía española, a la que los principales diarios salmón del mundo ponen como ejemplo en este momento. Sabemos que cuando la economía y el empleo se encuentran en un momento dulce, las encuestas auguran mayoría absoluta para el gobierno de turno. Sabemos que en este caso no es así y que el Gobierno presidido por Sánchez toca mínimos en intención de voto. Sabemos que, con estos datos, un Feijóo cualquiera tendría asegurada la reelección sin ningún tipo de sobresalto. Sabemos que cuando la derecha controla la inmensa mayoría de medios de comunicación capaces de generar estados de ánimo entre la población no es por una enorme vocación de servicio público. 

Sabemos muchas cosas, pero hay una que no queremos saber y es normal. ¿A quién le apetece unir los puntos y acabar deprimido? Sabemos que la Justicia y los medios de comunicación, pilares básicos de una democracia sana, están podridos en España. Sabemos que, si al cambiar los actores en este juego democrático todo cambiaría, es que España vive una anomalía cuyo nombre no es otro que golpe de Estado. Venir de Tejero liándose a tiros en el Congreso ha generado en España la percepción errónea de que dar un golpe de Estado requiere, como exigía la bancada de Vox en 2020, que los militares tumben la voluntad popular. El mundo ya no funciona así. Los golpes de Estado hoy se producen desde los tribunales y los despachos de dirección de los medios de comunicación. La derecha española, tan obsoleta en algunos asuntos, ha sabido entender la nueva modernidad mientras la izquierda, liderada por el PSOE –así está la izquierda– sigue negándose a ponerle nombre a esta realidad cruda y evidente; confiando en que el sentido común mayoritario volverá a salvarnos de una derecha golpista en las próximas elecciones con gol de rebote en el último minuto. No sucederá. Cuando la derecha sin escrúpulos no sólo controle los juzgados, las grandes empresas, la iglesia, la policía, el ejército y los medios de comunicación, sino también el BOE, quizá nos preguntemos si no deberíamos habernos echado a la calle, como aquel 23F. Entonces será tarde.