Cada vez que en La Habana hay una declaración sobre el proceso de paz, los nervios y la paciencia tensan el debate público colombiano. Esta vez fue Iván Márquez, jefe negociador de la guerrilla de las FARC, quien sacudió hace pocos días la discusión en una entrevista para una cadena de televisión: "Para los guerrilleros, cero cárcel", dijo en tono pausado y enfático. Lo hizo justo cuando se discuten en paralelo los puntos donde se acordará el futuro judicial de los insurgentes: Fin del conflicto, dejación de las armas, y víctimas. El guerrillero tocó uno de los nervios más delicados de estos diálogos. Y removió fantasmas de un conflicto que ha dejado más de seis millones de damnificados a lo largo de medio siglo de guerra ininterrumpida. El Gobierno de centro derecha de Juan Manuel Santos tiene en la reciente desmovilización de los grupos paramilitares en Santa Fé de Ralito (2004-2006), al norte del país, una experiencia y un referente para corregir los errores de un proceso que, a pesar de tener características diferentes, forma parte de la misma historia de barbarie.

Es preciso dejar claras las diferencias entre los dos procesos. La periodista María Teresa Ronderos  afirma que los diálogos con los paramilitares se dan en un contexto donde se cruzan los intereses de diversos actores de la realidad colombiana (ganaderos, empresarios, políticos, militares, campesinos, entre otros). Fue una negociación en la cual hubo dificultades porque había varios elementos en común entre el Estado y el desarrollo del fenómeno paramilitar. Hubo momentos de la historia colombiana en los que dirigentes aprobaron normas que impulsaron la creación de escuadrones paramilitares. Y en su libro Guerras recicladas, una historia periodística del paramilitarismo en Colombia, relata la forma como el aparato paramilitar cooptó facciones importantes del poder político, llenó la falta de legitimidad institucional en territorios y se aprovechó para perpetuar el horror criminal.

Los paramilitares no se levantaron en armas contra el establecimiento. Por el contrario, muchas veces actuaron en connivencia con el Ejército y la policía, y antiguos miembros de la fuerza pública formaron parte de su andamiaje criminal. Cuando empezaron las conversaciones con los paramilitares, el Gobierno de derecha  de Álvaro Uribe (2002-2010) no reconocía la existencia de un conflicto armado en Colombia. Se trató entonces de un acuerdo de desmovilización acompañado de un proceso judicial transitorio, que le ofrecía a los paramilitares penas de entre cinco y ocho años de cárcel a cambio de revelar la verdad de sus atrocidades y de no volver a delinquir. Los diálogos de La Habana, por otra parte, se dan con un grupo insurgente como las FARC, que se alzó en armas contra el Estado hace mas de cincuenta años buscando acceder al poder y establecer un régimen de corte comunista.  Se trata de una agrupación que, hasta el momento, no considera válida la vía política y se rebela contra la legitimidad del establecimiento. El narcotráfico, por su parte, es un fenómeno que permeó, financió y corrompió a todos los actores de este conflicto.

Ahora bien, las fuentes consultadas coinciden en que es posible trazar paralelos y recoger enseñanzas de dos procesos cercanos en el tiempo y donde se entreveran todos los vericuetos grises, rencores acumulados, atrocidades, aciertos y desaciertos del conflicto. Existe un consenso entre las fuentes consultadas en que el proceso con los paramilitares tuvo un enfoque reteñidamente judicial. La estrategia se concentró en la responsabilidad penal de los victimarios. La extradición de algunos cabecillas, además, truncó el proceso de reconstrucción de los hechos. Es decir, de la verdad. María Teresa Ronderos, directora del programa de periodismo independiente de la fundación Open Society, sostiene que "la lección más profunda del proceso con los paras, que se enmarca dentro de la Ley 975 o de Justicia y Paz, es que la salida que le encontraron a un problema profundamente político fue meramente judicial. Todo se volcó hacia unos procesos judiciales eternos, que han tenido que ir parchando y reformando por el camino".

En el mismo sentido, el sacerdote jesuita Francisco de Roux, quien ha participado en los diálogos de La Habana, recuerda las palabras de Alan Jara, político secuestrado durante ocho años por las FARC: "Él siempre termina el testimonio de su secuestro diciendo ‘a mi no me interesa que metan a la cárcel a mis victimarios. Yo lo que pido es que nunca vuelva a haber secuestros en Colombia". El punto cinco de la Agenda se refiere a las Víctimas. Allí se definirá la estrategia jurídica que afectará a los guerrilleros y sobre la que Iván Márquez se refirió de forma tajante.

Es un tema que genera desconfianza en la guerrilla. Oscar Parra, periodista del portal Verdad abierta, sostiene que la sociedad y el Estado deben preparase para respetar los acuerdos a los que se llegue con la guerrilla. "En la Ley de Justicia y Paz, muchos ‘paras’ ya cumplieron sus penas máximas de ocho años, pero se les está aplazando y dilatando la salida de la cárcel por múltiples presiones. Otros fueron extraditados. Está comprobado que la extradición va en contra vía de la reconstrucción de la verdad, uno de los pilares fundamentals para la reparación de las víctimas".

Desde los altos mandos militares observan con escepticismo las penas de la justicia transicional. En Colombia cientos de oficiales son investigados por violaciones a los derechos humanos. Y muchos ya han sido condenados a varios años. "Claro que hay que hacer justicia", apunta de Roux, "pero el problema es que en esto no se metieron solo paramilitares, guerrilleros, y el Estado, sino además políticos y empresarios. Entonces claro que hay que reparar, pero eso requerirá mucha imaginación para que todo el mundo quede tranquilo".

En Colombia ya se ha utilizado los mecanismos de la justicia transicional, con la particularidad de que nunca se ha hecho la transición a la paz. No ha habido un punto final. Daniel Pécaut, director de Estudios de la Ehess francesa, apunta que el desafío es encontrar un marco que cobije a todas las partes involucradas. Y reforzar la eficacia estatal en las zonas rurales, donde el vacío del Estado ha permitido que germinen nuevos escuadrones paramilitares (BACRIM, o nuevas bandas criminales), guerrilleros, narcotraficantes y delincuentes. "Los fenómenos de violencia no se van a acabar con la firma del acuerdo, que por supuesto todos deseamos. Pero sí se pueden prevenir casos como el de El Salvador, donde las tasas de homicidio subieron exponencialmente tras la firma de la paz".

Por eso el primer punto que se negoció fue la reforma en el campo. Una reforma agraria que está en mora de ejecutarse desde los años treinta del siglo pasado. La tierra y el medio rural se encuentran en la medula del conflicto. Oscar Parra toca el tema de las flaquezas del Estado en la restitución de tierras. "El Estado busca por la vía judicial quitarle al paramilitar las tierras para devolvérselas al campesino. En ese punto sí ha fracasado terriblemente la ley de Justicia y Paz y habrá que tenerlo muy en cuenta para la restitución en el caso de los guerrilleros". Un reciente informe de la Fiscalía publicado por el diario El Espectador rastreó 902 bienes que son propiedad de la guerrilla, de los cuales la mitad han sido tasados en más de 26 millones de euros.

Parra señala que las FARC tienen miles de tierras a través de testaferros que va a ser muy complicado quitárselas, "al igual que ya ha sucedido con los paramilitares". Para el reportero, que documentó 700 masacres paramilitares para Verdad Abierta, hablar de postconflicto con un aparato estatal tan débil es muy complicado. Hay miles de predios que no cuentan ni con escrituras ni con títulos de propiedad para desmontar estas fachadas en las que se mezcla testaferrato y muchos años de despojo de un actor armado a otro. En varios casos, además, se ha añadido el problema de que multinacionales o grandes empresas de palma de cera, azúcar o cemento, entre otras, se han instalado en tierras cuya titulación se desconoce.

Hay dos puntos que las fuentes consultadas valoran positivamente de los diálogos en La Habana. El primero es el hecho de que tanto el Estado como las FARC hayan definido un principio de responsabilidad, en el que se reconocen como responsables del inicio y desarrollo de la guerra y de violaciones a los derechos humanos. Así mismo, hay consenso en que la incorporación de las víctimas de todos los actores armados, que viajaron en grupos de doce personas en cinco delegaciones diferentes, es un buen avance. "Este, a diferencia del proceso con los paras, es un escenario para comprender la barbarie a la que hemos llegado en Colombia" afirma Francisco de Roux. Y recuerda las palabras de Iván Márquez, miembro del Secretariado de las FARC: "El jefe guerrillero decía: ‘es que esto es irreparable. Es tan grave que no lo podemos arreglar. A lo único a lo que nos podemos comprometer es a que esto no vuelva a ocurrir. Y también a asumir las responsabilidades de los costos que le hemos causado al país y ver cómo podemos remediarlo".