Pelotazos, negocios turbios, comisiones, sobornos, adjudicaciones a amiguetes. La Comunidad Valenciana es un manantial de lodo corrupto. Del comerciante Eduardo Zaplana al solitario Alberto Fabra. Del fugaz José Luis Olivas al inefable Francisco Camps. Unos casos conectan con otros: es la red corrupta de un régimen podrido. De norte a sur. No hay fronteras.

Abróchense los cinturones. Esto es un viaje por las tramas que han saqueado una autonomía rozando la quiebra: adeuda 35.000 millones de euros. La factura de la corrupción asciende a 12.500 millones, según el documentado libro Tierra de Saqueo, de Sergi Castillo. La realidad supera a la ficción. Los valencianos han soportado sin despeinarse un récord difícil de igualar: más de 100 imputados entre todos los casos. Entre ellos, 14 ex consellers y dos ex presidents. El robo al más alto nivel. Y un partido convertido en “organización criminal”, según lo define la diputada de Compromís Mónica Oltra.

Castellón. Tierra de industria cerámica y del azulejo. Y también de caciques. ¿El principal? El archiconocido Carlos Fabra. Presidente casi perpetuo de la Diputación Provincial, su lugar de residencia ahora es la prisión. Encarcelado tras un juicio eterno, acabó condenado por fraude fiscal. La cantidad de origen desconocido: 4,7 millones. La defraudada: 700.000 euros. La suma del matrimonio de los Fabra alcanza el millón. 

El hombre del aeropuerto vacío salió absuelto de los delitos de tráfico de influencias y de cohecho. Un empresario que en otro tiempo fue amigo le acusaba de pedirle cantidades de dinero a cambio de que intercediera en la administración a favor de sus productos. Pese a que Fabra recibió 180.000 euros del denunciante, la juez estimó que no había pruebas suficientes para acreditar los delitos. Como Al Capone, el cacique cayó por lo mínimo: fraude fiscal.

Su delfín le supera. Francisco Martínez, ex vicepresidente de la Diputación, es la sospecha hecha persona. Nepotismo. Empadronamientos irregulares para –supuestamente- ganar las elecciones. Incrementos de patrimonio espectaculares. Un cacique con una afición muy enriquecedora: dar pelotazos. Está procesado por uno de ellos. La justicia, ahora, intenta poner luz a las sombras de su mandato.

Sus adjudicaciones a su socio empresarial cumplen una máxima: quién tiene un amigo tiene un tesoro. Filosofía patentada por el promotor, supuesto cabecilla de ‘Brugal’ y dueño del Hércules club de fútbol: Enrique Ortiz. Y experimentada con Sonia Castedo, ex alcaldesa popular de Alicante. Estrellas del capitalismo de amiguetes. Actúan siempre a dúo. Se necesitan uno al otro.

Pero hay más duetos. Tres ejemplos: Augusto Tauroni y Rafael Blasco; José Miguel Pérez Taroncher y Serafín Castellano; Ángel Fenoll y Fernando Cartagena. Los primeros son empresarios; los segundos, políticos. La lista es infinita. Símbolo de una “corrupción sistémica”. Es el juicio de Ignacio Blanco, diputado en las Corts Valencianes de Esquerra Unida.

Más que tres trajes

Aterrizamos en Valencia. Año 2012. Una coletilla suena como un mantra para exculpar al entonces imputado –ahora lo está por sus gestiones en la F-1- Francisco Camps, ex president de la Generalitat Valenciana. “Son sólo tres trajes”, se repite una y otra vez. La realidad lo desmiente. La rama valenciana de la Gürtel va más allá de tres simples piezas de vestir. Es un armario judicial inmenso. Una enorme fábrica textil. Está llena de contratos hechos a medida de la trama. De regalos de lujo y orgías preparadas para políticos de toda condición. Los hilos de Gürtel son inescrutables.

Su tejido llegó hasta los eventos más espirituales: la visita del Papa. Se amañó –supuestamente- el contrato de las pantallas. ¿El objetivo? Ganar con el sobrecoste. El contrato voló hasta 7,4 millones de euros. El coste para la adjudicataria: tres millones. Operación redonda que tuvo como “elemento nuclear” al ex presidente de las Corts y ex director de la Policía con Aznar, Juan Cotino. Recibió un chaquetón por su mediación –según la UDEF-. La ropa, esencia de Gürtel. El emporio familiar –dirigido por su sobrino- ha sacado tajada del erario valenciano. La oposición ha valorado los beneficios de Sedesa, la firma de los Cotino: 830 millones de euros entre 1998 y 2009. 

Sedesa –ahora en liquidación- forma parte de ese entramado de constructoras que financiaron ilegalmente el PPCV. En total, fueron diez. Todas con vinculaciones más allá de Gürtel con el partido del ‘régimen’. Hicieron negocios al calor de los pelotazos en plena orgía del ladrillo. Y con la connivencia del organizador de la fiesta: el PP. Incluso, aquellas no investigadas. Estrella Camps, hermana del ex president, actuó –según ha publicado El Confidencial- como conseguidora del rey del festival inmobiliario, Enrique Bañuelos. Otra vez, la familia. Resurrección de la Valencia de los Borgia.

Recalificaciones que necesitaban de un gran tejedor. Y eligieron al mejor: Rafael Blasco. Expulsado del partido por desobedecer a Alberto Fabra –no por corrupto, así es la famiglia-, fue condenado por robar fondos a los sin nada. El dinero de la ayuda al Tercer Mundo acabó sufragando pisos en Valencia. La colaboración para tal atrocidad fue cortesía de su empresario de cabecera: Tauroni. Su carrera política la examina ahora la Dama de la Justicia.

Pero la cloaca valenciana es inacabable. Incluso de ella brota la corrupción. Y en ella se produce un saqueo no menor: cifrado en 24 millones. Desfalco provocado por cargos locales del PP en la depuradora que saneaba las aguas de los municipios del área metropolitana de la capital del Turia. ¿El mecanismo? Hinchar las facturas que iban a las arcas de un empresario afín, hoy fugado. El sobrecoste venía a los responsables del ente. ¿En qué lo gastaban? En comilonas, traductoras rumanas y regalos.

Pura ficción surrealista que se incrementó cuando a uno de los cabecillas de la trama le sonrió la suerte: le tocó la lotería. Camps y Barberá –alcaldesa de Valencia desde 199- también tuvieron premio. Pero en forma de no imputación en Noós. El yerno del anterior monarca se llevó, según el sumario, 4,5 millones de los valencianos. Su homologo balear no tuvo tanta suerte: Jaume Matas sí fue imputado.

El caso es una muestra más de la gran habilidad de Barberá: driblar a las sospechas que le persiguen. Sus regates han esquivado varios escándalos: Gürtel y Emarsa. También, varias adjudicaciones polémicas. Pero la zaga judicial podría arrebatarle el balón. La investigación del agujero millonario de Feria Valencia le acecha. Necesitará sus mejores filigranas.

Castellano, actual delegado del gobierno en Valencia, es otro experto del regate. De sus adjudicaciones a dedo a su amigo y socio Taroncher solo sabe la hemeroteca. Y de su implicación en la otra Gürtel –caso Over Marketing-, una justicia sin medios y/o dormida en sus laureles. Sus fintas ya no tienen la misma eficiencia. Los tribunales le han quitado la pelota: se le investiga por otorgar contratos de 44 millones de euros al empresario que le pagaba las cacerías –icono patrio del capitalismo castizo- y una escopeta. La valenciana bate a la nacional.   

De Zaplana a la “polla insaciable”

Los grandes fastos no empiezan con Camps. Los importa un liberal especialista en vender humo y alicantino de adopción llamado Eduardo Zaplana. Asiduo al juego de la puerta giratoria, el ex president de la Comunitat y ex ministro de trabajo con Aznar siempre ha tenido la sospecha encima. Ya sea por el caso Ivex –contrato en B de la Generalitat con Julio Iglesias para la promoción turística- o por Terra Mítica.

Recinto recreativo vendido a precio de saldo, Terra Mítica se construyó en suelo de amigos. Convertido en una auténtica agencia de colocación de afines durante su época, el parque temático ha sido investigado por albergar una trama de facturas falsas. En ella, varios empresarios guardaban relación con el ex president. Tanto, que dos empresarios le acusaron de actuar de comisionista. Su sucesor –el interino Olivas- acumula imputaciones por el saqueo de Bancaja y Banco de Valencia. Junto a la CAM, fueron los pozos sin fondo que financiaron los caprichos de los amiguetes.

La corrupción en Alicante tiene un nombre: Brugal. Y un protagonista ineludible: Enrique Ortiz. Poseedor hasta la dimisión de Castedo de las principales contratas de la ciudad -las tres, con carrera en los tribunales, como el PGOU y la llegada de Ikea-, se calcula que su pelotazo alcanza los 97 millones.  

Ortiz es el cabecilla de una trama donde los regalos son lo habitual. Da igual si se trata de concejales del PP o del PSOE. Su ideología son los negocios. Y no importa lo que haya que hacer para conseguirlos. Si hay que colocar a alguien en la empresa, se le coloca. Que hay que gestionar un jet privado para el alcalde, se gestiona. Todo por la pasta. No en balde, en los pinchazos policiales, Ortiz se autodefine como “la polla insaciable”.

Sus negocios lo son todo. Y si para eso se tiene que aliar con empresarios de otras facciones populares, lo hace. Cómo con Ángel Fenoll. Capo de la basura en la comarca de la Vega Baja –fronteriza con Murcia-, es el icono de la denominada “Sicilia valenciana”. Ha sido condenado por compra de votos. Sus métodos son similares a los utilizados por la mafia, según la policía. Los sobornos y las extorsiones estarían entre ellos. Incluso comparte su negocio tradicional: la recogida de residuos. Hace dos semanas fue procesado por enterrarla en campos de limoneros. Al más puro estilo Gomorra.

Su imperio ahora se hunde al ritmo del naufragio del régimen popular. Alberto Fabra se antoja su último presidente. Se ha librado de la investigación de la F-1. De momento. Los socialistas lo acusan de malversación de fondos. El motivo: rescatar la empresa pantalla que utilizó Camps para organizar el gran premio. El pecado: estaba quebrada.

La sombra de la corrupción no tiene fronteras. Pero sí tiene un nombre, según la socialista Eva Martínez. “La corrupción en la Comunidad Valenciana se llama Partido Popular”.