El 24 de febrero de 2015 quedará como una fecha señalada en la historia política de España. Ese día, el Boletín Oficial del Estado publicó una resolución del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre la enseñanza de la religión católica en la educación obligatoria (primaria y secundaria). Dicha resolución, que apela al acuerdo entre España y la Santa Sede, deja en manos de la Conferencia Episcopal Española los contenidos y métodos didácticos de la asignatura de religión católica. La resolución es un desarrollo de la LOMCE, aprobada por el Parlamento el 28 de noviembre de 2013. La Ley educativa del PP establece que la religión es una asignatura de oferta obligatoria que será plenamente evaluable en el currículo del alumno y, si éste no la elige, deberá compensarla con alguna otra materia optativa, tal y como había reclamado en su momento la jerarquía católica.

La resolución, que solo se puede calificar de delirio nacional-católico, engendro anacrónico y atentado a la laicidad y la libertad religiosa, supone el último homenaje del PP a Antonio María Rouco Varela, felizmente prejubilado por el papa Francisco y ya dispuesto a disfrutar de su vejez como una reinona en su apartamento de 370 metros cuadrados, donado por un benefactor al arzobispado, reformado por medio millón de euros, y dotado con seis habitaciones y cuatro cuartos de baño, uno de ellos en suite.

Los dos anexos que acompañan a la resolución del 24 de febrero son profundamente ofensivos para los valores laicos que comparte una gran parte de la sociedad española. Muchas de las afirmaciones que contiene entran en la categoría de lo ridículo, estrambótico y surrealista, pero otras son sencillamente intolerables. Que en el BOE se publique que “la educación de la dimensión religiosa es parte fundamental para la maduración de la persona”, y que “la enseñanza de la religión católica en los centros escolares ayudará a los estudiantes a ensanchar los espacios de la racionalidad” es un insulto a la inteligencia, al sentido común y a un orden democrático liberal.

Entre los “estándares de aprendizaje evaluables” que figuran en esos anexos aparecen actividades como estas: en quinto de primaria se le pide al alumno que “dramatice con respeto algunos milagros narrados en los evangelios”, y en primero de secundaria, que “argumente el origen del mundo y la realidad como fruto del designio amoroso de Dios”. Mucho “ensanche de la racionalidad” nos parece esto.

El Gobierno ha permitido a la Iglesia católica penetrar hasta lo más profundo del Estado, hasta el interior del BOE. Esta desvergüenza es responsabilidad en primera instancia del Gobierno presidido por Mariano Rajoy y, muy en especial, del ministro de Educación, José Ignacio Wert, probablemente el peor ministro de la historia de la democracia española y desde luego el peor valorado de los Gobiernos de Rajoy (con una nota por debajo del 2 en una escala de 0 a 10).

Cuando Wert llegó al ministerio, fue descrito por medios y analistas como uno de los elementos “liberales” del nuevo Gobierno de la derecha. El tiempo ha demostrado cuán equivocados estaban esos diagnósticos. Aparte de las múltiples patochadas y meteduras de pata de sus primeros meses, Wert se cargó la asignatura de Educación para la ciudadanía, reintrodujo la religión en el currículo, aumentó en un 20% la ratio de alumnos por clase, elevó la carga docente de los profesores y recortó el gasto educativo como nunca se había hecho en España. Ese ataque sin precedentes a la enseñanza pública y a la igualdad de oportunidades se completó con la desaparición del Ministerio de Cultura -medida que, de haberse tomado en Francia, habría provocado una nueva revolución- y con la implantación del 21% de IVA a la cultura y los espectáculos, urdida por el PP como arma de destrucción masiva de profesionales, creadores y espectadores.

Decididamente, no queda más remedio que denunciar en cuanto sea posible el Concordato que regula las relaciones entre España y la Santa Sede. Corre prisa que gane las elecciones alguien que se comprometa con esa decisión, porque la Conferencia Episcopal Española sufre un grave trastorno del conocimiento, de tipo regresivo. Si Dios no lo remedia (y es muy posible que el ministro Wert ni tan siquiera esté dispuesto a escuchar a Dios), los niños y niñas de este país pueden terminar aprendiendo en la escuela la muy científica idea de que el mundo se creó el 23 de octubre del año 4004 antes de Cristo, como muy bien demostró el admirable obispo irlandés James Ussher, allá en el siglo XVII. No lo quiera Alá.