Los recortes del Gobierno de Aragón han dejado la Universidad de Zaragoza en una situación económica tan delicada que el rector, Manuel López, se vio obligado a ordenar a finales del año pasado que no se hicieran reparaciones en los edificios a no ser que hubiera riesgo para las personas. Es decir, decretó a los decanos que no se arreglaran persianas rotas, ni se sustituyeran bombillas fundidas ni se repusieran proyectores averiados porque no quedaba dinero. Y aunque ahora, tras aprobarse los presupuestos para este ejercicio, ha levantado esta prohibición, el equipo de López da por hecho que tendrá que tomar la misma medida en unos meses en cuanto se agote el exiguo presupuesto para mantenimiento.

La Universidad de Zaragoza, que tiene más de 35.000 estudiantes, se encuentra entre las 500 mejores del mundo y es la novena de España según el ranking de Shanghái, arrastra por la falta de financiación una deuda global que supera los 31 millones, debe pedir créditos para pagar las nóminas del personal ante los problemas de liquidez y tiene edificios, como la Facultad de Filosofía y Letras, que están literalmente cayéndose a trozos. La partida global que el Gobierno de Aragón transfiere al único campus público de la Comunidad -sumando financiación básica (dedicada sobre todo a pagar las nóminas del personal), investigación, infraestructuras y otros convenios- se ha reducido en 35 millones desde 2009, un recorte del 18%. El grueso de ese ajuste lo ejecutó el PSOE-PAR, con una disminución de 24,7 millones entre 2009 y 2011. Los otros 10 corresponden al actual Ejecutivo PP-PAR.

La Facultad de Filosofía y Letras es el edificio que mejor simboliza estos ajustes. Se trata de una infraestructura construida en 1941 y en la que no se ha realizado ninguna reforma integral desde entonces. Hace ya una década que está proyectada una intervención que requeriría una inversión de unos 20 millones. De hecho, el PSOE se comprometió por escrito, en el plan de infraestructuras 2006-2012, a ejecutarla. Pero ese anuncio se quedó en papel mojado y de los 135 millones que se firmaron para todo el campus, se ejecutaron poco más de 70, según datos de la propia universidad. Las limitaciones presupuestarias continúan posponiendo esta obra sine díe, aunque también el PP se comprometió a ejecutarla.

En los últimos años, los achaques de este vetusto edificio se han convertido en una noticia habitual en la prensa aragonesa. Sin ir más lejos, su decano, Eliseo Serrano, dijo “basta” ante los micrófonos a finales del pasado mes de marzo, cuando se produjeron dos desprendimientos consecutivos. El primero, el día 23, el de un plafón que cayó sobre una alumna que estaba en clase -que, por suerte, salió ilesa-; y el segundo, un día después, el de un trozo del falso techo de la sala de lectura del pabellón de Filología.

Serrano pidió al Gobierno de Aragón que aporte dinero “de una vez” para rehabilitar y reformar la facultad que dirige. Porque estos incidentes no son los primeros que ocurren. Ni mucho menos. El propio decano explica que el principal problema está en el pabellón de Filología, un edificio anexo que fue construido en los años ochenta con “unos materiales pésimos y que es el que peor ha resistido el paso de los años”. “Cada vez que llueve con intensidad sobre Zaragoza, aparecen nuevas goteras, que en el peor de los casos acaban con desprendimientos del falso techo”, explica. Y de ahí que haya estudiantes que ironicen en Twitter con que sería conveniente acudir a la facultad con casco.

No obstante, Serrano y el rector apuntan que, por el momento, la estructura del edificio está bien y que no hay riesgo para las personas. “Si apreciáramos que existe un peligro previsible, cerraríamos cualquier instalación. No sería un decisión discrecional, sino obligatoria por responsabilidad civil. Pero en estos momentos no estamos en esa situación. Ahora bien, los edificios se hacen más viejos cada año que pasa y tendremos que estar atentos a cómo evolucionan”, explica Manuel López.

El principal problema para el decano no son tanto estos desprendimientos que se producen por la lluvia, sino sobre todo que el edificio “no reúne las condiciones idóneas para el trabajo”. Se refiere a ventanas que no se cierran, a que no hay un sistema de refrigeración, a que algunas zonas son inaccesibles para los alumnos discapacitados y a que el circuito de calefacción es tan antiguo que en las últimas plantas hay que llevar el abrigo puesto durante el invierno. “Ahora hace buen tiempo, pero en los meses anteriores hemos medido la temperatura en la zona de arriba y no superábamos los 10 grados”.

La respuesta del Gobierno de Luisa Fernanda Rudi (PP) ha sido siempre el ya famoso “no hay dinero”. Además, la presidenta de Aragón ha acusado a la universidad de no haberse ajustado tanto el cinturón como su Administración para cumplir el déficit. Sin embargo, el Ejecutivo PP-PAR calcula que el ajuste de las cuentas autonómicas ha sido de un 15% y, precisamente, ése es el porcentaje de recorte que ha experimentado el presupuesto global de la Universidad de Zaragoza, que ha pasado de 286 millones en 2010 a 246 este ejercicio. El actual Gobierno de Aragón también alega que, durante esta legislatura, ha salvado la partida para financiación básica de la universidad de los recortes  que ha dejado congelada en unos 142 millones anuales. Pero este argumento es inexacto e interesado cuando se mira el global de la transferencia autonómica -sumando infraestructuras, investigación, subvenciones y otros programas-, que se ha reducido durante el Gobierno PP-PAR de 171 millones -en 2011- a 161.

Pero no sería justo decir que los ajustes han sido solo de la DGA. Entre 2009 y este ejercicio, también los ha habido de la Unión Europea (-6,7 millones, sobre todo en infraestructura científica), de las administraciones locales y otros organismos públicos (-1,3 millones) y también de entidades financieras (por ejemplo, Ibercaja y la CAI -ahora absorbida por la propia Ibercaja- han pasado de aportar un millón a solo 171.250 euros).

Mientras tanto, el Rectorado ha conseguido aumentar sus ingresos propios hasta los 61 millones (cinco más que en 2009) tras subir el precio del servicio de aparcamiento, el de la expedición de títulos, certificaciones, traslados y compulsas, el de la compensación por la utilización de sus infraestructuras, etcétera. Dicho crecimiento se encuadra dentro de un plan de racionalización más amplio, que incluye el cierre del mayor número de instalaciones posible el sábado, así como una semana completa durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa -solo quedan abiertas tres bibliotecas para estudiar y se saturan en época de exámenes- y 15 días en verano.

También se ha aumentado el número mínimo de estudiantes que debe haber para que se imparta una asignatura optativa (el Rectorado calcula que la optatividad ha caído un 25%), se ha ordenado reducir al máximo los gastos de protocolo, se han limitado los viajes del personal y se han reducido las partidas propias para obras y mantenimiento a la mínima expresión. La universidad afirma que, con estas medidas, ahorra más de 10 millones al año.

“¿Nos podemos apretar el cinturón más? -se pregunta el rector en referencia a las palabras de Rudi-. Pues sí. Podemos ajustárnoslo todo lo que queramos, hasta la desaparición de la universidad -ironiza-. La pregunta es a qué coste. El ajuste económico que sufrimos tiene unas consecuencias a corto y medio plazo importantísimas. Algunas son evidentes, como los problemas de infraestructuras. Pero no podemos hacer un desplazamiento de los gastos de personal y de gasto corriente a inversiones porque afectaría a cuestiones básicas, como el pago de la luz, o supondría recortes de personal, más allá de los que ya estamos haciendo por ley (por ejemplo, la tasa de reposición), porque minarían el mantenimiento de la docencia y la investigación, que ya se están viendo afectadas. Hemos tocado hueso”.

Pero el Rectorado también ha recibido diversos tirones de orejas por su gestión. La Cámara de Cuentas de Aragón, órgano fiscalizador de administraciones e instituciones de la Comunidad, le ha pedido en reiteradas ocasiones que amplíe el personal que controla sus cuentas al considerarlo escaso y  ha criticado que está incumpliendo la ley al mantener a tantos profesores eméritos en nómina. De hecho, el último informe del Ministerio de Educación apuntaba que la Universidad de Zaragoza era la única que excedía el límite legal, fijado en el 3% del personal docente (según la Cámara, el campus está en el 4%).

Además, la universidad solo ha reducido su presupuesto para nóminas en 3,3 millones desde 2009, algo que el rector defiende para mantener la calidad docente y los trabajos de investigación. Sus datos indican que el campus da trabajo a 5.343 personas -incluyendo docentes y personal de administración y servicios-, que son 155 menos que en 2009. “Hay que pensar que, aunque ahora mismo hay menos plantilla, los trabajadores van generando trienios y tienen otros complementos, como incentivos de docencia e investigación que se van acumulando con los años, y eso eleva el gasto”.

En este sentido, el decano de la Facultad de Educación, Enrique García Pascual, pide desterrar el tópico que dice que la Universidad de Zaragoza, como el resto de las públicas españolas, son pedigüeñas en exceso, ineficientes y derrochadoras. Pone como ejemplo que su nuevo edificio, que terminó de construirse en 2012, costó poco más de 13 millones, cuando la licitación inicial era de 20. A esta idea se suma el decano de Filosofía y Letras: “Llevo con la misma mesa desde que entré de becario, hace 30 años, y ahora soy catedrático. Además, la heredé de otro profesor. Durante este tiempo, hay servicios de la DGA que han renovado hasta cuatro veces su mobiliario, aprovechando el cambio de sedes. La diferencia de trato es clara”.

Una facultad nueva... pero sin apenas mobiliario

Precisamente, la Facultad de Educación también sirve para ejemplificar la economía de guerra en la que se encuentra esta institución. Los alumnos de estas titulaciones estaban hasta 2012 repartidos en ocho centros distintos -incluso un colegio mayor les prestaba aulas- porque su sede se les había quedado pequeña (de hecho, la compartían con un centro escolar). La construcción de un nuevo edificio se incluyó en el plan de infraestructuras 2006-2012 del Gobierno de Aragón. Pero, como ocurrió con la Facultad de Filosofía, ese compromiso se incumplió.

Esta insostenible situación llevó al Rectorado a iniciar esta obra con sus propios recursos en 2010. Pero los continuos recortes en las transferencias autonómicas por otras partidas hicieron que Manuel López tuviera que detener la obra cuando apenas quedaban dos meses para finalizarla. Hacían falta unos cinco millones de euros para terminarla. Pero el rector explicó que, si la universidad adelantaba ese dinero, “se habría puesto en riesgo la viabilidad económica” de la institución más allá de su mandato. Las obras se pararon en junio de 2012.

Con el edificio casi acabado, García Pascual temía que la obra pasara a formar parte de la lista española de infraestructuras abandonadas. Y entonces comenzó una campaña que incluyó su famosa petición de que los multimillonarios de la lista Forbes aportaran el dinero necesario para concluirla. Mandó varias cartas y solo recibió tres o cuatro respuestas. “Una empresa nos dijo que entendía y lamentaba la situación, pero añadía, y yo lo entendí, que ellos no se dedicaban a eso”, recuerda.

Finalmente, tras la presión de la universidad y los grupos de la oposición en las Cortes de Aragón, el Gobierno de Rudi decidió utilizar su fondo de contingencia para terminar las obras (destinó 3,6 millones, algo que el rector continúa agradeciendo), en una decisión que tomó en marzo de 2013, casi un año después de que los trabajos se pararan. Esta ayuda permitió terminar las obras a finales de dicho ejercicio, aunque luego surgió otro problema: el edificio estaba entregado, pero no había dinero para equiparlo.

El campus empezó entonces a rebuscar en sus almacenes todo el material que pudiera reutilizarse y recibió pequeñas ayudas desinteresadas. “Incluso un profesor de Derecho nos dio una mesa porque decía que no la necesitaba”, recuerda García Pascual.

Finalmente, la nueva facultad pudo recibir a sus primeros alumnos en febrero de 2014, aunque no ha sido hasta enero de este año cuando se ha completado el traslado de todos los estudiantes. Aun así, la facultad sigue sin estar al 100%, ya que no hay recursos para equipar la biblioteca, los laboratorios ni el salón de actos. El decano señala que harían falta unos pocos cientos de miles de euros para conseguirlo, una cifra que no supondría ni el 0,01% del presupuesto de Aragón para este ejercicio. Pero la DGA sigue sin aportarlo ni comprometerlo. “Pese a todo, y sobre todo teniendo en cuenta que el edificio podría haberse quedado abandonado, estoy relativamente satisfecho”, añade García Pascual.

Un contencioso de 52 millones

Por todas estas razones, y ante la falta de financiación que sufre el campus, el rector ha decidido acudir a los tribunales (lo hará como tarde a principios de mayo, tras no prosperar el requerimiento previo a la DGA).  López reclamará a través de un contencioso que el Gobierno de Aragón le pague 52 millones de euros por el dinero que ha dejado de recibir por el incumplimiento del pacto de financiación que firmó con el anterior Gobierno PSOE-PAR en marzo de 2011 (dos meses antes de las elecciones). El PP, que en la oposición calificó de poco ambicioso este acuerdo, cambió de opinión al llegar al poder y dijo que el pacto no se podía cumplir dadas las limitaciones presupuestarias. Como resultado, no lo ha aplicado, ha congelado la financiación básica y, además, ha hecho recortes en otras partidas.

El Gobierno de Aragón se escuda -y así se lo transmitió la consejera de Educación, Dolores Serrat, en la respuesta al requerimiento- en que existe una cláusula en dicho pacto de financiación que supedita su cumplimiento a la disponibilidad presupuestaria del Ejecutivo. Sin embargo, López argumenta que “los pactos están para cumplirlos” y recuerda que no hubiera tomado esta decisión si no estuvieran convencidos de que tienen la razón y que lo van a ganar. “Si no, ¿qué valor tiene un acuerdo tomado por un Consejo de Gobierno?”. En cualquier caso, la resolución no se conocerá hasta la próxima legislatura. La Universidad de Zaragoza habría ingresado esos 52 millones si el Gobierno de Aragón hubiera aplicado este pacto que, por ejemplo, en este ejercicio elevaría la partida de financiación básica de los 143 millones recibidos a 158.

Lo más sorprendente de esta disputa es que ambas partes reconocen que durante el primer semestre del año pasado hubo reuniones para firmar un acuerdo de financiación que sustituyera al actual, que nunca se ha cumplido, y que el acuerdo era casi total. “La última reunión fue el 1 de julio de 2014. Pero, de repente, cuando ambas partes estábamos de acuerdo en lo esencial, dejaron de convocarnos. La siguiente noticia la tuvimos unos meses después, al ver que en el proyecto de presupuestos de 2015 se volvía a congelar la financiación básica y no había ni un euro para infraestructuras. Entendimos que la negociación se había roto y por eso decidimos dar este paso”. El rector dice que siguen sin convocarles y que el Ejecutivo aún no le ha dado una explicación de por qué un acuerdo que estaba tan avanzado se dejó, de repente, aparcado. “Intuyo, dado que las fechas coinciden, que es porque empezaron a salir datos de que la Comunidad iba a incumplir el objetivo de déficit. Pero es solo una especulación razonable”, apunta.

“La Universidad de Zaragoza -continúa- sufre un infradotación histórica desde que se transfirió la competencia a las comunidades, lo que ha hecho que afrontemos los recortes con un peor punto de partida que otras. Por cierto, personas de este Ejecutivo lo reconocían, tanto en la oposición como en los primeros meses de Gobierno. Tras la supresión de la partida de mantenimiento, tenemos que pagar tanto los gastos de personal como los corrientes con la financiación básica, que solo nos da para cubrir el 88% de las nóminas, cuando la media de las universidades públicas está en el 108%. Es decir, tienen un 8% para abrir las puertas: limpiar, pagar la luz, el teléfono, Internet...  Nosotros eso tenemos que ponerlo con recursos propios, además de una parte de las nóminas. Con nuestra actual financiación, la viabilidad a medio plazo está comprometida”.

La negociación que se mantenía con el Gobierno de Aragón incluía un nuevo plan de infraestructuras que, según el rector, “ya estaba cerrado” -se habló de unos 50 millones de euros hasta 2020, incluyendo la reforma de Filosofía y Letras-. Y en el nuevo pacto de financiación también había acuerdo “excepto en un par de millones para este 2015”. “Es decir, que del 2016 para adelante estaba todo acordado. Era, por cierto, un pacto más restrictivo que el actual”.

López mantiene la puerta abierta al diálogo. Pero es claro al decir que el Gobierno de Aragón “no se ha portado bien” con ellos. De hecho, al ser preguntado por si el pacto firmado con el anterior Ejecutivo pudo ser electoralista -como comentan dirigentes del PP-, el rector dice que si no se estaba de acuerdo con él, “lo que se tendría que haber hecho es elaborar otro”. “Eso es lo que hemos mantenido hasta que casi se ha acabado esta legislatura. Pero, viendo que todo el trabajo que habíamos hecho se ha dejado aparcado, pues recurrimos el incumplimiento. Si un Gobierno democrático quiere cambiar la política o un acuerdo del otro -argumenta-, que lo haga. Pero lo que no puede ser es que ni cumplan el acuerdo tomado por un Consejo de Gobierno, a lo que está obligado por ley, ni lo modifiquen. Es que no han hecho ni una cosa ni la otra. Hemos estado toda la legislatura sin saber qué financiación íbamos a tener hasta que salieran los presupuestos, ni siquiera los mínimos que teníamos garantizados. Salvo, parece ser, que la básica se congelaba. Si es que no pensaron alguna vez en recortarla”.