Los desmanes de los que se acusa a Rodrigo Rato son probablemente la guinda, guinda envenenada, eso sí, de todo un modelo de comportamiento de buena parte de las élites políticas y empresariales de este país. Un modelo que partía de la creencia de que igual que la obligación de un prisionero es intentar escaparse, la obligación de alguien adinerado y poderoso es intentar evadir impuestos, engañar al fisco, y vanagloriarse de ello entre los amigos.

Esa mentalidad, que en el fondo solo refleja la falta de rigor intelectual de esas élites y su chabacanería, es la que ha ido extendiéndose, seguramente por falta de controles, entre un número demasiado grande de aquellos a quienes los ciudadanos encomendamos la gestión de nuestros asuntos políticos y el desarrollo del país. No hay que olvidar que detrás de cada caso de corrupción política ha habido siempre una empresa, un empresario que ha proporcionado ese dinero ilícito. El caso es que esas élites, o al menos importantes y numerosos elementos de ellas, han llegado a pensar en sí mismos como seres merecedores del agradecimiento universal y, por supuesto, eximidos del normal cumplimiento de la ley.

Y sin embargo, a  trancas y barrancas, con dificultades, sospechas y temores, poco a poco, la gran mayoría de quienes cometieron esos desmanes va sentándose en el banquillo de la justicia. Unos serán condenados, otros, quizás, no, pero es muy difícil que la maquinaria que se ha puesto en marcha se pare. De una manera o de otra, la Administración, que no está corrompida en su trato cotidiano con los ciudadanos, responde a su propia dinámica y es capaz de sortear presiones y amenazas.

Eso es lo que necesitan los ciudadanos. No se trata de iniciar ampulosos procesos de regeneración, una palabra que suele usarse para sacar brillo a autenticidades inexistentes y que se opone con frecuencia al famoso, y decimonónico, concepto de decadencia. Basta con que se mejoren los mecanismos democráticos de rendición de cuentas o que se instalen, ahí donde no existan aun. Y con que esos mecanismos de rendición de cuentas (no únicamente judiciales sino también parlamentarios y de regulación económica y financiera) tengan el necesario apoyo ciudadano y el imprescindible prestigio.

Una adecuada y obligada rendición de cuentas, no solo de los gestores públicos sino también, con sus propios instrumentos, de los gestores de las grandes empresas de este país, acabaría con la percepción que tienen demasiados de ellos de que los ciudadanos les debemos algo, a parte de su salario, por su trabajo. Durante demasiado tiempo se ha permitido el comportamiento arrogante de esas elites, tan bien representadas por Rodrigo Rato, pero también por el impertinente abogado Emilio Cuatrecasas, ex presidente del segundo mayor bufete del país, especializado en asesoría fiscal, y condenado él mismo la pasada semana a dos años de cárcel y pago de varios millones de euros por varios delitos contra la Hacienda Pública. (Una noticia que dejaría estupefactos a sus clientes en cualquier país europeo y que en España está pasando casi inadvertida)

Por eso mismo, por la necesidad de acabar con esa altanería y con ese sentimiento de impunidad es por lo que también debería hacerse pública la lista de las más de setecientas personas que se acogieron en su día a la amnistía fiscal del ministro Montoro y que ahora están siendo investigadas por la policía por posible blanqueo de capitales. No se trata de que la Agencia Tributaria vulnere la ley y rompa su compromiso de confidencialidad con los contribuyentes, como asegura el Gobierno. Según algunos juristas, esa lista no es una lista de personas que pagan impuestos, sino de personas que están siendo investigadas en relación con delitos, algo que no requiere ninguna reserva, salvo que se tratara de menores de edad. Los ciudadanos tienen derecho a saber, antes de las citas con las urnas, si entre esos presuntos blanqueadores hay otros políticos además de Rato. Y quiénes son los personajes que, en medio de la peor crisis del último medio siglo, ocultaron 20.000 millones al arruinado erario público. 

En cualquier caso, no está de más un recordatorio: el exvicepresidente puede ser culpable de los delitos de los que le acusa la fiscalía, todos ellos dignos de severas condenas. Pero aun siendo extraordinariamente grave ese eventual comportamiento en una persona que ha sido nada menos que ministro de Economía y Hacienda y director gerente del FMI, la trama de corrupción mas grave que se ha detectado hasta ahora en España es la que tiene su origen en la financiación ilegal del Partido Popular en cuanto institución. Una trama que según el juez lleva más de veinte años en funcionamiento, y que ha perjudicado el normal funcionamiento de la democracia española a todos los niveles, desde los procesos electorales a la gestión municipal. Y de esa trama no es responsable Rodrigo Rato.