En 2007, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en EE.UU., se inaugura un periodo de crisis económica sin precedentes del que buena parte de los países desarrollados están apenas hoy comenzando a vislumbrar el fin. La pérdida de riqueza ha sido colosal. De acuerdo con las cifras de la OCDE, a finales de 2009 la riqueza de EE.UU., medida por su Producto Interior Bruto per cápita (PIBpc), había caído un 4,8% a precios constantes de 2005, y no recuperó valores positivos hasta 2013. En Europa, el PIB registró un decrecimiento continuado a partir del segundo semestre de 2008 en la mayoría de los países de la zona euro, seguido de una breve recuperación y una recaída posterior en 2011, que ha dado lugar al periodo recesivo más largo experimentado por las economías avanzadas desde la II Guerra Mundial. La pérdida de riqueza en términos reales para el conjunto de la Unión Europea de los 28 había supuesto a fecha de 2013 una reducción del PIBpc a precios constantes de 2005 de casi un 2.5% en media, una cifra superada con creces por algunos países, con Grecia (25,2%), seguida de Italia (11,1%), Irlanda (10,8%) y España (9%).

A diferencia de otros periodos recesivos vividos con anterioridad, esta crisis, calificada como la Gran Recesión por algunos expertos, se caracteriza no sólo por su longitud y virulencia desde el punto de vista de la pérdida de riqueza, sino por su dramático impacto sobre el empleo. En los últimos siete años se han destruido millones de empleos a nivel mundial, con una recuperación lenta y difícil del mercado de trabajo, mientras el desempleo de larga duración amenaza con volverse crónico para una parte importante de la fuerza de trabajo en muchos países. En EE.UU., una de las economías más dinámicas del mundo antes de la crisis, se perdieron 7,9 millones de empleos tan sólo durante los dos primeros años en los que oficialmente duró la recesión en este país. En la Unión Europea el impacto es más tardío, pero también notablemente intenso. Supuso la pérdida de 4,4 millones de empleos en 2009, un balance que se reducía a finales de 2014 a 'tan sólo' 2,9 millones menos de ocupados gracias al cambio de tendencia experimentado durante el pasado año. Pero esta pérdida no se ha repartido equitativamente entre los distintos países.

Los países del Sur de Europa, junto con Irlanda, aunque con diferente ritmo e intensidad, han sido los que han acaparado la mayor parte de la pérdida. La palma se la ha llevado sin duda Grecia, que ha visto reducida su fuerza de trabajo en un 22,9% desde el comienzo de la crisis, seguida, en orden decreciente, de España (15,7%), Portugal (12,1%) e Irlanda (10,7%). En ninguno de estos países el impacto en términos absolutos ha sido, no obstante, tan grande como en España, que con 3.169.000 ocupados menos acumula por sí sola casi el 52% de la pérdida bruta de ocupación en la UE-28 desde el inicio de la crisis.

Asimismo, en España el desempleo ha crecido con una rapidez que sólo se asemeja al ritmo de crecimiento del empleo vivido en el periodo previo a la crisis. A finales de 2009, la tasa de paro se había duplicado con respecto al mismo periodo de 2007, pasando del 8,6% al 19,7% de la población activa, hasta alcanzar un pico de 26,9% a principios de 2013. Aunque en el último año el desempleo ha disminuido moderadamente, hay aún más de cinco millones de personas en paro, casi un cuarto de la población activa, mientras que los trabajadores desanimados y subempleados constituyen un ejército cada vez más considerable.

La alta sensibilidad del mercado de trabajo español a la crisis se explica en parte por tratarse de una crisis alimentada por el estallido de una burbuja inmobiliaria con un gran impacto directo sobre la demanda agregada y el empleo, pero también por el efecto de las políticas públicas que se han desarrollado para hacer frente a la crisis. A diferencia de otros países donde la crisis también ha estado asociada a una burbuja inmobiliaria, las políticas de apoyo a la demanda emprendidas en los primeros meses en nuestro país se vieron pronto reemplazadas por políticas de ajuste más ortodoxas a partir de mayo de 2010 por el Gobierno de Zapatero, intensificadas posteriormente por el Gobierno actual del PP, que han exacerbado aún más el impacto de la crisis.

La efectividad de las políticas de austeridad es sin embargo puesta en duda de manera general en estos momentos: ni consiguieron devolver la confianza a los mercados de manera automática como se anticipaba, ni han equilibrado las cuentas públicas --los niveles de deuda pública de la mayoría de los países han aumentado--, ni han tenido el esperado efecto dinamizador de la economía. Podríamos decir, incluso, que más bien han hecho más difícil la salida de la crisis y la recuperación del crecimiento.

Sin embargo, en su nombre se han acometido importantes recortes del gasto público, especialmente del gasto social, que han dado al traste con buena parte de los avances sociales conseguidos en los últimos años. Ello sin dejar atrás las llamadas reformas estructurales, que han supuesto una reorganización profunda del sistema de relaciones laborales y de las condiciones del mercado de trabajo, que han hecho más frágil y precaria la situación de los trabajadores.

Como resultado de todo lo anterior, desde el inicio de la crisis se ha producido un incremento espectacular de los niveles de desigualdad en nuestro país. De acuerdo con los últimos datos disponibles, correspondientes a 2012, España ha pasado a ocupar las posiciones de cabeza en el ranking europeo de la desigualdad, tan sólo por detrás de Grecia, Portugal y algunos países del Este, como Bulgaria, Rumania, Lituania y Letonia. La diferencia es que, mientras estos países ya se encontraban en 2007 en niveles de desigualdad semejantes a los actuales, España ha sido el único país donde la desigualdad se ha disparado, pasando el Índice de Gini, el indicador más habitual para medir la desigualdad de ingresos, de 31,9 a 33,7 en el breve lapso que va de 2007 a 2012. Igualmente, la razón entre el 20% más rico y el 20% más pobre ha pasado de 5,7 a 6,8 veces, una evolución sin parangón en el conjunto de la UE.

El impacto de la crisis ha sido además mucho mayor sobre los que ya se encontraban en las posiciones menos ventajosas. De acuerdo con los datos de la OCDE, España es el país junto con Grecia en el que la renta del 10% más pobre sufrió una caída mayor, cercana en ambos casos al 13%. Sin embargo, mientras en Grecia la renta del 10% más rico también cayó casi al unísono un 9%, en España sólo experimentó una ligera caída del 1,4%. España no es sólo el país donde el impacto de la crisis ha sido más duro para los más desfavorecidos, sino donde ha afectado de manera menos equitativa. Frente a lo que suele pensarse, no estamos ante una devaluación general del bienestar, sino frente a un proceso de acrecentamiento de las desigualdades existentes a costa, fundamentalmente, del empeoramiento de la situación de los que están más abajo.

Pobreza

En contraste, las tasas de pobreza relativa han permanecido prácticamente estables a lo largo de los últimos años en España, especialmente a partir de la reestructuración muestral llevada a cabo por el INE en 2013 en la principal fuente para el estudio de los ingresos, la Encuesta de Condiciones de Vida. Si con la serie anterior, que fue oficial hasta mayo de 2014, la pobreza relativa había experimentado ligeras variaciones al alza desde el inicio de la crisis, desde 19,7% en 2007 a 22,2% en 2012, con las nuevas cifras la pobreza relativa habría estado prácticamente “congelada” en los últimos años en torno al 20%. Sin embargo, en un contexto como el actual de inestabilidad económica, los indicadores relativos de pobreza son poco significativos sobre la situación real que viven las personas y los hogares.

Un empobrecimiento de los que se encuentran en los niveles más bajos de ingresos podría dejar intacta la pobreza relativa severa, siempre que el empobrecimiento de este segmento fuera semejante al del conjunto de la población. Por ello se está volviendo cada vez más frecuente utilizar umbrales de pobreza fijos a lo largo del tiempo, que no dependan de las variaciones en el conjunto de la distribución. De este modo obtenemos tasas de pobreza “ancladas” a un momento determinado, lo que nos permite ver cómo va aumentando o disminuyendo la cifra de personas que queda bajo un umbral determinado de renta, actualizando únicamente por el IPC, independientemente de lo que ocurra en el resto de la distribución.

En realidad, España es el tercer país de la UE en el que más aumentó la pobreza anclada, pasando del 11,5% al 17,6%, tras Grecia e Irlanda. La situación de España no es comparable a la griega, donde de acuerdo con los datos de Eurostat un 40% de su población se encuentra bajo el umbral de la pobreza anclada, pero es también muy preocupante, especialmente si consideramos que la escasez de recursos económicos tiene consecuencias muy importantes desde el punto de vista de las oportunidades de desarrollo personal y social de los individuos. De acuerdo con el Módulo de Transmisión intergeneracional de la pobreza de la ECV (2011), el hecho de haber vivido durante la infancia y adolescencia en hogares con escasez económica merma dramáticamente las oportunidades de alcanzar niveles superiores de estudios. Mientras los que se criaron en hogares con holgura económica cursan estudios superiores en más de un 40%, solo un 15% de los que vivieron en hogares con escasez lo consigue.

Lo más preocupante no es lo que nos ha pasado hasta ahora, sino lo que está por venir. España sigue en crisis, por más que algunos indicadores macroeconómicos puedan empezar a enderezar el rumbo, y parece que hay poco que celebrar. Si la crisis económica parece estar en tránsito, la crisis social podría ser mucho más duradera de lo que sería deseable.

Olga Salido es socióloga, profesora en la Universidad Complutense de Madrid y autora, entre otras obras, del informe Los ciudadanos españoles ante la crisis (Fundación Alternativas).