El 24 de abril terminó en Nueva York la novena ronda de negociaciones del Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), un tratado que están negociando actualmente EEUU y la UE, y cuyo objetivo principal es facilitar y liberalizar el comercio y las inversiones entre las dos grandes potencias occidentales. El tratado comenzó a negociarse en Washington en julio de 2013, y las negociaciones se han caracterizado en un principio por el secretismo. La Comisión europea ha tenido que ir dejando atrás esa opacidad, forzada en buena medida tanto por la acción ciudadana (más de un millón de firmas recogidas contra el tratado) como por el Parlamento Europeo (más de 900 enmiendas presentadas), además de por la Defensora del Pueblo europeo, que ha exigido mayor transparencia en repetidas ocasiones. Pese a todo lo que está en juego, el eco mediático del tratado en España está siendo sorprendentemente escaso. Por ejemplo, en abril miles de personas se manifestaron contra las negociaciones en toda Europa, pero la mayor parte de la prensa española no informó de ello. 

El objetivo declarado del TTIP es crear la mayor zona de libre comercio del mundo, con 800 millones de consumidores. A diferencia de lo que suele suceder con los tratados de libre comercio, el TTIP no va de reducir aranceles: los aranceles entre EEUU y la UE ya son bajísimos, un 3% de media. El tratado pretende reducir las barreras no arancelarias, es decir homogeneizar estándares y regulaciones que impiden que actualmente un fabricante europeo pueda vender directamente su producto en EEUU y viceversa. Esto afecta a casi todos los sectores, desde el agroalimentario al textil, pasando por la industria química, la automoción o los servicios financieros.

Para muchos ciudadanos europeos, homogeneizar estas regulaciones con las estadounidenses es preocupante porque, en general, las regulaciones sociales y ambientales estadounidenses son mucho más laxas que las europeas. Algunos ejemplos: en EEUU, actualmente más del 70% de los alimentos a la venta en los supermercados contienen algún ingrediente genéticamente modificado, mientras que en Europa esos alimentos están casi totalmente prohibidos; en Europa existen 1.200 sustancias prohibidas para la fabricación de cosméticos, mientras que en EEUU son sólo 12; en EEUU, el dueño de un terreno puede decidir unilateralmente si quiere extraer gas o petróleo con fractura hidráulica del subsuelo sin tener que pedir permiso a nadie, mientras que en la mayor parte de Europa actualmente el fracking no está permitido.

Una de las pocas excepciones es la regulación financiera, que tras la crisis de las hiptecas subprime ha pasado a ser más estricta en EEUU que en Europa, lo que está llevando a la industria financiera estadounidense a presionar a favor de la firma del tratado (con la esperanza de que éste implique una rebaja de las exigencias regulatorias). Otro riesgo importante es que, dado que EEUU sólo cumple con dos de los ocho estándares laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los trabajadores europeos podrían perder derechos laborales al competir más directamente con los norteamericanos.

Los trabajadores europeos podrían perder derechos laborales al competir más directamente con los norteamericanos

La experiencia indica que en estos procesos de armonización regulatoria lo habitual suele ser rebajar estándares hasta llegar al mínimo común denominador, en lugar de tender hacia la regulación más estricta. Hay algunos casos puntuales en los que Europa y EEUU tenemos regulaciones diferentes pero equivalentes en cuanto a exigencia, como por ejemplo el caso de los estándares de seguridad de la industria automovilística, y en esos casos el tratado es una ganancia neta para ambos bloques. Pero en la mayoría de situaciones, si se lograra la armonización normativa sería tras una rebaja de los estándares europeos, ya sea en seguridad alimentaria, protección del medio ambiente u otros ámbitos. ¿Qué ganancias se nos prometen a cambio de estos sacrificios?

Modelos vs realidad

La Comisión Europea, basándose en varios estudios independientes que ha encargado, asegura que, en el mejor escenario posible, si se firmara el TTIP la economía europea crecería durante el periodo 2015-2025 un 0.5% más de lo previsto actualmente sin tratado. No un 0.5% más al año, sino un 0.5% al cabo de diez años. Si suponemos que esa riqueza adicional que se generaría gracias al TTIP se repartiera a partes iguales entre todos los europeos, cada europeo ganaría, en el mejor de los casos, unos 50 euros adicionales al año gracias al tratado. Claro que, dado que la masa salarial en porcentaje del PIB está estancada o cayendo desde hace más de un lustro en casi toda Europa, y especialmente en España, ese reparto equitativo es mucho suponer. Siendo realistas, lo probable es que el aumento de renta, de producirse, fuera a parar en su gran mayoría a incrementar el beneficio empresarial.

Pero ni siquiera el escenario anterior es demasiado probable. Esas predicciones se basan en un tipo de modelos, llamados modelos de equilibrio general dinámico-estocástico (DSGE, por sus siglas en inglés). Estos modelos, utilizados de forma habitual por instituciones como el Banco Mundial, el FMI, la OCDE o la mayoría de bancos centrales y gobiernos occidentales, no predijeron la crisis subprime ni la posterior crisis de deuda soberana. Según los resultados de esos modelos, la austeridad y la devaluación interna deberían haber propiciado un crecimiento vigoroso capaz de sacar del agujero negro a la economía europea. La realidad desmiente esas predicciones a diario.

Durante las últimas décadas, las predicciones de estos modelos han sido correctas sólo muy excepcionalmente (generalmente en tiempos especialmente tranquilos) y, de hecho, el economista jefe del FMI reconocía recientemente la poca utilidad de estas herramientas y cómo la economía debe evolucionar en busca de herramientas técnicas mejores, además de partir de supuestos más realistas, funcionar de una manera más científica y aplicar más el sentido común.

Lo probable es que el aumento de renta, de producirse, fuera a parar en su gran mayoría a incrementar el beneficio empresarial

Otros investigadores independientes, en este caso no contratados por la Comisión Europea, como por ejemplo un grupo de investigación de la universidad de Tufts, han simulado los efectos de la implantación del TTIP con otro modelo que parte de supuestos más realistas (el UN Global Policy Model, o GPM, modelo de referencia de Naciones Unidas).

El GPM predice que el TTIP provocará: I) una pérdida de exportaciones netas para las economías europeas; II) un descenso moderado del PIB en todos los países europeos participantes; III) una pérdida de unos 600.000 empleos en Europa (no así en EEUU, donde habría creación de empleo); y IV) una reducción de la masa salarial en porcentaje del PIB en Europa (es decir, que proporcionalmente las empresas obtendrían riqueza a costa de los trabajadores).

Los resultados que predice el GPM no son dramáticos cuantitativamente, pero sí son concluyentes. En cualquier caso, argumentar a favor del tratado utilizando modelos econométricos que fallan sistemáticamente en sus predicciones es tramposo por varios motivos: en primer lugar, porque como hemos visto lo más probable es que las predicciones no se cumplan; en segundo lugar, porque se excluye del debate a la mayor parte de la población, que no comprende los modelos y se ve obligada a creer a los técnicos, cuando la decisión es fundamentalmente política; finalmente, si creemos a pies juntillas los estudios independientes de la Comisión, como hace la enorme mayoría de la prensa, entonces los que critican el tratado son caracterizados, falazmente, como enemigos del crecimiento y la creación de empleo. 

Es útil tener en cuenta una experiencia histórica reciente: cuando se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y México, varios sindicatos estadounidenses expresaron su temor a que la competencia con trabajadores mexicanos con salarios ínfimos degradara sus condiciones laborales. La administración Clinton, apoyándose en modelos simplificados que daban el resultado deseado, les prometió a los estadounidenses que el TLC crearía centenares de miles de puestos de trabajo. La evidencia, como se describe en detalle en este estudio, es que el TLC ha destruido más de 600.000 empleos en EEUU. Por supuesto, la experiencia de EEUU con México, o con Corea del Sur, no sirve como argumento para invalidar cualquier tratado de libre comercio: hay muchos actualmente vigentes que han sido auténticas palancas de crecimiento económico. Pero sí debemos ser conscientes de que más libre comercio y más desregulación no siempre implican mejores condiciones de vida para la población; de hecho, en varias ocasiones han significado lo contrario.

El Tratado de Libre Comercio entre México y EEUU ha destruido más de 600.000 empleos en EEUU

Juicios paralelos

Uno de los aspectos más controvertidos del TTIP son los tribunales de arbitraje, conocidos por sus siglas en inglés, ISDS (Investor-state dipute settlement). La función de estos tribunales de arbitraje, que se situarían por encima de la jurisdicción de los tribunales de los países firmantes, sería mediar entre un inversor y un país determinado en caso de conflicto. Si el tribunal falla a favor del inversor, entonces el país puede verse obligado a pagar una indemnización sustancial a la empresa (generalmente resarcirla tanto por lo invertido como por lo que se estime que el inversor ha dejado de ganar). Hay muchos ejemplos de cómo funciona este sistema en la práctica (ver aquí); un caso reciente ha sido el dictamen que obliga a la ciudad de Buenos Aires a abonar 400 millones de dólares a la francesa Suez por haber decidido remunicipalizar la gestión de residuos.

Es cierto que un ISDS puede ser un instrumento útil si la UE negocia un tratado con un país que no tiene un sistema jurídico desarrollado ni independiente, como puede ser por ejemplo el caso de Vietnam, con quien se está negociando un tratado de libre comercio actualmente. Sin esa protección, probablemente muy pocas empresas europeas asumirían el riesgo de invertir en un país en cuya justicia no confían. Sin embargo, esa protección adicional no es necesaria ni en EEUU ni en la UE: su única función es dar una ventaja estratégica a los inversores extranjeros frente al resto de agentes. Si una empresa considera que su inversión ha sido vulnerada en EEUU o la UE, lo apropiado es que vaya a un juzgado ordinario, que no aplique la legislación de un tratado internacional, sino que aplique el ordenamiento constitucional en el que se recogen los derechos de los ciudadanos. Los tribunales de arbitraje, si llegaran a materializarse, podrían incluso tener el efecto indeseado de inhibir la acción legisladora: podría darse el caso de países que no aprobaran leyes socialmente respaldadas por miedo a tener que pagar indemnizaciones posteriormente en el marco del tratado. Este tipo de situación rayaría en lo antidemocrático, y sería especialmente peligrosa dado que es muy difícil revertir o modificar un tratado de este tipo una vez firmado.

Los tribunales de arbitraje podrían incluso tener el efecto indeseado de inhibir la acción legisladora

Mitos y verdades

La Comisión Europea ha publicado este interesante documento que desmiente algunas de las críticas que se han oído respecto del tratado en los últimos tiempos: el TTIP no restringiría en ningún caso la posibilidad de gestionar cualquier ámbito de la economía desde el sector público, ni de nacionalizar sectores actualmente privados. Parece, por tanto, que las informaciones que se filtraron hace unos meses sobre posibles privatizaciones forzosas de servicios públicos, como por ejemplo la sanidad, eran solamente rumores, o que ha habido cambios en este sentido debido a la oposición ciudadana y política. Según la Comisión Europea, el TTIP tampoco impediría que los países europeos que así lo deseen sigan subvencionando su industria cultural (por ejemplo, el cine francés). Sin embargo, los tribunales de arbitraje siguen en la agenda.

En cualquier caso, está muy claro que ahora mismo no tenemos herramientas analíticas que nos permitan predecir con precisión las consecuencias de la introducción de un cambio de esta magnitud; por ello, es aún más importante que exista un debate lo más abierto y transparente posible al respecto. Si se decide firmar el TTIP, debería ser una versión del acuerdo en la que todos los actores sociales estén justamente representados y sus intereses sean respetados. Fiarnos ciegamente de estudios que sistemáticamente yerran, tanto en sus predicciones como en sus recomendaciones de política económica, es una receta segura para el fracaso.