El sigilo está marcando las negociaciones para llevar a buen puerto el Acuerdo Transatlántico de Inversión y Comercio (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP, en sus siglas en inglés), que desde principios de 2013 negocian Estados Unidos y la Unión Europea. Aunque está llevando más tiempo de lo esperado por ambas partes, el objetivo es alcanzar lo que los negociadores estadounidenses denominan “algo más que un acuerdo de libre comercio” que pretende sentar las bases de la economía globalizada para el presente siglo.

Sobre el papel, en juego están las reglas marco que determinarán las relaciones comerciales entre dos gigantes en temas como los aranceles, la homologación de normas de calidad y seguridad alimentaria, los derechos de propiedad intelectual, las regulaciones supranacionales o los estándares laborales y medioambientales.

Precisamente este último aspecto, junto con las normas de seguridad alimentaria --mucho más laxas en EEUU que en los países de la UE--, es el que más ampollas están levantando en el debate entre detractores y partidarios de un proyecto del que, por el momento, poco se sabe más allá del documento filtrado a la BBC en febrero y que, a diferencia de lo que está provocando el tratado homólogo para la región Asia-Pacífico, ha generado poco ruido en Estados Unidos.

En estas últimas semanas, no tanto el TTIP, sino su tratado homólogo para la región Asia-Pacífico, se ha convertido en arma arrojadiza entre el presidente de EEUU, Barack Obama, quien, apoyado por el Partido Republicano y buena parte de sus propias filas, ha echado el resto para conseguir un triunfo más que añadir a su legado en sus últimos meses como inquilino de la Casa Blanca. Enfrente se sitúan un grupo de congresistas y senadores demócratas (así como diversas organizaciones sociales y sindicales) que, capitaneados por la senadora por Massachutssets, Elizabeth Warren, han venido insistiendo en que los beneficios prometidos, lo serán sobre todo para las grandes multinacionales que se aprovecharán de la previsible desregularización, mientras que la castigada clase media estadounidense volverá a salir perdiendo, especialmente en las zonas fronterizas y el en ya depauperado Medio Oeste americano, otrora santo y seña del orgullo blue collar. 

Enfrente se sitúan un grupo de congresistas y senadores demócratas capitaneados por la senadora por Massachutssets, Elizabeth Warren

Desconfianza en las propias filas

Las críticas desde las propias filas del partido del presidente arreciaron después de que el Comité de Finanzas del Senado aprobara un paquete legislativo denominado Autoridad de Promoción Comercial (Trade Promotion Authority, TPA, en sus siglas en inglés) y que básicamente otorgará al presidente, por la vía rápida, la capacidad de negociar todo acuerdo comercial sin que después el Congreso pueda modificar los términos del mismo; esto es, en una eventual votación, los representantes solo se podrían manifestar en términos de sí o no. Esto afectará a ambos tratados comeriales.

Desde hace meses, la Administración Obama ha reclamado esta facultad para acelerar las negociaciones en curso con la UE y los países del Pacífico. Senadores críticos como Sherrod Brown (D-Ohio) o Bob Casey (D-Pensilvania) expresaron en público su frustración con la decisión del comité accediendo a los deseos del presidente en un tema de tamaña sensibilidad. “Me gustaría que [el presidente] pusiera el mismo esfuerzo en la legislación sobre el salario mínimo. Me gustaría que pusiera el mismo esfuerzo en el acceso a Medicare por parte de los ciudadanos de 55 años. El mismo esfuerzo en el fortalecimiento de las leyes de protección de los consumidores”, dijo Brown.

Al día siguiente, el Comité de Arbitraje de la Cámara de Representantes aprobó su propia versión de la legislación comercial. Como en el caso de la decisión del Comité de Finanzas, varios demócratas respaldaron al presidente y al Partido Republicano, aunque lo hicieron expresando cierta frustración. El más gráfico fue el congresista Richard Neal (D- Massachusetts) quien dijo estar “convencido” de que Obama “no habría apoyado esto hace seis años, cuando él estaba en el Senado”. 

Lo cierto es que las dimensiones de lo que está en juego en el TTIP son enormes.

EEUU y la UE suman cerca del 60% del PIB mundial, un tercio del comercio internacional de bienes y servicios en un mercado de casi 800 millones de consumidores. Si bien este tratado está todavía empantanado, se da la circunstancia de que paralelamente a las negociaciones con la UE, EEUU tiene mucho más avanzado otro acuerdo que garantizaría su supremacía en su patio trasero.

El denominado Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico (TPP) engloba a EEUU y a otros 11 países de Asia y el Pacífico (Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam). Los fines son prácticamente los mismos que su semejante en el Atlántico, un tratado que abriría todavía más los mercados, estableciendo reglas comerciales homologadas entre los firmantes, algo que a nadie se le escapa, significa de alguna forma hacer frente al empuje del gigante chino. Juntos, ambos tratados representan casi dos tercios de la economía mundial. Con la vía rápida que quiere conseguir Obama, el Congreso ya no tendrá capacidad alguna de enmendar o retrasar dichos acuerdos. 

Warren a la cabeza de los críticos

La más dura en sus juicios contra Obama ha sido Warren, quien incluso llegó a coquetear, nunca de forma real, con la posibilidad de pelear por la candidatura del Partido Demócrata a las presidenciales de 2016. La senadora por Massachusetts lleva meses cargando contra el secretismo que está rodeando las negociaciones. El pasado mayo, en la gala de la organización Public Citizen, muy crítica con la naturaleza de los tratados, Warren declaró: “Por lo que sé, en Wall Street, en las farmacéuticas, en las empresas de telecomunicaciones, las grandes contaminantes y subcontratistas están salivando ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo en las negociaciones comerciales. Y la pregunta es: ¿Por qué son las conversaciones secretas? Les encantará la respuesta, las cosas que se aprenden en el Capitolio” ―ironizó Warren―, “de hecho, algunos partidarios del acuerdo se han acercado a mí para decirme: ‘Tienen que ser secreto, porque si el pueblo norteamericano supiera de lo que en realidad se trata, se opondría”. 

"Tienen que ser secreto, porque si el pueblo norteamericano supiera de lo que en realidad se trata, se opondría", ha denunciado Warren

En un artículo referido al TTP, el acuerdo cuyas negociaciones están más avanzadas, publicado en febrero en The Washington Post, Warren llamaba la atención especialmente sobre una cláusula que también está incluida en el tratado trasatlántico. Se trata del sistema de resolución de conflictos inversor-Estado (ISDS) que consiste básicamente en la creación de una instancia especial de arbitraje que permita a las empresas obviar el sistema jurídico de cada país y a la que recurrir directamente cuando crea que un Estado se ha saltado lo convenido en el tratado. Especialmente EEUU ha manifestado su interés en este punto ya que penalizaría expropiaciones o tratamientos discriminatorios sobre sus empresas. 

La senadora considera, en unos argumentos muy semejantes a los expresados al otro lado del Atlántico por países como Alemania o Francia, que dicha cláusula “pone en peligro la soberanía nacional”, al tiempo que otorga a las grandes multinacionales el poder “de saltarse las legislaciones para acudir a un tribunal especial” en el que solo sus intereses estarían representados, puesto que “no habría jueces independientes”.

En el caso que finalmente la cláusula sobre el ISDS salga adelante intacta, los que se oponen a ella temen que en el futuro podría haber más vías para que las compañías puedan enarbolar una demanda contra EEUU, lo que significaría un mayor riesgo potencial de perder litigios de índole comercial. Esto es algo que con los acuerdos actuales todavía no se ha producido. De hecho, a día de hoy, ninguna empresa extranjera le ha ganado todavía una demanda al Gobierno de EEUU. De 17 casos presentados en los últimos 25 años, en 13 (cuatro están todavía en curso) la sentencia ha sido favorable a los intereses nacionales estadounidenses.

En abril pasado, en una entrevista en la MSNBC en la que se trató el curso de las negociaciones de los acuerdos comerciales, Obama se dedicó a contestar las continuas críticas de la senadora. “Adoro a Elizabeth. Somos aliados en toda una serie de cuestiones, pero se equivoca en esto”, dijo el mandatario. “Si no creyera que esto no fuera bueno para la clase media estadounidense no lo estaría haciendo”, manifestó Obama, quien dijo que cuando escucha todas las críticas sobre estos tratados y “frente a los hechos, se ve que estas están equivocadas”.

La respuesta de Warren no se hizo esperar y, al día siguiente, en el popular programa The Rachel Maddow Show contratacó diciendo que si el presidente quiere que el pueblo estadounidense juzgue “en base a los hechos”, lo que tiene que hacer es “hacer público el acuerdo”. Como senadora, Warren puede revisar el texto que se está negociando, sin embargo, no puede compartir los detalles del proceso en abierto, por lo que su estrategia ha sido la de criticar el contenido general del mismo y sus supuestos peligros para los trabajadores de clase media, cuya renta se puede ver amenazada por las nuevas facilidades a competidores que producen todavía a menor coste.

"Si no creyera que esto no fuera bueno para la clase media estadounidense no lo estaría haciendo”, dijo Obama

Lo cierto es que sí, todo el proceso ha estado rodeado de sombras. Y esto es así porque, además de lo farragoso de la materia, buena parte de todo lo concerniente a legislación comercial internacional en EEUU se negocia en secreto por razones estratégicas. Utilizando un símil de póker, esto permite al jugador acudir a la mesa (el mercado mundial) sin enseñar sus cartas al resto de competidores (fundamentalmente China y los BRICS, pero en lo relativo a la UE, sobre todo Rusia). Este secretismo no ha impedido que se hayan filtrado algunos aspectos y que actores políticos como Warren, además de expertos hayan criticado la excesiva supuesta inclinación hacia los intereses de las grandes corporaciones. 

Hace dos semanas, Margot Kaminski, profesora de Derecho de Ohio State University señaló en un artículo editorial en The New York Times que “debido a que el proceso de negociación combina un escudo general hacia la opinión pública con un acceso privilegiado para los asesores de la industria, lo sustancial de los acuerdos de libre comercio norteamericanos no representan los verdaderos intereses nacionales”.

En ambos casos, los partidarios del TTP y el TTIP advierten de que nada puede salir mal y que todas las partes saldrían beneficiadas. Las cifras de este beneficio varían pero se habla de que, de llegar a buen puerto las negociaciones, en el caso del TTIP, el resultado a largo plazo supondría sustanciales aumentos en la renta per cápita: del 13% para EE.UU y del 0,5% para la UE. No lo ven así sus detractores para quienes estos supuestos beneficios ni estarían garantizados ni se repartirían equitativamente.

Economistas como Paul Krugman así lo han manifestado al señalar que los acuerdos comerciales de esta magnitud “ya no son lo que eran” puesto que, basándose básicamente en la desregulación y en la eliminación de normativas, simplemente en la actual economía globalizada “ya no queda mucho más proteccionismo que eliminar”. El Nobel de Economía ha recordado que la media de los aranceles estadounidenses ha caído dos tercios desde los años sesenta situándose en la actualidad en una cantidad inferior al 0,01% del PIB de EEUU.

Krugman no es el único. Robert Reich, ex secretario de Trabajo durante el Gobierno de Bill Clinton, se ha manifestado en contra del TTP, homólogo del tratado con la UE. También lo ha hecho contra el acuerdo EEUU-UE otro Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, para quien no se trata de comercio “sino sobre regulaciones ambientales, de seguridad y laborales”, e, incluso, una organización tan poco sospechosa de “izquierdismo” como el Cato Institute.  

Mientras el Gobierno logra el permiso para negociar por la vía rápida, trata de contrarrestar las críticas hacia este secretismo planteando, en realidad, un dilema: un acuerdo es más fácil cuando la otra parte negociadora sabe que lo acordado no podrá ser luego modificado por el Congreso (solo podrá votar sí o no al tratado final).

Como contrapartida, según ha informado The New York Times, en el caso de acuerdo rápido, este tendría que hacerse público 60 días antes de que el presidente le dé su visto bueno definitivo y lo envíe de nuevo al Congreso. En ese momento, el Congreso no podría comenzar a considerarlo hasta pasados los primeros 30 días. Y para entonces, aunque puede que tarde, todos los secretos quedarían ya al descubierto. 

*Este artículo se publicó el 30 de abril y ha sido actualizado por la redacción para el Especial sobre el TTIP publicado el 4 de junio.