Mil doscientas hectáreas, una superficie mayor que la de la propia ciudad, es lo que ocupa el vertedero de Huelva, un entramado radiactivo que sitúa la ciudad andaluza a la cabeza en los ranking de casos de cáncer en España –hasta un 13% por encima de la media nacional en algunos tipos de tumores, y entre las de mayor prevalencia de esta enfermedad en Europa. Según el Atlas municipal de mortalidad por cáncer en España, que realiza el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, la probabilidad de contraer un cáncer de pulmón, laringe o tejido conjuntivo entre los residentes en Huelva triplica las de los habitantes del centro de la península. 

Marismas de dominio público que, según recoge la Constitución, deberían ser protegidas por las Administraciones. Un hecho que choca con la realidad, según denuncia desde hace años la Coordinadora Ecologista  Mesa de la Ría, una organización cuyo objetivo es la regeneración del espacio natural, y que ha llevado hasta Bruselas su protesta. Mientras, afirma la ONG, los partidos políticos y los sindicatos UGT y CCCO son “conniventes con Fertiberia”, y quieren “tapar” el problema sin alcanzar una solución. “Los responsables han sido las administraciones local, autonómica y estatal, que siempre miraron hacia otro lado ante este problema protegiendo a la industria”, anota el secretario de la asociación Mesa de la Ría, el arquitecto Juan Manuel Buendía. 

Huelva se sitúa, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), como la ciudad junto a Cádiz con un mayor número de muertes por cáncer. La diferencia con otras ciudades llega a ser de siete puntos. El eje Huelva, Cádiz y Sevilla constituye un triángulo mortal que engloba las zonas rojas del cáncer de toda la región. Sin embargo, las denuncias de los ciudadanos son casi inexistentes porque, según explican desde la Mesa de la Ría, es complicado demostrar legalmente la relación directa entre la contaminación y las enfermedades y muertes. Buendía dice que mientras son muchas las quejas que llegan hasta la ONG son muy escasas las que se transforman en una demanda por la vía judicial. Del mismo modo responden desde el Sistema Andaluz de Salud y desde los propios hospitales locales, donde aseguran que no se manejan estadísticas concretas que demuestren esa vinculación.

Huelva se sitúa, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), como la ciudad junto a Cádiz con un mayor número de muertes por cáncer

Marisma sin fosfoyeso, eso sí es progreso

Corría el año 1978 cuando se convocó la primera manifestación contra la contaminación en Huelva y fue en 1988 cuando la coordinadora ecologista de la provincia se colgó de un tubo de Fertiberia al grito de “Marisma sin fosfoyeso, eso sí es progreso”. Estos residuos blancos procedentes de la producción industrial de ácido fosfórico, con contenidos variables de fases verdosas de fosfato de hierro y residuos de fosfatos de cobre son altamente contaminantes –con emisiones radiactivas hasta 22 veces superiores al límite permitido–, y durante décadas se han ido amontonando junto a la ciudad, en lo que se conoce como “el Polo Químico”. Su llegada a Huelva se remonta al decreto de creación del llamado Polo de Desarrollo del Gobierno franquista. Como detalle, casi un siglo antes, en 1888, se data en Huelva, concretamente en Río Tinto, la primera manifestación ecologista del mundo. En aquella ocasión se luchaba contra las ‘teleras’ de la Rio Tinto Company inglesa, pilas para la calcinación de mineral cuya combustión envenenaba el aire con dióxido de carbono de una forma que la legislación ya prohibía desde hacía años en el Reino Unido. Durante los actos de protesta se estima que murieron alrededor de cien manifestantes.

En el año 1964, el general Franco aprobó la creación del Polo Químico en Huelva, que permitía la instalación de industrias químicas, altamente contaminantes, junto a la ciudad y en los márgenes de la ría. El decreto citaba como ventaja para las empresas “la existencia de desagües de capacidad ilimitada y un reducido costo de acondicionamiento”. Los primeros en llegar fueron Foret, Fertiberia (FESA) y la Refinería de la Rábida, que se sumaron a la Central Térmica construida en 1959. Después llegaron, en los años setenta, Atlantic Copper, Ercros, Aragonesa, Repsol y Huntsman Tioxide, y, en los años 80, a la par que aterrizaba la democracia, Air Liquide y Enagás. La industrialización de Huelva continuó con la instalación, a inicios de este siglo, de las centrales de ciclo combinado de Unión Fenosa y Endesa. El conocido como Polo de Desarrollo, ubicado en el puerto interior o Punta del Sebo, al lado de la ciudad, sigue generando residuos y  contaminación atmosférica. La mayoría de estas empresas se encuentran en proceso de cierre o ya cerraron al tener que adaptarse a la normativa, como fue el caso de Foret, la multinacional americana que se fue cuando la Audiencia Nacional le exigió paralizar los vertidos de fosfoyesos que realizaba a la marisma a través de Fertiberia. También cerró Rodhia, empresa de capital francés que abandonó Huelva cediéndola a una empresa testaferro ubicada en las Islas Vírgenes. “Dejó las instalaciones y los terrenos contaminados una vez obtuvo de la Junta de Andalucía los 2,3 millones de euros de subvención sin avalar”, explican desde la Mesa de la Ría. 

Quedan en el Puerto interior cuatro empresas –la nueva central de Endesa anunció el pasado mes de noviembre su inminente cierre–. Fertiberia funciona a medio gas ahora importando el ácido fosfórico de Marruecos. Y a estas se suman, Nutrifeed, que adquirió las instalaciones y terrenos contaminados de la abandonada Rhodia y que ha obtenido similares subvenciones, y Atlantic Copper, que en un plazo de ocho años obtuvo once millones de euros en ayudas públicas. Los puestos de trabajo generados en la actualidad por todas ellas son alrededor de medio millar.

Primeros movimientos contra la contaminación

De forma paralela a la implantación de nuevas fábricas, el movimiento ciudadano se organizaba para intentar proteger el medio ambiente. En 1977 llegaron los primeros movimientos de protesta contra la contaminación. Pero hasta 1999 no aparecen informes sobre los efectos en la salud de los onubenses. Fue a raíz de la recogida de 7.000 firmas del Colectivo Ciudadano por la Descontaminación de Huelva (CCDH), que sirvieron de base para que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) emprendiera estudios sobre la polución de la ría. Los datos sobre mortalidad y cáncer desatan las alarmas: Huelva, Cádiz y Sevilla, empiezan a ser denominados “El triángulo de la muerte”’. 

En 1977 llegaron los primeros movimientos de protesta contra la contaminación

Investigadores de la Universidad de Huelva y del hospital Juan Ramón Jiménez elaboraron en 2009 un estudio epidemiológico que detectó la presencia de uranio en las uñas del 44% de los trabajadores metalúrgicos de la zona analizados. Uno de los objetivos de la Mesa de la Ría es conseguir que se realice otro estudio epidemiológico, que determine si existe o no una relación directa entre la contaminación y el problema de salud que sufre la zona, explica Paco Romero, vicepresidente de la asociación. 

Hasta la fecha, la Junta de Andalucía sólo ha presentado informes estadísticos, y ha justificado los datos con la respuesta de que son “los mismos que la de la Huelva anterior al Polo Químico, la de los año 50 del siglo pasado, como si no se hubiese producido ninguna evolución en la medicina en los últimos cincuenta años”, apuntan desde la Mesa de la Ría. “También han considerado los malos hábitos de vida y el tabaquismo como la causa principal del aumento de cáncer en Huelva, lo que nos sorprende cuando la propia Junta  publicó un informe sobre tabaquismo según el cual la  provincia de Huelva es la cuarta donde más se fuma en Andalucía (no la primera como sería de esperar por el número de casos de cáncer)”. “Pero seguimos sin tener un estudio que detalle los contaminantes que respiramos, los que se encuentran en la cadena trófica, las radiaciones que sufrimos y la relación que existe con la salud pública”, matizan. “En Huelva estamos familiarizados con contaminantes como el arsénico, el ozono, PM10, fosfoyesos, etcétera, y es que lo que aquí sucede es que se genera una especie de cóctel químico que afecta directamente a la salud de los onubenses. Y eso no lo dice la Mesa de la Ría sólo; la propia OMS ha incluido la contaminación como uno de los principales agentes cancerígenos, al mismo nivel que el tabaco”.

Acuerdos incumplidos

Los periodos electorales han sido siempre escenario de acuerdos que no se han materializado una vez ganado el voto en las urnas. Hace 14 años todas las autoridades, agentes sociales, sindicatos y empresarios firmaron los Acuerdos de 1991, con los que se legalizaba la situación de “fuera de ordenación” de las industrias ya asentadas. A cambio, las autoridades y la patronal química se comprometían a  “no instalar nuevas industrias pesadas y contaminantes una vez que finalizasen su actividad para recuperar progresiva y escalonadamente el territorio”, que antaño estaba jalonado por balnearios y playas. 

Pese a los antecedentes de oposición ciudadana, el Polo Químico franquista cobra un nuevo impulso en 1993, cuando se crea un nuevo tejido empresarial alrededor del ácido sulfúrico y los fosfatos saharuis, con el aval del entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves. El residuo resultante de la producción de cobre es el ácido sulfúrico de Atlantic Copper, empresa que aterrizó en estas fechas en Huelva al adquirir la fundición de cobre, lo que supuso el primer incumplimiento de los Acuerdos de 1991, y la mina de Riotinto, “a la que abocó a la ruina y al cierre al hacerse con  el concentrado de cobre en sus minas de Indonesia”. “La cuenca minera de Riotinto fue utilizada por la empresa de Henry Kissinger como mero vertedero de sus residuos. El entramado se formó debido a que empresas como Fertiberia (Villar Mir) y Foret necesitaban el ácido sobrante de la multinacional americana para disolver la roca fosfórica y los fosfatos que la empresa nacional OCP de Marruecos esquilma de los territorios del Sáhara Occidental para producir fertilizantes, quedando como residuo el fosfoyeso”, explican desde la Mesa de la Ría. El empresario y ex ministro del gobierno de Arias Navarro, adquiere, en1995, la empresa Fertiberia (FESA), recién saneada con 51 millones de euros de  fondos públicos, pero a precio de una empresa en quiebra, una peseta la acción. Su presidente en el momento de la compra era Josep Piqué, quien un año después fue nombrado ministro de Industria por Aznar.

Pese a la oposición ciudadana, el Polo Químico franquista cobra un nuevo impulso en 1993

La Junta de Andalucía aprobó en 1995 la autorización de vertidos líquidos. Detrás estaba un proyecto llamado Reordenación de Vertidos sólidos de fosfoyesos en la marisma de Huelva. Esta autorización se concedió “fraudulentamente”, según Mesa de la Ría, sin la concesión de la ocupación del dominio público estatal, “al tratarse de un vertido líquido de fosfoyesos que después asentaba en sólidos, formando balsas piramidales crecientes en altura hasta los 25 metros sobre el nivel de la marisma”. Desde esa organización explican que esta medida regional atentaba contra la “legislación de costas nacional”. 

Además de estos vertidos, que han provocado que la altura de las balsas de fosfoyesos haya ido creciendo progresivamente con los años, en 1998 se produjo una catástrofe que empeoró la situación medioambiental y sanitaria. Una de las balsas autorizadas por la Junta se rompió debido a un temporal y vertió más de 50.000 metros cúbicos de aguas ácidas y tóxicas a la ría. Tras el accidente, por Orden Ministerial de 20 de marzo de 2000, el Gobierno denegó la modificación de la concesión de la marisma que daba cobertura al proyecto de reordenación de vertidos autorizado por la Junta.

Fertiberia inició entonces una campaña de recursos judiciales contra el Ministerio de Medio Ambiente que ha durado una década, sin que el Gobierno ejecutase sus acuerdos ni la Junta autorizara la continuación de vertidos. La empresa alegó durante estos diez años, en los que continuaron sus vertidos, que su paralización produciría pérdida de empleos y que el fosfoyeso era un subproducto inocuo, no un residuo industrial contaminante y ligeramente radiactivo, como una década después concluiría la Comisión Europea.

La lucha de la Mesa de la Ría  

El Colegio de Arquitectos de Huelva, liderado por José Pablo Vázquez Hierro, convocó en 2002 un foro de debate sobre el futuro del Polo Químico. Ni las autoridades con capacidad de gobierno firmantes de los Acuerdos de 1991, ni el PSOE ni el PP, ni los sindicatos UGT y CCOO, ni la patronal química, acudieron a la cita. “Para ellos el mejor debate era el que no se realizaba”, lamenta la Mesa de la Ría. Los colectivos sociales y partidos políticos asistentes constituyeron la Plataforma Mesa de la Ría, que inicia la lucha contra la central térmica que pretendía construir Endesa, incumpliendo nuevamente los citados acuerdos. La Mesa de la Ría logró recoger en esos inicios 20.000 firmas para convocar un referéndum sobre la liberalización de los terrenos del Polo  para la ciudad, pero el Ayuntamiento nunca lo convocó.

La presión de la ciudadanía sirvió para que el Ayuntamiento denegara la licencia de la nueva central térmica de Endesa. Sin embargo, Endesa modificó el título de los planos de “nueva” a “modernización de la vieja central de fuel” y utilizó un certificado ministerial “falso” que se apoyaba en un informe de Red Eléctrica Española (R.E.E.). La situación fue denunciada por la Mesa de la Ría. Pese a ello, Endesa consiguió del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla una medida cautelar que permitió construir una central térmica pese a un acto negativo de la Administración, la denegación de la licencia de obras. 

En 2005 se suma a las reivindicaciones la ONG Greenpeace, con la presencia en la provincia de su buque Artic Sunrise. Junto a la Mesa de la Ría descubren filtraciones radioactivas en la ría y presentan el informe Ría de Huelva, un desastre ecológico a nivel mundial.  

En 2007, la plataforma Mesa de la Ría se refunda en asociación. Ese mismo año, una sentencia de la Audiencia Nacional, en un procedimiento en el que se personó como parte codemandada la organización ecologista WWF, declara conformes las órdenes ministeriales de caducidad de la concesión, ratificando el fin de la misma a Fertiberia. 

Las protestas llegan a la Comisión Europea, después de que la Mesa de la Ría denuncie los vertidos de fosfoyesos por la vulneración de directivas europeas. El informe lo acompañan de las denuncias realizadas a la Fiscaía de Medio Ambiente de Huelva, “que había archivado todas las denuncias dirigidas contra los fosfoyesos y el cesio 137 radiactivo vertido en la marisma por la empresa pública de la Junta de Andalucía Egmasa, que subarrendaba la marisma a Fertiberia para vertidos distintos a los fosfoyesos, lo que supuso la apertura de un expediente de infracción y la visita a Huelva de sus técnicos a finales de 2008”, relatan desde la asociación.

Las protestas llegan a la Comisión Europea, después de que la Mesa de la Ría denuncie los vertidos de fosfoyesos por la vulneración de directivas europeas

Ese mismo año, pese a todo, la Junta de Andalucía concedió a Fertiberia la Autorización Ambiental Integrada que proviene de la directiva europea del control de la contaminación. Con ello, la Administración regional “había desoído las tres contundentes alegaciones realizadas por la Mesa de la Ría: la demostración de la existencia de vertidos directos a la ría por el servicio de criminalística de la Guardia Civil ante una denuncia del colectivo; la aportación junto a Greenpeace del informe del laboratorio francés independiente CRII-rad, que detecta altos niveles de radioactividad natural en las balsas de fosfoyesos y artificial por Cesio-137 en la zona que gestionaba Egmasa, y el informe negativo de Costas según la sentencia de la Audiencia de 2007 que ya había declarado caduca la concesión en la marisma a Fertiberia”.  

La denuncia por vía penal de la Mesa de la Ría a la consejera y delegada de Medio Ambiente y a su delegada en Huelva, que habían concedido esta autorización, “a todas luces fraudulenta”, fue instada al archivo por el fiscal de Medio Ambiente de Huelva. Sin embargo, en la denuncia de la Mesa de la Ría al Defensor del Pueblo, Enrique Mújica, informó dos años después de que la Autorización Ambiental Integrada de abril de 2008 era “nula de pleno derecho” y que con su concesión la Junta de Andalucía “infringió el ordenamiento jurídico vigente”. Fertiberia aún sigue operando con esta autorización.

Eurodiputados del Parlamento Europeo acudieron a Huelva en febrero de 2010 para inspeccionar las balsas de fosfoyesos y entrevistarse con todos los actores, pero no pudieron concluir su recorrido porque Fertiberia les puso trabas, según denuncian desde la Mesa de la Ría. La petición de Greenpeace había sido tramitada por el eurodiputado de Los Verdes Europeos David Hammerstein, quien se quedó fuera de la inspección, pues el movimiento verde español no tuvo miembros en Europa. Durante la inspección, la representante de los Verdes fue la danesa Magrette Auken, con la que la Mesa de la Ría y Greenpeace prepararon la visita. Tras la inspección, los eurodiputados redactaron un informe que fue aprobado por unanimidad en el Parlamento Europeo. En él se pedía la descontaminación íntegra del estuario de Huelva. Hasta la fecha, nada se ha iniciado.

Finalización de los vertidos por imposición legal

El 31 de diciembre de 2010, la Audiencia Nacional obligó a paralizar los vertidos de fosfoyesos, lo que fue confirmado por el Tribunal Supremo. Días después, la Casa Real concede el título de marqués al propietario de Fertiberia, Juan Miguel Villar Mir. Además, Fertiberia recibió en esas mismas fechas una subvención de la Junta por valor de 930.000 euros. La empresa continúa operando con ácido fosfórico transformado en Marruecos, sin modificar la autorización.

No ha sido el único caso que ha investigado Bruselas en torno a la contaminación de Huelva. La Mesa de la Ría denunció también que se habían concedido once millones de euros en subvenciones en los últimos ocho años y que se habían producido vertidos de Atlantic Copper en Riotinto. La agencia Europa Press y el medio local Viva Huelva informaban de que la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo veía indicios de irregularidades el 5 de octubre de 2012 en la fábrica de Atlantic Copper en Huelva, “cuando un apagón generalizado en la ciudad y la costa hizo que los filtros de la factoría fallaran y una nube tóxica invadió parte de la capital onubense”. En su denuncia, la Mesa de la Ría añadía el “enorme riesgo en que se ha puesto a la población”. 

Finalmente, la Mesa de la Ría denunció a la Junta que Fertiberia actuaba sin autorización ambiental a raíz de la paralización de vertido. Ante esto, la empresa presentó una modificación sustancial de la autorización para el cierre de las líneas de sulfúrico, a la que la Mesa de la Ría presentó alegaciones (alegaciones 1, 2 y 3). En 2013, la Junta otorgó la modificación sustancial de la primigenia autorización, dando un plazo de un mes para que Fertiberia presentase el proyecto de restauración que transcurridos cuatro años desde la sentencia aún no había presentado. El mes pasado, Fertiberia presentó al fin estos documentos, un proyecto que propone cubrir los fosfoyesos con una capa de plástico de un milímetro y una capa de tierra de cuarenta centímetros con un coste de unos setenta millones de euros. 

El 31 de diciembre de 2010, la Audiencia Nacional obligó a paralizar los vertidos de fosfoyesos, lo que fue confirmado por el Tribunal Supremo

La Mesa de la Ría se personó y fue admitida en la Audiencia Nacional en el proceso de ejecución de sentencia, demandando la elevación del aval depositado por Fertiberia de 21 a 2.500 millones. Es esta cifra en la que la Junta de Andalucía valora el coste para la recuperación de la marisma de Huelva. 

Desde la entidad recuerdan que en el año 2014, Rajoy sustituyó a Arias Cañete, quien poco atrás legisló la Ley de Costas “más favorable a los intereses de empresarios como Villar Mir”. En su lugar coloca como ministra de Medio Ambiente Isabel Tejerina, “alto cargo y directiva de la Empresa Fertiberia, mujer de confianza del marqués Villar Mir”. El 13 de mayo de 2014 se concentra la Mesa de la Ría en las puertas de la Casa Colón, donde la ministra tiene su primer acto del que sale por la puerta trasera sin atender a los periodistas.

El pasado 24 de abril, la Mesa de la Ría ofreció una rueda de prensa para lamentar las últimas decisiones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de tapar los fosfoyesos. “Hoy es un día triste para Huelva, pues desgraciadamente se ha consumado la mayor traición sufrida por esta ciudad y sus habitantes a lo largo de su ya milenaria historia. Hoy, la Mesa de la Ría ha comunicado a la ciudadanía que nuestros dirigentes, aquellos que en lugar de representarnos nos reemplazan, se han plegado ante el poder empresarial que dirige esta ciudad desde la sombra con métodos cuasi mafiosos. A partir de ahora, el 24 de abril de 2014 será recordado como el día en que los ciudadanos y ciudadanas de Huelva tuvieron conocimiento de que el Ministerio de Medio Ambiente había aceptado que tapar los fosfoyesos con una fina capa de tierra equivale a una restauración medioambiental de la marisma, aquella que nos fue arrebatada y que ahora se niegan a devolverla a la ciudad”, ha escrito Rafael Gavilán, candidato de la Mesa de la Ría a la alcaldía de Huelva, en su página web. Así, el integrante de la Mesa de la Ría ha añadido: “Llevamos meses, incluso años, explicando hasta la saciedad que un vertido ilegal de residuos debe llevar aparejada la retirada de los mismos y la devolución de la zona dañada a su estado original”. 

Objetivos de Mesa de la Ría

El objetivo de la Mesa de la Ría es que se cumplan los Acuerdos de 1991 que firmaron todos los que ahora no quieren cumplirlos, y por ende,  la exigencia a las autoridades de un proyecto de limpieza y recuperación  de la marisma. “Así lo exigen la Ley de Costas, los convenios internacionales firmados por España referentes a los humedales que han sido erosionados por la mano del hombre y la propia Constitución Española, que considera que el dominico público terrestre y marítimo no sólo hay que conservarlo sino ampliarlo”, explican. 

Respecto a la pérdida de puestos de empleo denunciada por los sectores que defienden el mantenimiento de estas industrias, argumentan que la regeneración de la zona creará “incluso más puestos de trabajo que los que actualmente dan las fábricas”. “Pero es una recuperación que deben sostener económicamente quienes han contaminado”, aplicando el principio de que “quien contamina, paga”, matizan, “con el cumplimiento de los acuerdos del 91 de la no instalación de nuevas industrias contaminantes, y el cierre paulatino de las que existen”. “No se puede apostar por la energía fósil centralizada sino por la que respeta el medio ambiente, generación distribuida renovable, y descentralizada”. 

“Consideramos que es posible y que quien ha contaminado a sabiendas de que lo hacía durante años es quien debe descontaminar”, explican en la asociación. La última manifestación para defender el medio ambiente se celebró el pasado 16 de octubre, con centenares de participantes  –a los que se sumaron con un manifiesto diversos colectivos ecologistas y sociales– que instaban a la retirada de los fosfoyesos y a la puesta en marcha de una marisma limpia, tal y como exige la Constitución Española. A la espalada de los onubenses, medio siglo de irregularidades y contaminación que presentan a la provincia andaluza como un 'ecocidio' que ha llegado de Franco a nuestros días.