Lo llaman isla pero es una pequeña península. El futuro de Marina Isla de Valdecañas, la urbanización de lujo construida en una Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) del norte de Extremadura en la provincia de Cáceres y declarada ilegal por el Tribunal Supremo, pende de un hilo. En un extremo, promotores y Junta de Extremadura luchan para evitar la demolición decretada por los juzgados; en el lado opuesto, dos asociaciones, Adenex y Ecologistas en Acción, exigen que los terrenos vuelvan a su estado original. Un juez busca ahora la conciliación.

La historia de este proceso judicial es larga, enrevesada, con posiciones enfrentadas y con millones de inversión.  “¿Hay que considerar la naturaleza una deidad intocable?”, se pregunta José María Gea, el empresario que un día soñó con trasladar el turismo de alto standing, sol, golf y playa al interior. Treinta y cuatro millones de euros dependen de la respuesta.

Hay que viajar a las hemerotecas de enero de 2006 para encontrar las primeras informaciones de un proyecto declarado de “interés regional” por el Gobierno extremeño, presidido entonces por el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que gobernó Extremadura durante 24 años, de 1983 a 2007, y a quien sucedió el también socialista  Guillermo Fernández Vara, que presidió la Junta hasta 2011, año en el que  accedió a la presidencia el popular José Antonio Monago. Trescientas villas de lujo, un hotel-spa de cinco estrellas, otro de cuatro con cien habitaciones, un centro de convenciones, campos de golf, zonas comerciales, amplias instalaciones deportivas, playa artificial y un puerto para ser un referente turístico y de ocio en el oeste peninsular, tomando como ejemplo Marina Islantilla, construida por los mismos promotores en Ayamonte (Huelva).

Otro de los grandes reclamos para el resort, concebido para turistas de alto poder adquisitivo, era el AVE entre Madrid y Lisboa, que de momento ha quedado aplazado y se ha fechado para 2020.

Los municipios que acogen el complejo (El Gordo y Berrocalejo), colectivos empresariales, el PSOE (en el gobierno) y PP (desde la oposición) aplaudieron desde el inicio un proyecto que finalmente se ha convertido en una pesadilla. “No es compatible con la conservación del territorio”, denunciaron enseguida las dos plataformas ecologistas con más peso en la región.

Las sierras de Las Villuercas y Gredos abrigan al embalse de Valdecañas que, en funcionamiento desde 1963, convertía en isla durante unos meses al año el terreno que hoy es la fuente del conflicto ambiental. El bozal de hormigón que inyectaron al río Tajo, poco después de cruzar a Cáceres desde Toledo, se llevó las mejores tierras de cultivos de varios de los municipios ribereños; provocó que se abandonara la siembra en el otrora monte y ahora península (mal llamada isla); y sumergió bajo las aguas toda una villa romana.

Talavera la Vieja desapareció en manos del desarrollismo franquista que ahogó el patrimonio artístico, histórico y cultural de la Augustóbriga romana. Apenas se salvaron los restos de un antiguo templo: los conocidos como Los Mármoles recuerdan la grandiosidad de la zona. Bajo las inmensas columnas que simulan un pórtico se ve la hilera de apartamentos de la Marina Isla de Valdecañas, el desarrollo por el que ahora apuestan las administraciones.

Una demolición costosa

A poco más de 150 kilómetros de Madrid, la conocida como la Marbella extremeña, construida en una zona protegida por la Red Natura 2000 —lo que provoca su ilegalidad—, tiene más similitudes con el hotel Algarrobico. El Tribunal Supremo ordenó su derribo hace ahora un año  y lo que se dirime actualmente en los tribunales es si la sentencia es ejecutable o no. Y es que la Junta de Extremadura, que cambió de manos y ahora pertenece al Partido Popular —con el apoyo de Izquierda Unida—, calcula que demoler lo ya construido (del proyecto inicial queda pendiente, entre otras cosas, el hotel spa de cinco estrellas) costaría 34 millones de euros, por lo que considera que lo mejor para el medio ambiente —y para el erario público— sería mantener la urbanización tal y como está.

“La sala está muy interesada en ver los efectos que ha tenido sobre la ZEPA, los que tendrá mantenerlo, y también en valorar el coste de la demolición y el daño ambiental”, explica la abogada de Adenex, Ángeles López Lax. A la espera de que se realicen pruebas para determinar el impacto, el proceso puede demorarse varios meses más.

El complejo ocupa 130 hectáreas de terreno sobre una lámina de agua de 7.200 hectáreas; ha requerido una inversión de 140 millones de euros; ha creado 60 puestos de trabajo fijos más 40 indirectos y los pueblos calculan que han ingresado nueve millones de euros. A pesar de no que hace declaraciones públicas, José María Gea, el gerente de la constructora ahora declarada en concurso de acreedores, ha dejado clara su postura. “La isla no es ilegal sino todo lo contrario”, ha dicho en alguna ocasión, mientras hacía mención a la “seguridad jurídica” y a una “interpretación bárbara de la ley”.

El proyecto y las obras contaron siempre con el beneplácito del Ejecutivo extremeño, que lo declaró de interés regional y recalificó los terrenos. Tras el primer varapalo judicial de 2011 -el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ordenó su “la restitución a su estado original”-, la Asamblea regional modificó la Ley del Suelo para permitir la urbanización de los espacios incluidos en la Red Natura 2000. Una “enorme chapuza” legislativa según Izquierda Unida, el único partido de los cuatro presentes ahora en el Parlamento extremeño que no se opone a la ejecución de la sentencia, es decir, al derribo. La opinión sobre la responsabilidad de la Administración es prácticamente unánime entre la ciudadanía de la zona, pero las dudas arrecian cuando se habla de demolición: “¿Vamos a tener que pagarlo ahora con el dinero de todos?”, se pregunta una joven que trabaja unas horas a la semana en las instalaciones.

Entre la naturaleza y el empleo

El debate está abierto y quien duda incluso de la idoneidad de que sea un espacio protegido: “La Junta de Extremadura ha obrado mal desde 2003 al declarar como zona ZEPA el embalse de Valdecañas sin ningún rigor científico, como se ha demostrado posteriormente, pues no reúne las exigencias comunitarias de rareza, singularidad y excepcionalidad”, expone  Julián Mora Aliseda, profesor de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Extremadura. 

Aliseda, que es también presidente del Patronato del Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres), recuerda que en la zona sólo había encinas jóvenes y muchos eucaliptos, aunque reconoce que “ahora se ha hecho una labor de repoblación y está perfectamente integrado”. El alcalde de El Gordo, Elías Correas, más contundente aún, dice que “en la isla no había absolutamente nada, eso era una mierda”.

La coordinadora de Ecologistas en Acción en Extremadura, Paca Blanco, recuerda que “la Junta pidió a Europa una protección similar a la que tienen Doñana o Picos de Europa porque había encinas, robles, pinos autóctonos, matorrales de bosque mediterráneo, iban cientos de grullas”. “Si para ellos es una maravilla que haya palmeras y césped para cuatro millonarios…”, lamenta

Blanco (65 años) tuvo que marcharse de El Gordo, un pequeño municipio en el que suelen anidar las cigüeñas, tras ser señalada públicamente como la responsable del enredo y atacada con cócteles molotov por jóvenes del pueblo. Ha tenido que poner en venta su casa pero no se arrepiente de lo que ha hecho. “No voy a dejar que me arruinen la vida”, dice. “Yo jamás he denunciado, lo ha hecho Ecologistas en Acción; pero como coordinadora no podía mirar para otro lado, como hacen los corruptos.  Me dicen que les quito el trabajo,  a nosotros nos preocupa mucho el empleo, pero no a costa de lo que sea”, explica.

Siempre dispuesta a compartir su versión, Blanco recuerda el día en que el constructor José María Gea invitó a todos los vecinos del pueblo a comer. Ella y otros compañeros dijeron públicamente que en esa zona no se podía construir. En un año, “desecaron el río para hacer las obras y tiraron animales muertos al río”. “Están acostumbrados a hacer lo que quieren y que todo quede impune”, añade.

En la orilla opuesta, el alcalde de El Gordo, que ha pasado de 317 habitantes en 2007 a 395 en 2013, advierte de que va a defender el bienestar del pueblo. “Ahora se nos conoce y tenemos trabajo gracias a ellos”, insiste . El profesor Julián Mora secunda su postura y explica que “Marina Isla de Valdecañas es lo único realmente interesante e innovador que se ha hecho en los últimos 30 años en el mundo rural con capacidad de generar actividad, empleo y revitalización poblacional, capaz al mismo tiempo de garantizar el mantenimiento del patrimonio cultural”.

Rostros conocidos

Una valla y un guarda jurado impiden la entrada al complejo turístico donde varios apellidos conocidos han comprado residencias: Aznar, López Ibor, Borbón, y directivos de empresas  y bancos como Telefónica, Banco Santander, Credit Suisse y Rothschild, según ha publicado la prensa económica. Para entrar en el resort es necesario ser propietario de una casa o tener una reserva. Un decreto de 2007 de la Junta de Extremadura exigía que hubiera espacios libres “considerados de uso y dominio público” y que la playa artificial “no perdería el carácter de dominio y uso público”. Nada de esto se ha cumplido. 

“La gente de El Gordo lo mira desde lejos y dice ¡qué bonito es!, pero no pueden entrar”, denuncia Paca Blanco, quien reconoce que sí se ha creado empleo, pero “de mala calidad y mal pagado”. Los que han encontrado trabajo son monitores de actividades deportivas para los fines de semana, camareros, jardineros y personal de limpieza para las casas particulares. “Socialmente, el complejo Marina Isla de Valdecañas es un ejemplo de urbanismo segregacionista que ha privatizado un suelo público al que ya no se permite entrar. Es una muestra de lo que se denomina ciudades de muros que privatizan el suelo para una minoría”, apunta Adenex en un comunicado.

La polémica en el noreste extremeño va más allá de lo judicial y ejemplifica el debate entre los diferentes modelos de desarrollo. “La demolición no es el final del progreso. Puede ser un ejemplo de cómo se pueden hacer bien las cosas”, considera López Lax. “Tenemos un excedente de espacios naturales”, apunta Mora, el profesor de Geografía. 

De momento, el futuro de Valdecañas está en los tribunales, que determinarán si los colectivos ecologistas logran una victoria única que siente precedentes, si alguien por fin asume las consecuencias por incumplir la legislación ambiental o si se abre una nueva vía de solución alternativa al derribo. El presidente extremeño, José Antonio Monago,  se ha pronunciado poco sobre el caso y, cuando lo ha hecho, ha sido de forma ambigua, anunciando que va a “defender el medio ambiente pero también el desarrollo autonómico”. “No tenemos prisa, llevamos ocho años esperando”, dice Paca Blanco.