Las elecciones del pasado domingo 24 de mayo van a suponer un giro radical tanto en la importancia como en la influencia de la gestión económica a nivel municipal en un contexto de recuperación gradual del crecimiento económico. En este sentido, el programa económico de las dos formaciones con mayor probabilidad de gobierno tanto en Madrid como en Barcelona –Ahora Madrid y Barcelona en Comú– da una idea aproximada de cuál será el grado de giro de la política económica municipal y hasta qué punto ésta se verá alterada por los pactos que se formalizarán con el resto de fuerzas políticas.

El mero hecho de unas elecciones genera inestabilidad en los mercados, lógicamente dada la incertidumbre sobre el resultado final, y la probabilidad de que gane uno u otro partido hace que los inversores se preocupen más o menos por el marco regulatorio o fiscal que tendrán después de que se constituyan los nuevos consistorios. Sin embargo, en estas elecciones, la dosis de incertidumbre ex ante ha sido aún mayor a tenor de las promesas realizadas por candidaturas como la de Manuela Carmena o Ada Colau.

Tanto en el caso de Carmena como en el de Colau, un aspecto extraordinariamente relevante es la política que podríamos llamar antidesahucios. Es decir, a juicio de estas dos formaciones políticas, los ayuntamientos tienen suficiente capacidad para llevar a cabo medidas que eviten el lanzamiento de personas de sus viviendas por impagos de alquiler o, incluso, de hipotecas. En este sentido, la intención es “tocar” el derecho a la propiedad privada por los cauces que constitucionalmente están reconocidos a través del “interés público” o “interés general” de la sociedad española.

Precisamente, en este punto, los programas económicos de Ahora Madrid y Barcelona en Comú aluden directamente a impedir el desalojo de una persona por impago de renta o cuota hipotecaria, produciéndose un claro conflicto de derechos fundamentales: por un lado, la dignidad humana y, por otro lado, la propiedad, tal como ha ocurrido con la Ley andaluza declarada inconstitucional recientemente.

En este sentido, la primera acción ha sido la paralización de la mayor parte de las promociones inmobiliarias que estaban en fase de ejecución tanto en Madrid como en Barcelona, a la espera de cuál sea la política que emprendan los nuevos gobiernos municipales. Aquí se unen dos aspectos: por un lado, hasta qué punto está garantizado el derecho de propiedad y, por otro lado, la disposición a conceder los permisos de obras, licencias y otras dispensas necesarias para iniciar o acabar las obras.

Por tanto, la incertidumbre a la hora de ver cuál será la solución final se ha elevado de forma significativa. Sin embargo, tanto Carmena como Colau dan una pista sobre una solución razonable a este conflicto: la negociación con la banca para ampliar el “alquiler social” –cosa a la que está dispuesta la patronal bancaria, la Asociación Española de la Banca– y, por último, dar mayor presencia a las empresas públicas de vivienda y suelo. En este punto es donde más ha incidido Manuela Carmena, dada la acumulación de deuda y la mala gestión mostrada por pérdidas cada vez mayores desde los años 2000.

La cuestión de la vivienda es considerada por los respectivos programas económicos como una muestra de una gestión deficiente de los anteriores consistorios, la cual debe reformarse completamente. Para ello, la propuesta es la de otorgar de mayores competencias a las juntas de distrito, es decir, se propone una descentralización de la administración municipal, lo cual supone hacer un ayuntamiento mayor en tamaño y, por tanto, más costoso.

A ello contribuye también el retorno de servicios que en este momento están externalizados, con lo cual el gasto se incrementará notablemente en los próximos años con la contratación de más personal. Este punto es la principal fuente de preocupación de los contratistas públicos, como pueden ser las empresas que se encargan de la recogida de basuras o el mantenimiento de instalaciones municipales, que además pretenden extender tanto de forma directa como indirecta en forma de subvenciones y promoción pública de la cultura o el deporte.

El incremento del gasto municipal, en el contexto de ajuste de las cuentas públicas, debe ser acompañado de un aumento de los ingresos. Dado el marco fiscal en el que se envuelven los ayuntamientos, los ingresos pueden provenir principalmente de tres fuentes distintas: 1) Subir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de forma “selectiva” como propone Colau, lo cual supone una revisión del catastro que afectará irremediablemente tanto a clases altas como medias y bajas; 2) Subir tasas y precios públicos (a lo cual no está dispuesto ni Ahora Madrid ni Barcelona en Comú) y 3) Encarecer las licitaciones de servicios públicos, lo cual obligaría a las empresas a pujar más alto por los servicios que ahora prestan.

Sobre otras fuentes de ingresos ciertamente importantes como la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), la enajenación de patrimonio público (para reducir deuda) o las tasas cobradas por el servicio de aguas (en el caso de Madrid, la participación del ayuntamiento en el Canal de Isabel II), estos ayuntamientos no tienen capacidad de decisión, salvo que establezcan una negociación con el Estado o con la comunidad autónoma correspondiente para modificar el régimen actual, con una probabilidad de éxito ciertamente reducida.

La necesidad, por tanto, de cuadrar el presupuesto –teniendo en cuenta que las corporaciones locales han sido las únicas administraciones públicas que tienen en este momento superávit– hace que exista un efecto expansivo, por un lado (más gasto), pero, por otro, que haya un efecto contractivo (subidas de impuestos) no contemplado en los programas económicos de Ahora Madrid y  Barcelona en Comú.

Por si fuera poco, el nuevo gobierno madrileño se encuentra “prisionero” del pago de intereses por su elevado endeudamiento. En este contexto, cobra todo el sentido refinanciar esta deuda aprovechando el escenario de tipos bajos en la deuda pública española. El tipo de interés medio efectivo que actualmente paga el Ayuntamiento de Madrid puede verse reducido hasta el entorno de los 150 puntos básicos con un ahorro que podría destinarse a la financiación del nuevo gasto en que se incurra.  

En suma, la capacidad de maniobra de los nuevos gobiernos municipales con sus propuestas electorales está ciertamente limitada por la intervención de Bruselas, lo cual obligará a cuidar al máximo todas las fuentes de ingresos tanto directas como indirectas. Tanto Madrid como Barcelona reciben al año millones de turistas y visitantes a exposiciones y congresos, para lo cual una fiscalidad baja y menos burocracia facilitarían la generación de riqueza y de ingresos para financiar gasto.