Durante bastantes años, los gobernantes españoles estuvieron paseándose por las instituciones europeas con una “hucha” debajo del brazo, la cual había nacido de los celebérrimos Pactos de Toledo: el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Durante los años 2000, hasta 2010, los sucesivos Gobiernos lo exhibieron con orgullo, no sólo porque les hacía parecer más previsores ante el “invierno demográfico” sino también como símbolo de que era posible llegar a un acuerdo general entre Gobierno, oposición, sindicatos y patronal, los tan defenestrados agentes sociales.

Lo que otrora fuera un símbolo de los éxitos del llamado “milagro económico”, hoy se ha convertido en un quebradero de cabeza; una sangría monetaria continua y creciente desde el año 2012, en que las cuentas de la Seguridad Social entraron en déficit y, por tanto, ya no cabe la posibilidad de dotar el Fondo con “lo que sobra” de ingresos una vez cubiertos todos los gastos y disposiciones.

La última aportación al Fondo de Reserva de la Seguridad Social se produjo en el año 2010, que será recordado por ser el año en que España perdió la última Triple A que le quedaba (la máxima calificación crediticia de su deuda soberana por parte de Moody’s), del mayor déficit público de la Historia (11,4% del PIB), la mayor destrucción de empleo de toda la crisis, del primer plan de ajuste tras el primer rescate a Grecia y de la “recuperación frustrada” que vulgarmente se denominó “los brotes verdes”.

A pesar de esta situación, la Seguridad Social arrojó un superávit que permitió dotar el Fondo de Reserva con 1.740 millones de euros más, alcanzando el máximo de fondos “ahorrados”: 52.559 millones de euros. A partir de ahí, las salidas han sido muy superiores a las entradas. En este sentido, en tres años se ha dispuesto de 33.951 millones de euros, mientras que los excedentes de ingresos y gastos procedentes de las Mutuas de Accidentes de Trabajo (que también deben ir al Fondo de Reserva) apenas suman 925 millones de euros.

A la luz de esta situación, son varios los problemas que preocupan en torno a la viabilidad del Fondo de Reserva, más allá de la propia sostenibilidad del sistema público de pensiones y la ausencia de reformas de calado que aseguren el pago de las pensiones al menos de aquí a 2030.

El uso del Fondo de Reserva para comprar deuda pública

Desde su creación, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se ha utilizado para comprar deuda pública. En los años de bonanza, el leitmotiv era la necesidad de invertir en “activos seguros” con una rentabilidad que, como poco, compensara la inflación. Sin embargo, a partir de 2010, el Fondo de Reserva ha servido para “sacar de un apuro” al Tesoro español cuando se veía con problemas para cubrir la totalidad de emisiones de deuda. 

En este sentido, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social está invertido en un 100% en deuda pública española a cierre de 2014, habiendo vendido todos los bonos que tenía tanto alemanes como franceses y holandeses. La Comisión Gestora del Fondo decidió que solo los bonos soberanos de estos países entrarían a formar parte de la cartera con un peso que no debería superar el 55% del total del valor invertido. 

De esta forma, el Fondo de Reserva se está “japonizando”. ¿Qué quiere decir esto? Que el Gobierno español está siguiendo los mismos pasos que el Gobierno japonés al presionar a su Fondo de Reserva (el fondo de pensiones más grande del mundo, con 1,1 billones de dólares bajo gestión, del cual el 64% está invertido en bonos soberanos japoneses), para que compre más deuda pública. Sin embargo, entre estos dos fondos hay un hecho diferencial muy claro: el japonés está mucho más diversificado que el español y asume más riesgos, con un alto porcentaje de su patrimonio invertido en la Bolsa japonesa, la cual acumula una rentabilidad desde principios de año del 15%.

Recurso continuado para “embellecer” las cuentas de la Seguridad Social

También desde 2012, el Gobierno echa mano del Fondo de Reserva para abonar las pagas extraordinarias a los pensionistas más las devoluciones correspondientes en el final de la Campaña de la Declaración de la Renta. De esta forma, según contempla la contabilidad pública, las disposiciones realizadas del Fondo de Reserva no computan como déficit de la Seguridad Social sino como déficit en el conjunto de las Administraciones Públicas.

Conforme el déficit de la Seguridad Social ha crecido en los últimos años, el interés del Gobierno es no hacerlo crecer de forma alarmante ya que evidenciaría un problema cuya magnitud es claramente superior a lo que ya ocurrió en 1995. Por ello, todo aquel gasto que se hace con cargo al Fondo de Reserva no tiene que hacerse contra las maltrechas cuentas de la Seguridad Social.

Rendimientos muy bajos en los nuevos bonos concentrados entre 2 y 5 años

Puesto que el Fondo de Reserva está invertido 100% en bonos españoles, la caída de rentabilidad de la deuda europea afecta enormemente a los ingresos que el Fondo de Reserva obtiene por los cupones que dan estos bonos. Además, en el último año, la Comisión Gestora decidió la venta de todos los bonos extranjeros (1.528 millones de euros) y una parte de los españoles que habían sido comprados en los años de la crisis de deuda, cuando la deuda a diez años de España se remuneraba por encima del 5%.

En suma, estos tres riesgos, mezclados además de forma simultánea, hacen que el Fondo de Reserva se encuentre en una situación difícil. Con toda probabilidad, la disposición del Fondo en este año superará los 15.000 millones de euros, con lo cual en poco más de dos años se quedará sin dinero. Se necesita algo más que contratos a tiempo parcial para acabar con el déficit de la Seguridad Social y, con ello, empezar a dotar el Fondo de Reserva, ya definitivamente “japonizado”.