Mientras el mundo mira a Grecia y EEUU conmina a la UE a buscar soluciones para el país heleno que impliquen su permanencia en la moneda única, al gigante le ha salido una isla griega en su propio caribe. Puerto Rico, formalmente un Estado Libre Asociado a la Unión, ha dicho que está al borde del ahogamiento. Su gobernador, Alejandro García Padilla, lo reconocía hace unos días a The New York Times: "La deuda de Puerto Rico es impagable". El monto que lastra la economía de la isla asciende a 72.000 millones de dólares, más del 70% de su PIB. Sin embargo, de momento, todo hace indicar que no habrá rescate para Puerto Rico.

Desde hace meses se han sucedido las señales de alarma que han precedido a la reciente publicación de un informe del Fondo Monetario Internacional poniendo cifras a la crisis de lo que en EEUU ya se conoce como la Grecia del Caribe por sus paralelismos con lo que está sucediendo en la UE. Los economistas del FMI detallaron que Puerto Rico enfrenta graves "problemas estructurales, shocks económicos y finanzas públicas débiles" que han provocado más de una década de estancamiento económico y un crecimiento insostenible de la deuda.

Como en el caso de Grecia, la isla lleva una década encadenando errores propios (productividad baja, corrupción, poca recaudación de impuestos y escasa transparencia) con otros ajenos. A 1.500 millas de la costa norteamericana, se ha aprovechado de una moneda única ―el dólar, pero sin poder sobre la misma― y un nivel de vida y ventajas fiscales semejantes a las de la metrópoli y mucho más beneficiosas que sus competidores regionales que, por otro lado, le permitía tanto la legislación propia como la federal. Así, por ejemplo, el salario mínimo federal (7,25 $, según la Fair Labor Standards Act) se aplica en la isla siendo este equivalente al 77% de la renta media de los portorriqueños, el gasto desmesurado en ayudas sociales o el incremento de los costes laborales.

Hasta el año 2006, su economía vivió en la burbuja de los incentivos fiscales para las empresas estadounidenses que fabricaran en su suelo. Fue precisamente desde ese año cuando la inversión comenzó a contraerse, se produjo una burbuja inmobiliaria y las autoridades locales siguieron estirando el sistema a base de agrandar la deuda gracias a otra ventaja fiscal: los intereses de aquella permanecen exentos de impuestos locales y federales por lo que son altamente (y también artificialmente) atractivos para inversores no residentes. Asimismo, los costes de transporte son altos y se ven incrementados por una normativa federal más que proteccionista: la conocida como Ley Jones establece que todo barco con destino o salida entre isla y EEUU deba ser de bandera y tripulación estadounidense.

Al igual que Grecia, el sector público mantiene un déficit superior al que admite el Gobierno boricua y también, desde hace años sus autoridades han respaldado la rentabilidad de sus bonos estatales con medidas de austeridad que se han antojado ineficiente, según los expertos del Fondo, lo que ha provocado que su recesión se haya incrementado frente al 2% de crecimiento de EEUU. Si no accede pronto a nuevas líneas de crédito, Puerto Rico se quedaría sin liquidez en octubre, lo que afectaría a la economía de la metrópoli puesto que la mayoría de sus bonos se negocian en el mercado estadounidense de deuda municipal.

García Padilla reconoció la necesidad de reformas estructurales, algunas contenidas entre las recomendaciones del FMI, sin embargo rechazó rotundamente eximir a la isla de las leyes referentes al salario mínimo federal. Padilla, miembro del Partido Popular Democrático alineado con los Demócratas en Washington y en el cargo desde 2012, aseguró que "el tamaño de esa deuda nos impide salir del ciclo de recesión y contracción. No es una cuestión política, es de matemáticas".

La isla no es un estado, aunque sí formalmente territorio de EEUU, y pese a que la relación de las autoridades con el Gobierno federal es comparable a la del resto de estados, en la práctica deja a esta en situación cuasi colonial.

La situación de Puerto Rico es extraña desde el mismo momento en el que uno pone un pie en el aeropuerto de San Juan donde, paradójicamente y al contrario que ciudades cien por cien estadounidenses como Miami, la lengua vehicular es el inglés. La isla no es un estado, aunque sí es formalmente territorio de EEUU Sus 3,6 millones de habitantes están amparados por la Constitución y pese a que la relación de las autoridades de la isla con el Gobierno federal es comparable a la del resto de los estados, en la práctica deja a esta en situación cuasi colonial. Así, todo lo relacionado con la moneda, defensa, relaciones y comercio internacional recae bajo jurisdicción del gobierno federal y eso sin tener representación con voto en Washington. Sus ciudadanos son formalmente estadounidenses y pueden viajar libremente a la metrópoli. Solo en los últimos tres años la isla ha perdido 43.000 residentes, una sangría solo superada por la gran migración posterior a la Segunda Guerra Mundial. Los portorriqueños no pueden votar en las presidenciales a menos que tengan su residencia fijada en cualquiera de los 50 estados reconocidos y, tras los mexicanos, son el grupo hispano más numeroso.

Técnicamente, el estatus de Puerto Rico es el de Commonwealth. Y es precisamente esta condición de la que se ha servido la isla como atractivo en las últimas décadas ―"la principal puerta de entrada de inversiones extranjeras en EEUU", según la política oficial―, la que, ahora, puede convertirse en su condena. Las actuales autoridades de la isla han reclamado poder acogerse a la famosa Cláusula 9 de la ley federal de bancarrota (lo que ha hecho Detroit, por ejemplo) y que le permitiría, vía tutela judicial, la renegociación de sus deudas con los acreedores sin el peligro de tener que afrontar un impago (default). El problema es que esta legislación está limitada a ciudades o poblaciones así como también a cualquier subdivisión, agencia o instrumento perteneciente a un estado. Puerto Rico no lo es.

A esto hay que añadir un aspecto que complica el escenario y su comparación con Grecia. Mientras los acreedores helenos están bien identificados, en el caso caribeño no es así y sus prestamistas van desde individuos a aseguradoras, pasando por cooperativas, bancos o fondos de pensiones, lo que haría muy difícil una renegociación en conjunto entre las partes.

La Asamblea portorriqueña ha aprobado recientemente una legislación (Recovery Act) que permite a las compañías públicas renegociar su deuda directamente con los acreedores. Sin embargo, en dos ocasiones, los tribunales (el último estadounidense) la han echado abajo. Acreedores y fondos de inversión son los principales opositores a cualquier trato de favor con la isla, especialmente a una quita. No obstante, la última corte de apelación ha reconocido que la isla debería tener acceso al Capítulo 9 de la normativa federal sobre bancarrotas.

Tanto dentro como fuera de la isla, las posturas están enfrentadas. Por un lado la Coalición para la Estabilidad Fiscal, un lobby liderado por políticos y empresarios locales, con apoyo de fondos estadounidenses, que aboga por la reestructuración vía aplicación del Capítulo 9. Enfrente otro grupo de interés situado alrededor de la plataforma No Bailout for Puerto Rico, quien considera que cualquier renegociación de la deuda es, en realidad, un rescate encubierto. Como contrapartida, estos plantean reformas estructurales y una apertura de la economía isleña a la inversión privada.

Por el momento, nadie habla de rescate en EE.UU. que según The Latino Coalition, un lobby de empresarios hispanos podría costar a los contribuyentes unos 164 mil millones de dólares. Sin embargo, sí hay movimientos. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes negocia desde hace meses la Ley de Uniformidad del Capítulo 9 de Puerto Rico de 2015 H.R. 870 que, introducida por Pedro Pierlusi (el representante de PR en Washington), busca precisamente que la isla pueda acceder a la normativa federal sobre bancarrotas controladas.

Entre tanto, los precandidatos presidenciales ya se han referido a la situación de la isla. El primero en mostrar su apoyo al acceso de esta al Capítulo 9 fue el precandidato demócrata Martin O’Malley. El pasado abril lo hizo desde las filas republicanas Jeb Bush y la última en sumarse a la petición ha sido Hillary Clinton, quien este fin de semana declaró: "No estamos hablando de un rescate, sino de una oportunidad justa de éxito".

Una vez más, el peso hispano en EEUU se hace notar. En las presidenciales de 2012, el candidato republicano Mitt Romney ganó sólo obtuvo el 27% del voto latino. Casi 28,2 millones de hispanos podrán votar en 2016, un 17% más que hace cuatro años. Clinton, además, fue la favorita entre el 68% de los portorriqueños frente a Barack Obama en las primarias de 2008.