Rajoy estrenó su presidencia del Gobierno con un retraso de tres meses en la presentación de los primeros presupuestos para evitar que los recortes en gasto social y las subidas de impuestos perjudicaran las perspectivas electorales de su candidato y amigo Javier Arenas en Andalucía. Ahora se dispone a adelantar dos meses el calendario habitual de las cuentas del Estado para ver si corrige los pésimos augurios de los sondeos con algún que otro parche social y el anticipo de una rebaja del IRPF significativa para las rentas altas y puramente simbólica para la inmensa mayoría.

De nada le sirvió treta tan burda en 2012: después de un año triunfal a costa de un socialismo agónico, el PP perdió la tan ansiada batalla por Andalucía. Es poco probable que este próximo cambalache presupuestario le reporte mejores dividendos electorales. La agosticidad acostumbra a ser tóxica para la actividad parlamentaria. Baste recordar como último precedente la reforma constitucional que un Zapatero en fase terminal presentó al Congreso en agosto de 2011 para modificar el artículo 135 de la Constitución en alegre coyunda con Rajoy. Desde entonces nuestra Carta Magna atribuye al pago de la deuda una prioridad absoluta frente a cualquier obligación comprometida con los ciudadanos. Modificación tan sustantiva de la Constitución se aprobó con el exclusivo voto de populares y socialistas, mientras todos los grupos minoritarios abandonaban el hemiciclo y nacionalistas catalanes y vascos se negaban a votar desde sus escaños.

La relación de Rajoy con el Parlamento parece fruto del capricho. En su día se negó a debatir el rescate bancario que ha costado a los contribuyentes españoles más de 40.000 millones de euros y ahora se propone llevar a la Cámara el rescate a Grecia, que le permitirá presentarse como un gobernante solidario después de haber emulado la dureza de Merkel. Su idea de adelantar los presupuestos sigue la misma lógica, de paso que le sirve para criticar a su antecesor por no haberlo hecho en 2011. ¿Se imagina alguien a aquel Zapatero en minoría y con una tremenda pájara tratando de buscar aliados en un Parlamento con fecha de caducidad para aprobar unos presupuestos que nadie se iba a creer?

La mayor diferencia entre aquel estado de cosas y el actual radica en que Rajoy cuenta con una mayoría absoluta que le garantiza la aprobación de cualquier proyecto de ley que se le antoje, pero su futuro político es tan incierto como lo era el del PSOE cuatro años atrás. Lo único seguro es que la época de las mayorías absolutas ha quedado liquidada por un tiempo y que quienquiera que gobierne después de las próximas elecciones generales tendrá que hacerlo mediante pactos con terceros.

El presupuesto es la razón última de los parlamentos democráticos y el artefacto legal con el que cada Gobierno fija sus principales objetivos políticos para el año en curso. Pretender llevarlo más allá del ciclo temporal de la legislatura es poco menos que un pucherazo. Claro que Rajoy sabe que quien quiera que le suceda en la Moncloa tiene instrumentos suficientes para enmendar los presupuestos que le deje en herencia. Incluso él se vería obligado a reformarlos en el hipotético caso de que repitiera mandato, porque así se lo exigiría su eventual socio parlamentario. Lo que se propone Rajoy es utilizar este presupuesto, que por primera vez puede tener ingredientes expansivos, como gran escaparate de la inminente campaña electoral.

Después de cuatro años de depresión atroz, Rajoy quiere presentarse ante el electorado como el padre de la recuperación, que está dispuesto a devolver a los sufridos ciudadanos una porción, siquiera homeopática, del bienestar perdido, con la esperanza de que esto le ayude a minimizar su caída. Y eso bien vale un pucherazo.