Análisis
Abengoa y el fin de la ingenieria contable
Javier Santacruz Cano 5/08/2015
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El sector de las energías renovables es una de esas apuestas globales con las que se persigue un objetivo doble: conseguir energía más eficiente y de paso evitar echar más leña al fuego del calentamiento global. Así, esa potencia que parece pasar por horas bajas llamada China, se ha marcado como reto que el 26% del mix energético para 2030 sea de procedencia renovable, invirtiendo cada año unos 145.000 millones de dólares para lograr esta meta.
Muy lejos de esta dinámica se encuentra España, la que hasta hace muy pocos años fue la mayor potencia en desarrollo de energía renovable al calor de un sistema nacional de innovación fuertemente subvencionado en el que se garantizaban unas rentabilidades muy por encima del mercado durante 25 años a aquellos inversores que decidían instalar un aerogenerador eólico o un huerto solar.
El origen de este sistema que ha funcionado hasta nuestros días está en la reforma de la Ley del Sector Eléctrico de 1997, donde se abría la puerta a garantizar por Ley un retorno a aquellos productores que se encuadraran dentro del Régimen Especial (bonito eufemismo para denominar a las energías renovables). Aquello se desarrolló posteriormente hasta la entrada en vigor del Real Decreto 661/2007 de 25 de mayo (el cual ha estado en vigor hasta la reforma del Sector Eléctrico de 2013) que fijaba un esquema de retribuciones extraordinariamente generoso y que sirvió para atraer a numerosos inversores extranjeros que comenzaron a desarrollar proyectos fuertemente apalancados y con dudosa solvencia en plena era del “dinero fácil”.
En este caldo de cultivo se desarrolló una empresa de origen sevillano especializada en la generación de energía eléctrica a través de tecnología termosolar: Abengoa. Esta empresa, creada en 1941 para fabricación e instalación de contadores de luz monofásicos de 5 amperios, llegó a la década de 2000 con una facturación superior a los 144.000 millones de pesetas. A partir de esta época, Abengoa inició un modelo de fuerte crecimiento expansivo convirtiéndose en una de las energéticas más importantes de España y con proyección internacional creciente.
Abengoa disfrutó, desde entonces, de un sistema regulatorio ampliamente beneficioso donde la Ley le daba dos opciones para vender la energía producida: a precio de mercado más una prima fijada en función de la hora, la potencia instalada y el grupo o subgrupo al que perteneciera la instalación; o una tarifa regulada fijada en el BOE única para todas las franjas horarias y con la obligación de llevar directamente toda la energía producida al sistema de transporte y distribución.
En términos medios y hasta 2010, fecha en que se produjo el primer recorte de primas a las renovables para nuevas instalaciones, Abengoa estuvo ingresando por cada kilovatio hora termosolar producido una tarifa fija entre 417 y 440 euros “garantizada” durante los primeros 25 años. Si a eso añadimos otras primas percibidas en fotovoltaica, garantía de potencia y otros conceptos propios del sistema eléctrico, Abengoa se convirtió en una empresa cuyas finanzas y sostenibilidad estaban protegidas por el Boletín Oficial del Estado.
Sin embargo, Abengoa no supo medir las consecuencias de una vinculación tan estrecha con el BOE y el más que probable “riesgo regulatorio” que existiría a partir de 2010 cuando saltaron todas las alarmas en el sistema eléctrico por el agujero que se estaba creando en términos de desfase entre ingresos y costes del sistema, lo que denominamos “déficit de tarifa”.
Ese año, 2010, se convirtió en el punto de no retorno para el desarrollo de las energías renovables, ya que se convirtió en prioridad para la política económica solucionar el enorme agujero que ascendía a 17.000 millones de euros (en 2011 fue superior a 25.000 millones de euros) cuya principal aportación venía de las primas y tarifas fijadas en la retribución del Régimen Especial. La deuda total de Abengoa, ya a estas alturas, suponía el 120% de su patrimonio, a un coste elevado por el incremento de la prima de riesgo de España y la inseguridad jurídica causada tanto por el Gobierno de entonces como por los Gobiernos sucesivos hasta 2014.
Solucionar el “déficit de tarifa”, desde 2010, es equivalente a decir “recortar las primas a las renovables” y, por tanto, provocar problemas de sostenibilidad que en muchos casos llevan a la quiebra. Según datos de la agencia de rating española Axesor, las quiebras en el sector han aumentado un 140% en 2014, generalmente en empresas muy endeudadas que no han obtenido un resultado positivo en la renegociación de sus deudas con la banca acreedora. En este sentido, los que invirtieron en renovables bajo un régimen de alta rentabilidad y estable para 25 años, ahora se encuentran con un ajuste retroactivo que ha puesto a España en la picota de los Tribunales de Arbitraje.
En el caso de Abengoa, el perjuicio es extraordinario, no sólo en sus cuentas sino en su viabilidad como empresa. A pesar de que un 83% de su cifra de negocios proviene del exterior, en cuatro años los ingresos se han quedado estancados con costes financieros cada vez mayores. La búsqueda de grandes proyectos solares en Estados Unidos ha venido acompañada de más deuda además denominada en dólares, una moneda que se ha apreciado en el último año contra el euro un 18,6%.
Con esta situación en su modelo de negocio, en vez de reconocer su situación y reformar su estructura productiva, Abengoa emprendió una operación de ese bonito eufemismo denominado ‘ingeniería contable’ para ocultar su enorme endeudamiento a través de tres vectores:
a) Emitir bonos denominados “bonos verdes” destinados a financiar proyectos de inversión. Un ‘bono verde’ no es más que un Project bond o papel que una empresa saca al mercado para financiar un proyecto en concreto. Su naturaleza hace que no cuenten con ningún tipo de activo subyacente y se hace a tipos de interés más elevados que en una emisión ordinaria de bonos.
b) Además de emitir estos bonos, Abengoa ha procedido en varias ocasiones a intentar sacar deuda fuera del balance, bajo la fórmula de calificar a determinados pasivos como “deuda sin recurso” o, lo que es lo mismo, que no se utilizará ninguno de los activos de la empresa en caso de que la deuda que se extrae del balance sea impagada.
c) La salida a Bolsa de una filial (denominada Abengoa Yield) en Estados Unidos con todos sus activos americanos (en teoría con activos que generan beneficios estables y predecibles) y, además, con un volumen abultado de deuda que sale del balance de la matriz. Al principio de salir a Bolsa, Abengoa conservó la participación mayoritaria para después ir vendiendo poco a poco y, por tanto, dejando de contabilizar el volumen de deuda de la nueva cotizada en el porcentaje que se vaya vendiendo. A día de hoy, Abengoa ha reducido su participación al 49,05%, con lo cual el 50,95% de la deuda de Abengoa Yield ya ha dejado de contabilizarse.
Con esta jugada, Abengoa consiguió convencer al mercado tras una grave crisis de confianza a principios de noviembre del año pasado. En aquel momento, hizo desaparecer del balance una deuda (y capitalizó los gastos) asociada a un proyecto paralizado en virtud a un pre-acuerdo alcanzado con una compañía (EIG Energy Group) también del sector. Esto hizo saltar todas las alarmas del mercado y en aquel momento consiguió apaciguar la desconfianza hacia la empresa.
Ocho meses después, la situación de Abengoa ya es totalmente insostenible tras la pérdida total de la confianza del mercado y a pesar de que hace pocos meses, la agencia de rating S&P elevara la nota de su deuda. En dos días, las acciones de la compañía cotizada en el IBEX 35 acumulan una caída del 43% tras anunciar lo inevitable: una ampliación de capital por 650 millones de euros que intentará alejar a esta compañía de la quiebra.
La trayectoria de Abengoa, en suma, muestra hasta qué punto aquellas empresas que forjan su negocio bajo el paraguas del Boletín Oficial del Estado, concentran todos los riesgos posibles del mercado. Abengoa sufre riesgo sistemático (7 años de grave crisis que ha hundido los ingresos del sistema eléctrico y la inseguridad jurídica que vive desde 2010), riesgo específico (o riesgo reputacional, siendo una empresa muy apalancada con un Consejo plagado de políticos, familiares de ministros, allegados a Zarzuela y amigos de todo tipo) y, por último, una larga lista de más riesgos de mercado (tipos de interés, tipos de cambio,…).
El sector de las energías renovables es una de esas apuestas globales con las que se persigue un objetivo doble: conseguir energía más eficiente y de paso evitar echar más leña al fuego del calentamiento global. Así, esa potencia que parece pasar por horas...
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Javier Santacruz Cano
Es economista y socio de China Capital.
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