El presidente del Partido Popular Europeo (PPE), el francés Joseph Daul, explicó así en una reciente entrevista en EuroActiv por qué no se expulsa al primer ministro húngaro Viktor Orbán y a su partido del PPE: “Nadie ha pedido nunca que Viktor Orbán sea excluido.  De acuerdo, es el enfant terrible de la familia popular, pero a mí me gusta y siempre encontramos soluciones”.  Más directo imposible: Viktor Orbán, un claro representante del más rancio nacionalismo húngaro y de la extrema derecha europea, le gusta al PPE. A veces es un poco molesto, como ahora, cuando ordena atacar con gases lacrimógenos a hombres, mujeres y niños, perfectamente pacíficos, refugiados a los que la ley internacional ordena proteger, pero al fin y al cabo, es “uno de los nuestros” y no como Alexis Tsipras, al que el propio Daul critica muy duramente en la misma entrevista.

Algún día habrá que estudiar cómo ha sido posible que la democracia cristiana europea, que simbolizaron después de la II Guerra Mundial personalidades como Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi o Robert Schuman, haya devenido en el actual PPE y acoja en sus filas a políticos como Viktor Orbán y partidos como Fidesz, denunciados una y otra vez por demócratas en todo el mundo, como Guy Verhofstadt, el líder liberal en el Parlamento Europeo, que el pasado mes de mayo arremetió en la Cámara, bien enfadado, contra el primer ministro húngaro y sus provocaciones.

Existen argumentos sobrados no ya para expulsar a Fidesz del PPE, en cuyo ideario teórico se habla de protección de los derechos fundamentales incluida la de las minorías, sino para sancionar al Gobierno húngaro dentro de la Unión Europea. El propio Verhofstadt, en un llamamiento formulado en marzo de 2013, pidió que la Comisión Europea activase el artículo 7 del Tratado de la Unión para determinar si existe en Hungría “un claro riesgo de seria ruptura de los valores democráticos europeos”.  Si es así, prosiguió el dirigente liberal, deben suspenderse algunos derechos de Hungría dentro de la Unión, entre ellos el derecho a voto. “Quiero ser muy claro: no creo que en Hungría exista ese riesgo. Creo que ya estamos más allá y que se ha producido una violación persistente y sistemática de esos valores”.

La capacidad de la Unión Europea para sancionar a un país miembro que vulnere los derechos fundamentales se estableció claramente a raíz del caso de Jorg Haider, el líder de extrema derecha austriaco, que formó coalición con los democristianos del Partido Popular. Los catorce estados que entonces eran miembros de la Unión, liderados, tomen nota, por el presidente francés Jacques Chirac y el canciller alemán Gerhard Schröder, aprobaron aislar diplomáticamente a Austria y a su canciller Schussel si Haider era incluido en el Gobierno. Las presiones tuvieron un efecto inmediato porque no solo Haider no entró en el gabinete sino que dimitió como presidente de su partido y porque el ministro de Justicia que pertenecía a la misma formación presentó su renuncia casi inmediatamente.

Quince años después, la Unión Europea de los 28, dirigida, se supone, por Angela Merkel y por el socialista Francois Hollande, es incapaz de controlar la deriva autoritaria y ultraderechista del gobierno húngaro. Y no será por falta de argumentos para intervenir. En los últimos años ha habido denuncias de antisemitismo (el famoso pianista húngaro Andras Schiff, encabezó un terrible manifiesto y el escritor Akos Kertesz solicitó asilo político en Canadá), de homofobia (el director del Teatro Nacional Húngaro, el actor y director más famoso del país, Robert Alfoldi, fue atacado por su pública homosexualidad hasta expulsarle del puesto, que ocupa ahora un reconocido nacionalista).

La Corte Europea de Justicia condenó al gobierno húngaro por su ley sobre libertad religiosa, que permitía claras discriminaciones. La única instancia que controlaba los excesos de Orbán, la Corte Constitucional, vio recortadas sus competencias drásticamente en la nueva Constitución, que ha sido repetidamente denunciada por organismos internacionales por inconsistente con la Convención Europea de Derechos Humanos. Orbán ha propuesto reintroducir la pena de muerte y la creación de “campos de trabajo” para los refugiados e inmigrantes, ha dicho que las democracias liberales no son “competitivas” en el actual mundo y ha colocado alambradas con cuchillas (como España) en cientos de kilómetros de sus fronteras. Ha lanzado a su policía contra los refugiados y ha permitido que se les tratara como animales.

Como casi siempre, el principal argumento de la derecha para sostener al ultraderechista Orbán y a Fidesz es que peor aún es el partido Jobbik, de raíces nazis, al que Orbán controla. De aquella manera, porque Jobbik organiza batidas en el interior del país contra las comunidades gitanas y difunde su propaganda racista y antisemita libremente. Como muy bien escribe el profesor Cass Mudde, especialista en los países del este y del centro de Europa, “Fidesz representaría hoy una amenaza menor a la democracia liberal en Hungría si el Partido Popular Europeo dejara de protegerle”. Fidesz quizás no propone la destrucción directa del sistema democrático, como Jobbik, pero claramente busca deslegitimar y destruir algunos aspectos de ese orden democrático, relacionados con derechos fundamentales del ser humano que se suponía nadie seria ya capaz de retar en la Unión Europea. Y lo hace delante de los ojos impasibles de todos los gobiernos europeos. Jorg Haider debe retorcerse de la risa en su tumba.