Preguntado por la prensa cuando salía del ayuntamiento recién nombrado alcalde, Pedro Santisteve (Zaragoza en Común) anunció cuál sería su primera medida como primer edil: “Vamos a parar los desahucios”. Cientos de seguidores le esperaban fuera para celebrar la victoria de esta plataforma ciudadana, que pese haber obtenido solo nueve concejales de los 31 acababa de llegar al poder gracias a los apoyos de PSOE y CHA. Cien días después, Santisteve puede estar orgulloso de que ninguno de los desahucios de los que el Ayuntamiento ha tenido constancia se han llegado a producir. Y, en su caso, a los afectados se les ha realojado en una vivienda pública. Pero esto no significa que Zaragoza sea una ciudad libre de desalojos --como reconocen los propios responsables municipales a tenor de los datos de los juzgados--, ya que hay afectados que no acuden a los servicios sociales ya sea por desconocimiento, por lo duro que es contar que se está en esa terrible situación o porque, si tienen la opción, prefieren realojarse en pisos de otros familiares o amigos (las razones pueden ser tantas como familias afectadas).

No obstante, Zaragoza tendría un gran problema si todas las víctimas de desahucios --ya sean hipotecarios o por alquiler-- recurrieran a la recién reformada Oficina Antidesahucios. Las 2.200 viviendas públicas que tiene el ayuntamiento están prácticamente al completo y por el momento no se ha puesto en marcha ninguna medida de calado para ampliarlas hasta las 5.000 que prometían en su programa electoral. Santisteve se ha reunido con varios bancos durante estos 100 días (por ejemplo, con Ibercaja) y, aunque los bancos se han mostrado favorables a ceder viviendas, todavía no ha habido ningún acuerdo.

El ayuntamiento también está a la espera de que el Gobierno de Aragón reforme la ley autonómica antidesahucios --no ha habido novedades en este sentido--, pues Podemos defiende regular la expropiación temporal del uso de la vivienda a bancos que van a desalojar a familias en riesgo de exclusión, al igual que hizo Andalucía. Pero la sentencia del Constitucional que declaró nula esta posibilidad genera importantes dudas de que esto pueda hacerse realidad. Otras posibilidades que contemplaba Zaragoza en Común, como la subrogación de hipotecas, están por ahora paradas.

Parte de esta falta de ritmo puede achacarse a la delicada situación de las arcas del ayuntamiento --Zaragoza es una de las ciudades más endeudadas de España, algo que ya se conocía--, a lo que se añade que la auditoría de las cuentas encargada por el nuevo gobierno ha desvelado que el PSOE dejó una deuda oculta de 110 millones. También ha heredado alrededor de 90 millones en sentencias judiciales desfavorables que debe abonar en los próximos años. Esto ha hecho que Santisteve se haya centrado por el momento en poner en marcha una política de gestos sociales a la espera de sacar adelante el presupuesto de 2016. Entonces empezará a definirse hasta dónde va a llegar su prometido programa de rescate ciudadano --que todavía no se ha presentado como tal-- y qué se hará con algunos de los grandes proyectos de la ciudad, como la segunda línea del tranvía.

Uno de estos gestos ha sido ampliar el presupuesto para las ayudas de urgente necesidad en dos millones más, ya que dicha partida estaba agotada. El resto de medidas tienen un importante carácter simbólico, como haber renunciado a los asientos en los palcos --los del estadio de La Romareda y el Teatro Principal--, ya que Santisteve entiende que era un privilegio innecesario y que discriminaba al resto de zaragozanos.

El alcalde se baja el sueldo un 25%

Mención aparte requieren las bajadas de sueldos, que se quedaron más cortas de lo inicialmente pensado para llegar a un acuerdo con todos los grupos políticos. Santisteve se ha bajado su salario hasta 75.000 euros al año, que es un 25% menos de lo que cobraba Juan Alberto Belloch (PSOE), y también ha habido otras reducciones menos importantes en los tenientes de alcalde, portavoces y otros cargos consistoriales. Se calcula que el ahorro es de unos 300.000 euros.

El alcalde, no obstante, de acuerdo con el programa de Zaragoza en Común, solo se lleva a casa 3,5 veces del salario mínimo interprofesional (14 pagas de 2.268 euros al mes), que es lo mismo que cobran realmente los concejales de Zaragoza en Común. La diferencia la invierten en compensar a los concejales que trabajan sin dedicación exclusiva (algo obligatorio tras la reforma local del PP) y a financiar el propio partido.

También ha sido llamativo el descubrimiento de que el ayuntamiento se gastaba unos 40.000 euros al año en alquilar 34 plazas de aparcamiento en un parking privado junto a la plaza del Pilar para que los concejales y otros cargos dejaran allí su coche. Curiosamente, el consistorio tenía 40 plazas en propiedad en un edificio también cercano al ayuntamiento que se encontraban sin uso. Según desveló Público, Santisteve suprimió estos alquileres el 1 de septiembre para empezar a usar las plazas que se tenían en propiedad y no se utilizaban.

Asimismo, Zaragoza en Común ha descubierto que el PSOE aceptó abonar dos millones de euros a la contrata de autobuses, la empresa Auzsa, por los costes que le causóa la compañía despedir a 159 empleados. Estas salidas, luego rectificadas por la presión social y política, se debieron a que el anterior gobierno había recortado el servicio y los puestos se volvieron redundantes. El PSOE acordó indemnizar a la empresa dos días antes de dejar el mando y Zaragoza en Común se niega a pagarlo.

Por otro lado, el ayuntamiento ha explicado que su promesa de remunicipalizar servicios públicos solo se llevará a cabo si los informes constatan que es más rentable que el consistorio ofrezca directamente el servicio en vez de subcontratarlo. En cualquier caso, ZEC no va a romper ninguno de los contratos firmados, sino que irá tomando decisiones conforme estos concluyan. La auténtica prueba de fuego será en 2017, cuando termina uno de los más importantes en términos económicos: la gestión de los parques y jardines, adjudicada a FCC.

El Príncipe Felipe y la subida del IBI

La principal polémica durante estos cien días de Gobierno ha sido el cambio del nombre del pabellón Príncipe Felipe --estadio donde juegan, por ejemplo, el CAI Zaragoza y el CAI Balonmano Aragón-- por el de José Luis Abós, mítico entrenador de baloncesto del CAI Zaragoza que falleció a temprana edad por un cáncer. Esta decisión no contó con el apoyo de ningún grupo político --excepto CHA, que lanzó la propuesta cuando se produjo la defunción de Abós-- y fue portada incluso en medios nacionales porque coincidió con la polémica de la retirada de un busto del Juan Carlos I del Ayuntamiento de Barcelona. PP, PSOE y Ciudadanos han sido muy críticos con esta decisión, al no contar con consenso y verse como una medida electoralista -aunque ZEC la llevaba en su programa. El portavoz del PP, Eloy Suárez, ha llegado a calificar esta actuación como “rancia política comunista de izquierdas con decisiones autoritarias”.

El debate de los últimos días se centra en el impuesto de bienes e inmuebles (IBI), cuyas bonificaciones concluyen el próximo año y que podrían disparar este tributo por el catastrazo del Gobierno central en 2012. Zaragoza en Común ha presentado una propuesta que incluye, dentro de sus competencias, una rebaja lineal de 20 puntos porcentuales, con la particularidad de que la ley estatal no le permite que se haga de forma progresiva y el resultado sería que el impuesto subiría un 6% para los inmuebles con valor más bajo y, paradójicamente, bajaría otro tanto para los más valorados. Esta sería una medida difícil de explicar para su electorado y, además, la oposición está pidiendo una rebaja mayor para que esto no ocurra. Sin embargo, ello conllevaría una pérdida de ingresos para el ayuntamiento, con unas cuentas que están más que ajustadas.

En cualquier caso, este será uno de los principales puntos de fricción en la negociación de los presupuestos para 2016. ZEC necesitará el apoyo de CHA y el PSOE --que se niega a subir cualquier impuesto-- para sacarlos adelante y las conversaciones se prevén por tanto más que arduas, sobre todo teniendo en cuenta que las elecciones general son en tres meses.