El padre de la gran casta empresarial del Partido Popular, el hombre que junto a José María Aznar,  fue el ejecutor de una política de privatizaciones que llevó a su amigo Francisco González a la presidencia de Argentaria y luego a la del BBVA, puso a Miguel Blesa al frente de Cajamadrid y a César Alierta en la cabecera de Telefónica, después del nombramiento fallido de Juan Villalonga, el ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato está a punto de entrar en la cárcel.  Los jueces dirán la última palabra respecto al Código Penal, pero la última palabra respecto al código político y al código ético de un país la tienen los ciudadanos. El 20-D la historia de Rodrigo Rato estará también en las papeletas.

Como a todo el mundo, a Rodrigo Rato le protege la presunción de inocencia hasta tanto no medie una condena firme, pero la instrucción judicial abierta en distintos frentes la está transformando aceleradamente en presunción de culpabilidad. De poco le ha servido que la agencia Efe le prestase una cámara (resto de antiguos privilegios) para negar con escasa convicción  y sin preguntas incómodas todas las acusaciones que le había trasladado horas antes el juez instructor: delito fiscal, blanqueo de capitales y cobro de comisiones ilegítimas. Se trata de un caso nuevo que se suma a su viacrucis judicial por la eventual falsificación de los resultados de Bankia antes de su salida a bolsa (con la inestimable colaboración de la auditora Deloitte) y por el escándalo de las tarjetas black.

Su última comparecencia ante el juez trae causa de unos contratos publicitarios destinados a fortalecer la marca Bankia que le habrían reportado una mordida de 835.000 euros a través de un mediador, Alberto Portuondo, que lleva casi dos meses en la cárcel. Este expediente está residenciado en la sociedad Kradonara, propiedad de Rato, que pese a su carácter fantasmal ha manejado un patrimonio de 6,5 millones en paraísos fiscales y realizado transacciones por valor de 2,7 millones. Según sus palabras, se trata de un patrimonio de origen familiar (¡ay!, las herencias), transparente para Hacienda (no ha concretado si después de acogerse a la amnistía fiscal), y de unas operaciones en divisas igualmente declaradas. Y por lo que respecta a la comisión por los contratos de publicidad asegura que ese pago obedece a trabajos profesionales fehacientemente documentados y que nada tuvo que ver en la adjudicación de los mismos.

El principal problema de Rato para sostener su presunción de inocencia es que numerosos testigos contradicen su versión. Alberto Portuondo, único encausado que permanece en prisión, actuaba como una suerte de agente doble de las empresas publicitarias y del banco. De aquellas cobró dos millones de euros por los que habría pagado a Rato un suculenta comisión del 40%. La directora de comunicación del banco ha declarado que el presidente de la entidad intervenía en la contratación de las agencias de publicidad a través de su secretaria personal, a la que nombró coordinadora de la presidencia y que bajo esta condición participaba  en los correspondientes comités. Lucía Méndez ha descrito en El Mundo cómo Rato convirtió a su secretaria de toda la vida en testaferro para las operaciones más opacas con el argumento imbatible de “Teresa, ¿no te vas a fiar de mí?”

Este último episodio judicial destapa algunas de las vergüenzas del capitalismo de amiguetes que el PSOE practicó en los 80 y que el PP explotó hasta sus últimas consecuencias desde la llegada de Aznar al poder en 1996. Rato, perdedor de la batalla sucesoria en el liderazgo del PP y más tarde director del FMI (la poltrona más alta ocupada nunca por un político español), consiguió al fin en enero de 2010 ingresar en el club de los presidentes del IBEX con el apoyo de Mariano Rajoy.

En esas fechas ya había empezado a rasgarse el velo de la impunidad tras la apertura del sumario Palma Arena con el ex ministro Jaume Matas como protagonista estrella y las primeras investigaciones del caso Gürtel, que entre otros alcanzaron al entonces senador Luis Bárcenas. Pero muchos seguían creyendo, Rato entre ellos, que aún había suficiente protección política para hacer negocios sin demasiados escrúpulos. Nadie se acordaba ya de la cínica proclamación que había hecho Aznar en 1993 de que “el PP es incompatible con la corrupción”.  Por aquel entonces “Luis el cabrón” ya consignaba en sus papeles las comisiones que pagaban los contratistas de obras y servicios. Con lo que nadie contaba es con que “el mejor ministro de Economía de la democracia” (Aznar dixit) causara al frente de Bankia la mayor bancarrota de nuestra historia, que ha costado hasta ahora más de 24.000 millones a los españoles.

Gürtel, Púnica, Bárcenas, Rato ocuparán el año próximo una parte sustantiva de la agenda judicial. El PP busca desesperadamente jueces amigos que le protejan de este alud de inmundicia que se les viene encima, pero los electores tienen el próximo 20 de diciembre la última palabra para evitar que un partido corrupto hasta sus raíces siga gobernando España. No nos lo merecemos.