El 2 de agosto de 2012, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció una noticia bomba. “Una de las mayores investigaciones que se han realizado hasta el momento contra Al Qaeda a nivel internacional”, según dijo en rueda de prensa, acababa de tener lugar en España gracias a la ayuda de “servicios de inteligencia amigos”. Los tres detenidos tenían explosivos “suficientes para destrozar un autobús”, afirmó. Sin embargo, la Audiencia Nacional los dejó en libertad nueve meses después y archivó la causa sobre terrorismo por falta de pruebas. Hace diez meses, un juez de La Línea de la Concepción acabó archivando también la causa por tenencia de explosivos, a petición del fiscal. La única bomba era la noticia.

El ministro del Interior, que compareció el 21 de octubre ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para, entre otras cosas, exponer el relato gubernamental de la lucha contra el terrorismo islamista, según el ministerio, presentó aquella operación como modelo de colaboración con otros países, y en particular Estados Unidos. Pero la llamada Operación Plomo es también el mejor patrón de la llamada lucha preventiva contra el yihadismo desarrollada en España después de los atentados del 11M. Operaciones espectaculares anunciadas a bombo y platillo que acaban siendo desmentidas por los hechos. El 90% de los alrededor de 500 detenidos por terrorismo islamista en la década posterior a los atentados de Atocha eran inocentes, según datos recabados por el Instituto Elcano.

“Nosotros hemos pedido muchas veces ver el explosivo, pero nadie lo ha visto: ni los jueces ni nosotros”, dice Cengiz Yalcin, el ciudadano turco al que la policía acusó, sin pruebas, de formar parte de aquel supuesto comando de Al Qaeda que en 2012 estaba listo para atentar con aviones teledirigidos en España. Después de salir de la cárcel, los otros dos detenidos en aquella operación, dos ciudadanos chechenos que pidieron asilo en España, fueron deportados a Rusia y desde entonces están desaparecidos, según cuenta Yalcin. Él, ingeniero de profesión, volvió a su casa de La Línea, donde vive sin permiso de trabajo ni residencia, en un limbo jurídico a la espera de que le devuelvan sus pertenencias y los 30.000 euros de fianza que depositó su mujer después de hipotecar su casa. Sólo le han devuelto el pasaporte.

El relato preventivo, sin embargo, no empalidece por tozudos que sean los hechos. Tampoco el del gobierno de EEUU, que ha respaldado expresamente la comparecencia de Fernández Díaz ante el Consejo de Seguridad de la ONU con la intervención de su embajadora, Samantha Power. El 20 de marzo de 2013, una representante de la fiscalía de Nueva York y un agente del FBI adscrito a la embajada americana en Madrid, según documentos del caso, participaron en el último interrogatorio de la causa, solicitado por el propio gobierno estadounidense. Tras la comparecencia, el fiscal pidió la libertad de los tres detenidos, y días después el juez Ruz archivó la causa. A finales de ese año, la embajada americana en Madrid seguía celebrando en una nota informativa la operación como un éxito que habría frustrado “el plan de Al Qaeda de utilizar aviones por control remoto para entregar explosivos en España y Europa”.

Justicia secreta

El enfoque preventivo en la lucha judicial contra el terrorismo fue reivindicado oficialmente por el entonces fiscal general adjunto de Estados Unidos, Paul McNulty, en 2006, según un informe de la Universidad de Columbia y Human Rights Watch (HRW). En teoría, consiste en actuar antes de que los atentados lleguen a cometerse. España ha importado ese modelo con entusiasmo, reivindicándolo en privado, a pesar de su difícil encaje en nuestro ordenamiento jurídico, lo que explica en parte el alto número de causas archivadas y absoluciones. Entre los cables diplomáticos desvelados por Wikileaks en diciembre de 2010, hay cuatro referidos a la “justicia preventiva”, emitidos por la embajada americana en Madrid, que citan conversaciones sobre el asunto con altos funcionarios españoles, entre ellos el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.

En la práctica, la experiencia española muestra que el primer fundamento de la lucha preventiva es el secreto. El historial incluye supuestas confesiones obtenidas en cárceles secretas que, como en el caso de la Operación Plomo, nunca se incorporan a la causa; testigos protegidos que se presentan como terroristas arrepentidos pero que resultan ser informantes encubiertos de los servicios secretos españoles o internacionales, como en el caso del atentado fantasma del metro de Barcelona de 2008 en el que fueron condenados los 11 del Raval; o directamente montajes policiales que los tribunales acaban descartando. (El uso de informantes que participan como agentes provocadores en el desarrollo de la trama es legal en Estados Unidos –no así en España— y aparece en un 30% de los casos de terrorismo instruidos en suelo americano, según el citado informe de HRW.) El ministerio del Interior actual, y los responsables socialistas anteriores, siempre han declinado comentar estas informaciones.

El supuesto artefacto que, según el ministro Fernández Díaz, habría sido suficiente para destrozar un autobús, no ha servido siquiera para que el fiscal y el juez de La Línea sostengan la acusación por tenencia de explosivos. Según una descripción forense que consta en el auto, se trataba de un tarro de cristal con una tapadera de plástico y una mecha de “feria”, que habría aparecido bajo la cabecera de la cama de Cengiz Yalcin, en su casa de La Línea de la Concepción. Los análisis científicos no encontraron restos de explosivo en el domicilio, y los metadatos de la imagen policial reflejan que el artefacto fue fotografiado dos horas antes que el resto de la secuencia del registro, según adelantó Infolibre.

Cuando fue detenido, Yalcin llevaba siete años trabajando como ingeniero en una multinacional británica en Gibraltar. Hoy está en paro, y él, su mujer y sus dos hijos pequeños viven con lo que ella gana trabajando a media jornada. Yalcin recuerda que el hermano de uno de los dos chechenos deportados a Rusia en la primavera de 2013 fue a recibirlos al aeropuerto de Moscú, y acabó él mismo encarcelado durante quince días y puesto en libertad sin cargos, pero nunca llegó a verlos. Desde entonces, ni él ni nadie de su familia han vuelto a saber nada de los dos deportados, asegura el ciudadano turco.