Contratado por el Gobierno de Noruega, el español Enrique Santiago (Madrid, 1964) es asesor jurídico de las FARC en el proceso de paz colombiano que se negocia en La Habana. Además, fue uno de los seis juristas que redactaron el primer acuerdo sobre justicia que salvó en septiembre unas negociaciones difíciles y complejas. Casos extremos que parecen acompañar la carrera de este histórico militante del PCE desde que formó parte del equipo jurídico de la acusación popular contra el dictador chileno Augusto Pinochet y ocupó la secretaría general del Comité español de ayuda al refugiado (CEAR). Pero lo de ahora está en otra escala. Santiago reconoce que la trascendencia de lo que está en juego es tan alta que varios países extranjeros decidieron enviar observadores. EE.UU., como primer inversor en Colombia, mandó una nutrida representación. No es el caso de España. La ausencia de la diplomacia española ha sorprendido al resto de delegaciones, sobre todo al tratarse del segundo país con mayor presencia empresarial en suelo colombiano. Santiago coincide con los noruegos al considerar que ese desinterés responde a la “negación del diálogo” que aplica el Gobierno de Rajoy para solucionar conflictos.

La Corte Penal Internacional (CPI) recomienda aplicar un modelo de justicia integral para abordar las negociaciones de paz. Eso es lo que se está haciendo por primera vez en el conflicto colombiano. ¿Qué significa exactamente?

Que se crearán tribunales especiales que velarán para que no haya espacios de impunidad. Desde la entrada en vigor de la CPI en 2002, 24 países y 50 organizaciones guerrilleras solventaron las negociaciones de paz sin sistemas de justicia, con amplias amnistías y con medidas de reincorporación a la vida civiI de los combatientes. Durante los años posteriores se dictaron ocho órdenes internacionales de captura contra guerrilleros, incumpliéndose así los acuerdos firmados, lo que provocó que volvieran a la lucha armada. Eso es lo que se está tratando de evitar en Colombia. 

¿Hay riesgo de que algunos casos queden impunes?

La CPI tiene sobre la mesa informes bien documentados sobre la impunidad en la que viven muchos paramilitares colombianos.

La CPI tiene s informes bien documentados sobre la impunidad en la que viven muchos paramilitares colombianos.

También las FARC deberán encarar crímenes ominosos, algunos de lesa humanidad.

Pueden haber cometido crímenes de guerra pero no de lesa humanidad. Para que se contemple este supuesto debe haber existido una persecución sistemática contra colectivos de la sociedad civil y, salvo que lo demuestren, las FARC nunca pusieron en práctica esa estrategia. 

Bombardearon aldeas y secuestraron civiles.  

Pudieron no aplicar correctamente el principio de distinción entre objetivos militares y civiles. O realizaron retenciones que rayaban la toma de rehenes. Pero eso son crímenes de guerra.

Un conflicto armado tan antiguo y sangriento como el colombiano, donde todas las partes han cometido atrocidades espeluznantes, abordado desde la justicia integral de la que habla, ¿no corre el riesgo de minimizar la reparación de muchas víctimas? 

Estamos trabajando sobre la base de lo que llamamos “Justicia prospectiva”, es decir, proteger a las generaciones futuras de las infracciones cometidas en el pasado y evitar que el rencor perdure en el tiempo. Es el primer paso. Esto nos obliga a buscar una vía urgente para cerrar definitivamente un conflicto que comenzó hace 60 años, exigiendo responsabilidades jurídicas y profundizando en la reconciliación para que, en la medida de lo posible, las causas del enfrentamiento vayan desapareciendo y no se hipoteque el desarrollo de las futuras generaciones.

¿Y las condenas?

En todo final de un conflicto armado, la justicia que se aplica es reparadora y restaurativa. Para los ricos, aplicar la justicia significa 30 años de prisión para los asesinos, algo que para los pobres no tiene excesivo valor si no les devuelven las propiedades que les arrebataron al perpetrar el delito. Este es el modelo en el que estamos trabajando en Colombia. 

¿Negocian cambios políticos?

En absoluto. Aquí no se trata eso. Quien quiera promover un cambio político o aspire a transformar la sociedad deberá plantearlo mediante la confrontación exclusivamente política cuando concluya el proceso de paz.

Colombia tiene un ejército con 500.000 efectivos, casi la mitad del de EE.UU. y casi el doble del de Brasil.

Una de las mayores críticas es que el Gobierno de Juan Manuel Santos está cediendo a las demandas de las FARC.

Es falso. Sólo hace falta leer el acuerdo de reforma agraria alcanzado para verificar que es menos avanzado que el programa agrario propuesto por el Partido Liberal de Colombia en 1940. Es algo tan básico como que se limita a garantizar la propiedad privada de la tierra para todos. También para los pobres, claro. Lo normal en cualquier país democrático y de derecho.

Entonces, ¿por qué hay recelos?

Porque la propiedad de la tierra es un gran negocio en Colombia. Las grandes fortunas terratenientes y ganaderas se conformaron gracias a la guerra, el paramilitarismo y el desplazamiento forzado de campesinos. Estos tres factores son los elementos que han articulado Colombia desde que alcanzó su independencia. 

Colombia tiene una geografía compleja que dificulta el control del Estado.

Sí, por eso tiene un ejército con 500.000 efectivos, casi la mitad del de EE.UU. y casi el doble del de Brasil, un país con una población cinco veces mayor y cuatro veces más de territorio. La guerra ha sido un inmenso negocio en Colombia desde todos los puntos de vista. 

¿Cómo valoran la actitud del Gobierno de Santos para llegar a acuerdos?

Su deseo de alcanzar la paz es indiscutible pero tienen problemas. El más importante es que su delegación no es homogénea ni monolítica. Tiene visiones diferentes sobre cuestiones clave y así es difícil avanzar.

¿Por ejemplo?

No está representada la oligarquía rural, uno de los sectores fundamentales en el conflicto. 

Pero están los militares, los partidos políticos y el empresariado industrial. Con Álvaro Uribe habría sido imposible.

No lo creo. 

¿Cree que con Uribe en la presidencia de Colombia se habría iniciado un proceso de paz?

Sí. Ahora es hostil al proceso pero terminará sumándose porque un acuerdo le puede resultar hasta beneficioso, tal y como tiene el expediente judicial. Y también porque nadie que aspira, como es su caso, a ser líder de opinión mayoritario puede autoexcluirse de un proceso de paz imparable. Su entrada es cuestión de tiempo.

España está teniendo un nulo protagonismo en el actual proceso. La diplomacia española ha desaparecido.

España apoyó la decisión del Gobierno colombiano de negociar con las FARC pero no muestra flexibilidad en la extinción de ETA. ¿Cómo entiende esta diferencia de comportamiento? 

España está teniendo un nulo protagonismo en el actual proceso. La diplomacia española ha desaparecido. No han mandado ni un solo observador a La Habana ni tiene intención de hacerlo. Uno de los representantes de Noruega, que actúa de mediadora junto a Cuba, comentó que un diplomático español les preguntó una vez en Oslo cómo iban las negociaciones. No han tenido más noticias del Gobierno de Rajoy.

Pero España siempre ha tenido un papel destacado como mediador en el conflicto colombiano.

A diferencia de los tres intentos anteriores por alcanzar la paz donde la diplomacia española tuvo una actuación destacada, en esta ocasión el Gobierno se ha desentendido por completo.

¿Cómo explican los mediadores ese aparente desinterés, siendo España uno de los países con más empresas operando en Colombia?

La delegación noruega y algún observador extranjero presente en las negociaciones han mostrado su sorpresa por el desinterés español hacia un asunto crucial para la estabilidad regional. La conclusión a la que han llegado es que España ha tomado la decisión de dar la espalda a la resolución negociada de los conflictos. Y eso es muy grave porque significa reducir los problemas al ámbito de la seguridad y del orden público.