Si por algo será recordada esta última legislatura es por los recortes en aspectos tan esenciales como la educación. El gobierno popular más longevo de España, el de Castilla y León, ha recortado durante el periodo 2009-2013 en 900 millones de euros el presupuesto educativo de la comunidad (un 20% del total). Se han reducido en un 87% las partidas destinadas a la construcción y mejora de centros educativos; el profesorado ha perdido un 5% de sus efectivos; la dotación de becas y ayudas al estudio ha bajado de 20 a 6 millones; y se han eliminado todas las partidas destinadas a la formación del profesorado.

A ese panorama desolador se suma la precariedad de los nuevos contratos, según cuentan en la Plataforma por la Escuela Pública, Laica y Gratuita de Segovia: “Antes contrataban a media jornada, ahora solo por 4 o 6 horas. Si te mandan desplazarte desde Segovia a León para dar una hora de clase cada día, tienes que ir porque si no te echan de las listas. Gastas más dinero en ir a trabajar que lo que cobras”, explica Elisa Calatrava, dirigente de la plataforma.

El deterioro de la situación en el sector público contrasta con la bonanza que viven las escuelas concertadas. Los datos son elocuentes: en el peor año de recortes, el curso 2012-2013 empezaba con 105 profesores menos en la pública, mientras la concertada sumaba trece nuevos. En un mismo barrio de Segovia, el colegio público Eresma se ha visto obligado a despedir trabajadores avanzando, o mejor dicho retrocediendo, a una línea (un aula por curso), mientras el concertado Claret (fundado por Misioneros Claretianos) avanza a cuatro líneas. La asignación del alumnado y, por tanto, de otorgar las líneas correspondientes a cada centro depende de la Junta de Castilla y León.

Pero no todo son malas noticias. La baja densidad de población de Castilla y León (26,74 hab/km2, solo superada en unas décimas por Castilla-La Mancha), se manifiesta en el sector educativo por la alta incidencia de las escuelas rurales o Centros Rurales Agrupados (CRA). Hoy se mantienen en pie 189 escuelas de este tipo, más del doble que en otras comunidades como Aragón o Castilla-La Mancha (con 75 centros rurales, ocupan la segunda y tercera plaza).

La llegada de la democracia, con la primera Ley General de Educación (LGE), supuso la decadencia de la escuela de un solo maestro. El 75% del total de colegios del territorio nacional seguían ese modelo; en Castilla y León el número era todavía mayor: el 85% (5.600 escuelas). La Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza de Castilla y León (STECyL) defiende desde su congreso fundacional de 1979 la pervivencia de la Escuela Rural: "Se nos tachaba de utópicos, y sin embargo hoy ya no se cierran escuelas", comentan. "Combatimos la política de supresiones, concentraciones y escuelas nacionales que impuso la LGE. Conseguimos que, frente al desplazamiento del alumnado, se optara por el desplazamiento del profesorado”.

Heredera de aquella lucha de la federación, la Plataforma por la Escuela Pública, Laica y Gratuita de Segovia considera fundamental la protección especial que se ha dado a esta particularidad de la región: “Tenemos escuelas rurales sobreviviendo con cinco niños, y eso es excepcional en Europa. Están sirviendo para innovar y trabajar de otras formas bajo las llamadas comunidades de aprendizaje. Las escuelas se hacen más participativas a los padres, se habla de inteligencias múltiples, de la importancia de lo emocional y se trabaja por proyectos”.

Lo cierto es que seis décadas y siete leyes orgánicas después, el modelo educativo del mundo rural es uno de los más innovadores. Fueron los profesores de los movimientos de renovación pedagógica quienes iniciaron en los años setenta la puesta en marcha de modelos alternativos de organización de centros que dieron origen a los actuales Colegios Rurales Agrupados. Es el caso del colegio La Pradera de Valsaín. Abocado al cierre en el año 2011, este centro situado en el paraje natural del Valle de Valsaín (donde se reúne asiduamente la cúpula de Podemos) corría el riesgo de verse absorbido por el Real Sitio de La Granja. Decidieron cambiar de modelo educativo pasando a trabajar como comunidad de aprendizaje y lograron revertir la situación. Ahora son los niños del Real Sitio y de Segovia los que se desplazan a La Pradera. En cuatro años han pasado de contar con 27 alumnos a 80, repartidos entre Infantil y Primaria, y en su primer año como comunidad de aprendizaje obtuvieron el Premio Nacional a la Mejora del Éxito Educativo.

“Funcionamos con grupos interactivos, no divididos en alumnos buenos y malos; todos trabajan juntos y se ayudan los unos a los otros", comenta un profesor del centro. Otra medida novedosa son las tertulias literarias: a raíz de una lectura los alumnos debaten las ideas principales que extraigan del texto. Los padres son más partícipes de la vida del colegio formando comisiones donde eligen las excursiones fuera del aula.

Estos éxitos no están ausentes de una ardua lucha. En el último año, una de las mayores reivindicaciones por parte de la Plataforma ha sido la desprivatización de los comedores escolares. Su gestión en manos privadas han provocado la aparición de gusanos en la sopa de varios comedores de la provincia, alimentos en mal estado por problemas de refrigeración o incluso una tuerca en el plato de un niño. La Plataforma por la Escuela Pública aspirar a paliar la falta de personal administrativo y a generalizar el modelo CRA más allá de la enseñanza obligatoria: “En la zona de la Sierra de Guadarrama, los niños de los pueblos acaban la obligatoria y tienen que irse a hacer el bachillerato a Segovia", comenta Pilar Pecharromán.

La vida rural está viviendo una especie de boom en la provincia de Segovia. La capital es la cuarta poblada de España, en parte debido al desorbitado precio de la vivienda. Muchas parejas jóvenes se instalan en núcleos rurales, a diez o quince minutos de la capital; son los mismos pueblos que en los años sesenta vieron emigrar a sus jóvenes.