Ésta es una historia dramática, de insomnio permanente, de estar siempre pendiente del teléfono, de ajustes de cuentas (en sentido matemático y literal). Es una historia de supervivencia, aunque en realidad podrían ser 3.149.472 historias, una por cada trabajador inscrito en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos), según datos de la Seguridad Social correspondientes a enero.

Autónomos, trabajadores por cuenta propia, con sus cinco plagas bíblicas. A saber: acceso a la financiación, economía sumergida, competencia desleal, elevadas cargas tributarias y… la morosidad (tanto pública como privada), todas ellas responsables de que el RETA haya perdido en un mes 18.572 autónomos, casi la mitad de todos los nuevos autónomos de 2015.

La morosidad pública (de comunidades autónomas y corporaciones locales) es la gran pesadilla del autónomo, la principal responsable de sus desvelos, y ha crecido más de un 38% desde el pasado mayo, cuando se celebraron las elecciones municipales y autonómicas. Ese mes, el importe de las facturas públicas ascendía 10.600 millones. Hoy es de 14.700 millones (que se dividen entre autonomías --12.800-- y entes locales --1.900--), según recoge el Observatorio del Trabajo Autónomo de ATA de enero.

Y no sólo se ha incrementado la deuda, sino que también lo ha hecho el periodo medio de pago, pasando de 83 a 86 días desde mayo, cifra que triplica el periodo máximo de 30 días que recoge la Ley de Morosidad (en el caso de deuda en el sector privado, la cifra es de 60 días); aunque las cifras difieren según la parte interesada: el último dato de Hacienda relativo al plazo medio de pago de las autonomías en noviembre era de 61,62 días (superando los 30 días de plazo, en cualquier caso); frente a las cifras que maneja ATA, que sitúan los periodos medios de pago de la Administración Autonómica en 101 días (los entes locales en 71 días; y la Administración Central en unos ‘moderados’ 44 días).

¿A qué se debe este desfase? El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, explica que el informe de su organización se realiza utilizando como referencia desde la fecha de emisión de la factura o la entrega de la mercadería hasta su pago efectivo, mientras que Hacienda y las Administraciones Públicas lo hacen desde la convalidación de la factura por parte de la Administración competente hasta el abono de la cantidad.

Diferente concepto del tiempo

“Esto da un margen de entre 30 y 45 días, que es lo que se tarda en convalidar las facturas por parte de las Administraciones”, recalca el presidente de la Federación de Autónomos ATA, Lorenzo Amor.

Pere Brachfield, profesor del Área de MBA de EAE Business School, socio director de la Consultora Brachfield & Morosólogos Asociados y creador de la 'Morosología' (disciplina de las Ciencias Empresariales encargada de estudiar e investigar la morosidad, el comportamiento de los morosos y buscar fórmulas para combatirla), recuerda que el plazo medio de pago difundido por Hacienda no incluye el periodo establecido de 30 días.

Por lo tanto, para conocer el periodo medio de demora de una Administración pública hay que sumar 30 días adicionales al plazo de pago hecho público. De esta forma, los 61,62 días de espera se transforman en unos 90, más cerca de las cifras que manejan las asociaciones de autónomos.   

El diagnóstico, en cualquier caso, es demoledor para el colectivo de trabajadores por cuenta propia. Amor no se atreve a dar cifras, pero reconoce que nuevamente se dan casos de empresas que han tenido que cerrar a causa del impago por parte de las Administraciones.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) sí da una cifra aproximada, y calcula que la morosidad es la responsable directa del cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis.

UPTA calcula que la morosidad es la responsable directa del cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis

Pero el sector privado tampoco es buen pagador. Los últimos datos de ATA cifran el periodo de pago entre empresas en 84 días, uno menos con respecto a datos de septiembre de 2015. El secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Sebastián Reyna, lo dice sin tapujos: “Las Administraciones pagan mal a las empresas contratistas medias y grandes, pero éstas pagan aún peor a los autónomos y pymes subcontratados. Sufrimos una cadena de morosidad indeseable”.

“Las cifras revelan que la Administración vuelve a las andadas”, recalca el máximo dirigente de ATA, que recuerda que el informe de morosidad de enero sitúa Extremadura, Murcia, Aragón y Baleares como las autonomías más olvidadizas a la hora de pagar la cuenta, con periodos de pago que oscilan entre 124 y 165 días de media.

El presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE), Juan Merino, apunta que el retraso de los pagos “puede ser debido a una lamentable combinación” entre la tradicional dejadez histórica por parte de la Administración y al exceso de deuda acumulada.

Unanimidad plena entre las asociaciones de autónomos, de jóvenes empresarios y expertos: la ley no se está cumpliendo. Sin tapujos, el presidente de la Federación de Organizaciones de Profesionales, Autónomos y Emprendedores (OPA), Camilo Abiétar, sentencia que la Ley de Morosidad (que transpone una directiva comunitaria) “está siendo un rotundo fracaso”.  

La prueba con la que Abiétar sustenta sus palabras es que las cifras que maneja está organización sitúan la morosidad de las Comunidades Autónomas --a finales de 2015-- con sus proveedores en más de 60 días, llegando en algunos casos a triplicarse los 30 días estipulados en la Ley.

La pregunta siguiente es, de algún modo, obvia: ¿los nuevos gobiernos municipales y autonómicos que salieron de las urnas en mayo están haciendo el viejo truco del ‘luego ya si eso’ con las facturas pendientes?

“Aún es pronto para sacar conclusiones, pues esos gobiernos llevan poco tiempo en el poder”, explica Abiétar, quien puntualiza que también “habría que analizar la deuda” contraída por cada ayuntamiento o cada comunidad autónoma; “Aunque es un hecho constatable que son muy pocas las instituciones públicas que pagan a sus proveedores dentro de los 30 días que establece la ley”, subraya.

Amor es menos diplomático al afirmar que “da la sensación de que algunos gobiernos no han pagado una factura desde que llegaron al poder”. Merino también apunta que el cambio de gobierno en muchas comunidades autónomas ha generado que se incremente el tiempo en los plazos de pago; y recalca que “es lamentable que las empresas sigan cerrando o teniendo que despedir a sus empleados debido a la morosidad pública”. UPTA no ha notado un comportamiento diferente al que se venía arrastrando en años anteriores.

¿Qué salidas tiene un proveedor al que la Administración le adeuda una factura y cuyo plazo de abono ha sido doblado o incluso triplicado con respecto a lo que establece la ley? Prácticamente sólo puede sentarse a esperar y rezar, ya que la Ley de Morosidad no tiene desarrollado un régimen sancionador como tal, más allá del pago de los intereses de demora.

Pero hay truco. Al igual que la banca, la Administración siempre gana porque, como recuerda el profesor Brachfield,  no está obligada a pagarlos de oficio, sino que es el acreedor el que debe pelear por ellos vía administrativa.

Al igual que la banca, la Administración siempre gana porque no está obligada a pagarlos de oficio, sino que es el acreedor el que debe pelear por ellos vía administrativa.

No es muy difícil imaginar cual es la consecuencia pero, por si acaso, el fundador de la 'Morosología' reconoce que “son pocos los contratistas y proveedores de la Administración que se atreven”. Abiétar habla directamente de miedo, de que existe “cierto temor a denunciar” a las administraciones públicas morosas “por miedo a que éstas tomen represalias”. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) calcula que el 83% de las empresas evita acudir a la justicia para reclamar deudas.

La morosidad de nuestra Administración es otro de los motivos por los cuales España cuenta con muchos admiradores en Bruselas. Hace unos días se conoció que la Comisión Europea ha suspendido hasta mediados de año el procedimiento de infracción iniciado por el incumplimiento de la normativa, como consecuencia de una demanda interpuesta por la PMcM, que representa a más de 1,5 millones de proveedores.

Lo cierto es que Bruselas tiene motivos más que sobrados para amenazarnos con posibles sanciones: según datos del Informe Europeo de Pagos por sectores de 2015 –elaborado por la consultora internacional Intrum Justitia--, la media de los plazos de pago (acordado+retrasos) en España se establece en 73 días frente a los 30 de Europa. Por tipo de pagador, las administraciones públicas continúan siendo las que más retrasos acumulan; con una media de 103 días.

El mismo informe, que evalúa el comportamiento de pago de empresas de 29 países europeos, recoge en sus conclusiones que el 11% de las empresas españolas considera que no podrá contratar nuevos empleados por la morosidad; y, lo que es aún más preocupante: casi el 18% reconocen que contratarían a más empleados si se cumplieran los plazos de pago recogidos en la ley.

La lectura de Brachfield de los resultados de la directiva europea sobre morosidad es esclarecedora, ya que “salta a la vista que (la directiva) no ha cumplido su objetivo de reducir los plazos de pago” de las Administraciones públicas; y las autoridades de la UE son perfectamente conocedoras de esta problemática en España, Grecia e Italia”.

La ¿dejadez? de la Administración autonómica no es la única que quita el sueño a los autónomos. Trabajadores autónomos y pymes se preguntan qué será del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), creado en julio de 2012. Lorenzo Amor, de ATA, reconoce abiertamente su preocupación por el futuro del Fondo de Liquidez “mientras no haya un Gobierno estable”. “Si el FLA no funciona, mal asunto porque la morosidad se incrementará –explica--. La estabilidad puede ayudar”. Reyna recuerda que el FLA ha mutado en “un sistema permanente” que permite que la Agencia Tributaria pueda pagar las facturas vencidas para, posteriormente, compensar el importe en sus relaciones con las Administraciones autonómicas. “Este sistema, de funcionar con agilidad, puede venir a cubrir las funciones del FLA”, recalca. Brachfield cree que el nuevo Ejecutivo debe tomar medidas “más estrictas de control” en los pagos a proveedores de las Administraciones autonómicas y locales, “ya que es el pecado original que genera esta problemática”. ¿Desde cuándo es pecado pagar la cuenta?